Josefa se queda sin tiempo: “Me echan de casa, con una minusvalía del 76%, una pensión de 520 euros y sin respuesta por parte de Comunidad y Ayuntamiento”

El futuro de Josefa Caro, de 76 años, no es nada halagüeño. Habla despacio porque le cuesta respirar, conectada a una máquina de oxígeno. Sus hijos le han acomodado una cama en el salón para que duerma allí y no tenga que subir las escaleras a la planta superior de su casa, donde está su habitación. No puede. Tiene una minusvalía del 76% y un grado de dependencia dos por un problema grave en un pulmón y una escoliosis. Madrileña de nacimiento, vive actualmente en la colonia Tercio y Terol, en Carabanchel, un barrio de viviendas bajas construidas en la década de los 40. De hecho, su inmueble, de dos plantas y un patio, data de 1949.

La colonia se ha puesto de moda. Está cambiando poco a poco su fisonomía y a sus vecinos. A apenas 10 minutos de Madrid Río, lo que hace unos años era un pequeño ecosistema de 670 viviendas envejecidas donde sobrevivían los residentes más veteranos, poco a poco se han ido trasladando al barrio gente del mundo de la cultura, arquitectos, profesores, actores, presentadores de informativos, incluso algún político. “Ahora hay mucho famoseo”, explica Sara, la hija de Josefa. Todo muy goloso para hacer negocio. Por eso tras 13 años viviendo de alquiler en la casa, el propietario le dijo a Josefa que se tenía que ir porque la había puesto a la venta. “Creo que la han vendido ya por 365.000 euros. Se supone que me tenía que haber mudado en noviembre, pero, ¿a dónde voy a ir? Aquí sigo y aguanto. Nos tendrán que echar”, señala.

Y es que Josefa cobra una pensión de 520 euros y paga un alquiler de 617 euros. “A eso súmale los gastos de luz, agua y gas, más comida, no llega. Yo la tengo que ayudar cuando las cuentas no cuadran”, asegura su hija, que añade que no puede llevarse a su madre con ella porque trabaja en una portería y es inviable. Como las desgracias nunca vienen solas, Josefa vive con su otro hijo, José de 40 años. Le han dado la incapacidad permanente. En 2017 trabajaba de electricista industrial cuando se le cayó un andamio en una obra en Bilbao. Le partió la pierna. “Me astilló los huesos”. Empezó entonces un reguero de operaciones, más de 10, porque encima cogió una bacteria durante una de las intervenciones que le comieron parte de la carne. El Estado le paga una pensión de poco más de 900 euros.

Y los precios se han disparado en Madrid. No pueden comprar y alquilar se está poniendo muy difícil. “Hemos visto muchos pisos, pero sumando las pensiones de mi madre y de mi hermano es muy complicado. Ten en cuenta que necesitamos un bajo sin escaleras o un piso con ascensor y dos habitaciones. Por menos de 900 euros no he encontrado nada”, afirma Sara. Así, que tras ver que la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa pública que depende de la Comunidad de Madrid y que se encarga de construir vivienda protegida, tenía varias casas vacías por el barrio de Urgel ha echado una solicitud para que le den una. “Yo creo que mi madre cumple el perfil de solicitante de especial necesidad”.

Como publicó Infobae España hace unos días, la AVS tiene 815 casas vacías y otras 2.497 okupadas irregularmente, con una lista de solicitantes de especial necesidad de 3.657 personas. “Hemos llevado toda la documentación que nos han pedido la Comunidad de Madrid, pero nos dicen que están revisando ahora solicitudes presentadas en febrero de este año, cuando nosotros la presentamos en abril. Increíble”, señala Sara. “Encima hemos pedido que se pase un trabajador social para analizar mi situación, pero nada”, recalca Josefa. También han acudido al Ayuntamiento de la capital y se han apuntado a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), pero aunque “han sido muy amables, que nos pongamos a la cola”. La EMVS tiene más de 40.000 solicitantes apuntados.

Hace unas semanas acudieron a un centro social del Ayuntamiento y la única opción que les han ofrecido es que Josefa vaya a una residencia y su hijo a un piso tutelado compartido. Pero como una posible opción. Afortunadamente, el propietario que ha vendido la vivienda no ahoga. Se conocen desde hace mucho tiempo. “Pero es cuestión de tiempo de que los nuevos dueños quieren venir a vivir, pero no me puedo ir, que me denuncien”, sentencia muy convencida Josefa. Ella trabajó hace tiempo cuidando a personas mayores y ya ha visto muchas desgracias. Solo espera que las Administraciones hagan su trabajo, lo más rápidamente posible, y le ayuden a buscar una solución. Lo dice sin perder la sonrisa en la cara mientras intenta respirar gracias a la máquina que le acompaña día y noche.