Cuenta atrás para la renovación de Muface: qué pasará con la sanidad de los funcionarios a partir del 27 de enero

El Gobierno ha decidido ampliar el plazo para presentar ofertas a la nueva licitación de Muface. Después del rechazo inicial de DKV, SegurCaixa Adeslas y Asisa al concierto para el próximo bienio, el Ministerio de Función Pública ha elevado al 33,5% el aumento de las primas para el periodo 2025-2027. Las aseguradoras tenían hasta el 15 de enero para dar su respuesta, pero en las primeras semanas del año, tanto Adeslas como DKV han comunicado que no continuarán en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

Adeslas considera que el modelo Muface es “económicamente insostenible” después de años en déficit. Pese a que la nueva oferta del Gobierno se acercaba a las peticiones iniciales del sector privado (que solicitaban un incremento del 40% de las primas), Adeslas ha considerado que mantenerse en el concierto comprometería “la solvencia y el futuro” de la aseguradora.

En la misma línea se expresó DKV el pasado jueves 9 de enero. “Por primera vez desde la creación de las mutualidades, la compañía no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales”, decía en un comunicado, en el que calculaba unas pérdidas “de entre 70 y 100 millones de euros” en el último concierto.

Por todo ello, el Ministerio de la Función Pública ha retrasado hasta el 27 de enero a las 10:00 horas la nueva fecha límite para adherirse al concierto 2025-2027. Este cambio otorga 12 días adicionales para negociar con las aseguradoras y asegurar la viabilidad del programa sanitario dirigido a funcionarios.

El objetivo es, por un lado, atraer a nuevas compañías interesadas en ofrecer sus servicios a los funcionarios del Estado y, por otro, retomar conversaciones con Adeslas y DKV, cuyas salidas han generado gran incertidumbre. Asimismo, se buscará asegurar la participación de Asisa, la única de las tres aseguradoras originales que no ha descartado oficialmente su continuidad en la mutualidad.

Sobre este punto, el medio recoge que la directiva de Asisa “baraja todos los escenarios posibles, tanto el abandono como la presentación en solitario a la licitación”. Pero existen dudas de cómo afrontará la compañía el aumento de los mutualistas en sus servicios.

Hasta ahora, Adeslas se hacía cargo de 508.703 titulares y beneficiarios y DKV cubría la sanidad de 199.619 personas, frente a las 363.946 personas que recibían su cobertura sanitaria por parte de Asisa, según los datos de Muface de 2023. Al desaparecer las otras dos aseguradoras, Asisa tendría que hacer frente a un aumento del 41% de los mutualistas dentro de sus servicios, sin tener en cuenta posibles trasvases de la atención privada a la atención pública, o viceversa.

En los últimos años, son cada vez más funcionarios los que deciden quedarse en la Seguridad Social pese a poder optar por una sanidad privada. Así, en 2010, el 82,9% de los trabajadores públicos se decantaba por la concertada, frente al 17,1% que se quedaba en la pública. Ahora, el porcentaje de mutualistas y beneficiarios que elige a las aseguradoras ha caído al 70,3% y los que optan por la opción pública ya son un 29,7%.

Desde CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), no confían en que el modelo pueda persistir solo con Asisa. “Muface no puede salir adelante con una sola aseguradora”, han advertido en declaraciones a los medios tras la marcha de Adeslas, que aglutinaba la mayor parte del cuerpo funcionarial. Durante todo el proceso, la organización sindical de los funcionarios ha defendido la necesidad de que continúe la mutualidad y ha amenazado con convocar una huelga en la función pública de no conseguirse.

No obstante, el sindicato UGT adopta una postura más optimista frente a la oportunidad de incluir nuevas aseguradoras al proceso. Según han admitido fuentes de la organización a Redacción Médica, tienen “esperanza” en lograr una solución favorable.

Las dudas sobre la continuidad de Muface se mantienen. De momento, el Gobierno ha ordenado una prórroga de tres meses del concierto actual, que garantizaría la asistencia sanitaria de aquellos funcionarios que optaron por la atención concertada. El Ministerio de Función Pública insiste en la continuidad del proceso, pero en caso de que no se produzca, el Ministerio de Sanidad ha propuesto un plan para incorporar a los mutualistas que quedasen desprotegidos.

De los cerca de 1,5 millones de beneficiaros de Muface, 1.007.322 han escogido recibir asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas. En términos globales, significa que la población atendida por la sanidad pública crecería un 2,12%. El objetivo de Sanidad, en caso de ser necesario, sería incorporarlos de forma paulatina, aprovechando la prórroga del contrato de Muface.

Este plan incluiría medidas específicas para que los mutualistas puedan recibir atención en los hospitales públicos sin necesidad de pasar por una primera consulta, lo que evitaría interrupciones en sus tratamientos. Además, se contempla la creación de un sistema de transferencia de información clínica que permita evitar la duplicidad de pruebas médicas y garantice la continuidad de la asistencia sanitaria.

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, el Gobierno se compromete a mantener una política de “lista de espera quirúrgica cero” durante los primeros cuatro meses de la prórroga. Esto significa que las intervenciones indicadas por las aseguradoras privadas se realizarían en el sistema privado durante este periodo.