El Gobierno no tramitará su reforma judicial por la vía de urgencia a pesar de excusarse en las prisas para evitar el informe del CGPJ

El PSOE no tramitará por la vía de urgencia su controvertida reforma legal contra las “acciones judiciales abusivas” y las querellas con recortes de prensa, registrada este viernes en el Congreso, a pesar de que alegó esta circunstancia para justificar que una iniciativa de este calado, con modificaciones sustanciales, no se haya planteado desde el Consejo de Ministros. Al no impulsarla el Gobierno, formado por PSOE y Sumar, los de Pedro Sánchez evitan una vez más someterse al informe preceptivo de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre sus funciones, el órgano de gobierno de los jueces tiene asignada la tarea de elaborar un informe de los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre materias que le afecten, como es el caso de esta reforma. El CGPJ emitirá su informe “en el plazo improrrogable de treinta días”. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días.

“Excepcionalmente, el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duración de la prórroga será de quince días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de diez días”, tal como recoge el Consejo General del Poder Judicial.

Pero los socialistas evitarán este trámite al registrar su reforma judicial mediante una proposición de ley, es decir, a iniciativa del grupo parlamentario. Fuentes del PSOE en el Congreso aclaran a Infobae España que el trámite de la medida será ordinario. Esta formación tampoco se fija un plazo determinado para aprobar la medida en la Cámara Baja, donde ya ha contactado con varios partidos y espera superar su debilidad parlamentaria para aprobarla. “Hemos sacado el 95% de todas las iniciativas, y espero que el trabajo que hacen mis compañeros dé sus frutos”, ha confiado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), vicepresidente primero del Congreso.

Este procedimiento contradice la “urgencia” esgrimida por el PSOE para justificar la fórmula empleada para impulsar la norma, criticada por asociaciones judiciales y la oposición. “Basándonos en lo que hemos vivido en los últimos tiempos, hemos adoptado una decisión que nos parecía urgente e importante, que es frenar el acoso y la persecución que los grupos ultras hacen a mucha gente de nuestro país (artistas creadores, periodistas, científicos y adversarios políticos), utilizando y pervirtiendo el Estado de Derecho y los mecanismos judiciales, para atacar a ese adversario y obtener objetivos particulares. Hacemos esta proposición de ley para acotar y atajar esto”, explicó el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

En el marco de las múltiples valoraciones que ha cosechado la iniciativa, esta práctica ha sido objeto de protesta. “Siempre hacen lo mismo. Es una técnica habitual de este Gobierno, el privar de informes que enriquezcan el texto legal, lo que va en perjuicio de la ciudadanía y de la buena técnica legislativa. Los informes de los órganos técnicos siempre enriquecen”, resume el magistrado Sergio Oliva, portavoz de Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV).

Por su parte, la portavoz de la Asociación Profesional de Jueces (APM) subraya que esta “forma de actuar” ya fue utilizada en la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.

Más allá de las formas, el anuncio de la ley ha provocado un terremoto en la carrera judicial, que no ve con buenos ojos varios de los puntos de la propuesta legislativa. Los juristas consultados por este medio coinciden al opinar que la reforma aparenta haber sido concebida para su aplicación en los casos que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez, algunos de los cuales, de salir adelante su tramitación parlamentaria, estarían abocados al archivo.

El Gobierno aprovecha su promesa de suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos —en respuesta a casos como el protagonizado recientemente por la cómica Lalachus (mostró una estampa del Sagrado Corazón con la vaquilla del Gran Prix en las campanadas de TVE)— para limitar además la acusación popular, entre otras medidas.

Lo hace en un momento en el que hay varios procedimientos judiciales impulsados por este tipo de acusaciones sin el apoyo de la Fiscalía, entre ellos los que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, respectivamente. Asimismo, la reforma plantea la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, como las que dieron pie a estas causas, y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.

Por ello, la magistrada Chus del Barco considera que la propuesta restringe el ejercicio constitucional de la acción popular “hasta el imposible” en un momento que “no es el más idóneo” para “dejar el ejercicio de la acción penal en manos del Ministerio Fiscal”. Y va más allá. Afirma que, más que limitar el ejercicio de la acusación popular, “parece que lo que se pretende es buscar la impunidad” de unos “ciudadanos concretos”, lo que “casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.

Desde la AJFV, rechazan que el PSOE vuelva a acudir a “la peor de las técnicas legislativas imaginables” para aprobar una reforma que “no tiene vocación de generalidad, sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos”, como los que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

Otros juristas, incluso de corte progresista, han salido a criticar la medida anunciada este viernes. Uno de ellos es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, quien considera “desacertado” excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta figura acusatoria participe en la fase de instrucción de los procedimientos penales.