Los conflictos entre los propietarios de los pisos y sus inquilinos han llevado a tácticas extremas, como la que está viviendo una familia en Pas-de-Calais, al norte de Francia, donde el arrendatario ha llegado al extremo de quitar las puertas y ventanas del apartamento. Este método, utilizado para forzar la salida de los inquilinos, ha dejado a la familia de Sandrine en una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente ahora en la época invernal. La mujer ha bloqueado las entradas y ya no se atreve a salir de la vivienda.
La familia de Sandrine, compuesta de su pareja y dos niñas, lleva viviendo sin puertas y ventanas desde hace casi una semana, enfrentándose al frío y a las corrientes de aire. El propietario consiguió entrar a la vivienda con el pretexto de realizar trabajos de aislamiento el viernes 20 de diciembre, pero en realidad ordenó la retirada de estos elementos esenciales, según ha informado el diario FranceInfo.
Contactado por teléfono por este medio francés, el propietario defiende su actuación argumentando que la familia ya no paga el alquiler. “No aseguraron la casa. De hecho, acordamos entre todos que ella me pagaría cinco meses de alquiler”, ha explicado el arrendatario. No obstante, Sandrine ha asegurado que lleva pagando el alquiler durante seis meses y cree que es el propietario el que está detrás de este complot para desalojarlos.
¿Qué dice la ley? Derechos de los inquilinos
Sin embargo, el método empleado es completamente ilegal. Por eso, las asociaciones de propietarios le han condenado, a pesar de decir que entienden su situación. Estas prácticas no son solo moralmente cuestionables, sino que también violan la regulación francesa que protege los derechos de los inquilinos.
La legislación (artículo 1724 del Código Civil) establece que cualquier trabajo que afecte a la habitabilidad de una vivienda debe realizarse con el consentimiento del inquilino y debe garantizar las condiciones de vida adecuadas durante el proceso. Es decir, la retirada de puertas y ventanas sin aportar otras soluciones alternativas constituye una violación de la ley francesa y puede estar considerado como acoso inmobiliario.
Por su parte, las asociaciones vecinales de defensa de los derechos de los inquilinos han hecho notar su preocupación ante el aumento de estas prácticas. Hace poco, otro propietario recurrió al mismo método para desalojar a sus inquilinos. Estas acciones ponen en riesgo la seguridad y la salud de las personas afectadas, además de infringir los derechos fundamentales, penalizado con hasta siete años de prisión y una multa de 200.000 euros (artículo 225-14 del Código Penal francés).
En conclusión, la retirada de puertas y ventanas por parte de algunos propietarios en Francia, bajo pretextos de trabajos de mejora en la vivienda, representa una táctica ilegal y peligrosa que expone a los inquilinos a condiciones de vida inaceptables, además de largas penas de prisión y fuertes multas económicas para los propietarios.
Es crucial que tanto inquilinos como propietarios busquen vías diplomáticas para llegar a acuerdos, así como que estén informados de sus derechos y responsabilidades. Así, se conseguirá mayor protección y respeto por las dos partes involucradas.