El juez del Supremo llama a declarar a García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid: considera apuntalados los indicios delictivos contra ambos

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha acordado citar como investigados, en la causa que sigue por delito de revelación de secretos, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El instructor ha tomado esta decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, en el mismo auto, el magistrado acuerda extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por cuanto entiende, con el carácter provisional propio de la fase de instrucción, que, de manera coordinada con los otros dos investigados, García Ortiz y Rodríguez, se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el art. 417 CP (Código Penal)”.

El fiscal general es citado para el día 29 de enero, la fiscal provincial de Madrid, para el 30 de enero, y para el 5 de febrero, el fiscal Diego Villafañe, todos en concepto de investigados.

El instructor hace un resumen de lo actuado hasta la fecha, tras lo cual destaca, en el caso del fiscal general del Estado, que la UCO, en su informe de 21 de noviembre de 2024, habla de “la participación preeminente del Fiscal General del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”.

“Sin entrar en consideraciones al respecto –añade el instructor--, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.

Añade que “el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21:59 horas, en que Álvaro García Ortiz recibe en su gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23:51, en que se publica en la web de la cadena SER ese correo de 2 de febrero de 2024, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.

“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del Fiscal General del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez”, expone el auto.

El juez indica que es cierto que dos de los testigos que declararon el 9 de enero han mantenido haber tenido conocimiento del correo de 2 de febrero de 2024 con anterioridad a las 21:59 horas del 13 de marzo, pero añade que “se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido, mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado”.

En lo que a la fiscal Pilar Rodríguez Fernández concierne, el instructor indica que “circunstancias como el ponerse a disposición de Álvaro García Ortiz, ser la persona que facilita a Diego Villafañe Díez el expediente de Alberto González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo en elDiario.es, y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello, también son elementos suficientes para mantener su imputación”.

En cuanto a la extensión de la condición de investigado a Diego Villafañe Díez, para quien solicitó tal condición la representación de la acusación particular, el juez indica que cabe presumir “que tiene un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento que, como Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, persona de confianza del Fiscal General del Estado, está en contacto con la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a Alberto González Amador que se filtraría en elDiario.es, el día 12 de marzo”.

El auto destaca que los informes de la UCO han aportado en las diligencias “una información de peso y que, en el momento procesal en que nos encontramos, no podemos ignorar, por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del M.F. en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias”.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado su “absoluta disconformidad y perplejidad” por la imputación del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que califican de “auténtica caza de brujas” y supone “criminalizar” el funcionamiento normal de la institución.

Según la UPF, la citación a declarar de García Ortiz y Rodríguez, así como la investigación del teniente fiscal, Diego Villafañe Díez, es un “ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de derecho”. Manifiestan, a través de un comunicado, su sorpresa por el hecho de que en “esta auténtica caza de brujas se haya contado con la entusiasta participación de una de las asociaciones de fiscales que ejercen la acusación popular”.

Los fiscales progresistas han hecho un “solemne” llamamiento a la carrera fiscal ya que se está atacando al funcionamiento propio de la carrera, y advierten de que “cualquiera de nosotros podemos ser llamados por nuestro jefe a dar cuenta de nuestro trabajo. No se nos puede investigar por dar cuenta de nuestro trabajo”, señalan. ”La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la Justicia democrática, está en verdadero peligro”, advierten.

Esta resolución judicial, “al margen de lo altamente discutible de sus razonamientos, ignora la norma esencial que rige la actuación del Ministerio Fiscal” y supone un ataque directo a la institución y a su funcionamiento interno en aras a la aplicación del principio de jerarquía y unidad de actuación de la carrera. Recuerdan que “una vez más que la actuación de todos las y los fiscales que intervinieron en el asunto fue exclusivamente técnico-jurídica y estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución”.

”Lo que evidencia la resolución judicial no es solo la falta absoluta de indicios de criminalidad contra las personas a las que se dirige sino, además, la existencia de sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”, agregan.