Ayuso ordena desalojar a la pareja con tres hijos que ha okupado un piso vacío y denunció que lleva doce años solicitando una vivienda protegida

El inspector de la Agencia de la Vivienda Social (AVS), empresa pública de la Comunidad de Madrid, se ha presentado este jueves por la mañana en casa de Miguel Ángel Hernández. Ha hablado brevemente con su mujer, les ha recomendado que se busquen un abogado y les ha entregado un escrito en el que la Administración les da un plazo de diez días para que desalojen el piso donde viven desde hace poco más de un año. Como ya publicó Infobae España el pasado 8 de diciembre, Miguel Ángel es uno de los 2.497 ‘okupas’ que residen en viviendas protegidas de la AVS, agencia gestionada por el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

“Llevo pidiendo un piso público desde 2012. Cada año renovaba la documentación como solicitante en la AVS, pero debe ser que teníamos muy mala suerte. Nunca nos han adjudicado ninguna vivienda. Siempre nos decían que había mucha gente en lista de espera”, nos explicó Miguel Ángel. Así que el año pasado se enteró de que había una promoción de la AVS con algunos pisos vacíos en el municipio donde vive, en San Martín de la Vega, y okupó uno de ellos. Él tiene una discapacidad del 33% y su mujer del 59%. Con tres hijos de 8, 9 y 11 años. “Era eso o irnos debajo de un puente”. Vivían en una habitación de la casa de su madre, así que como no podían pagar ningún alquiler por su delicada situación económica, okuparon la casa.

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Según los datos ofrecidos por la AVS al diputado socialista Rafael Martínez, la AVS tiene en todo Madrid 815 viviendas vacías. Todos estos inmuebles “están en diversas etapas de gestión, pudiendo estar en un proceso de reparación, adjudicación, contratación o entrega”, matizan desde la Consejería. “Ya llevamos año y medio en esta casa y nunca nos había visitado nadie de la Comunidad de Madrid. Queríamos legalizar la situación, hacer las cosas bien. Pago el agua, la luz y el gas”. Nadie les ha visitado hasta que este diario publicó su historia. Casualmente, el inspector se ha presentado en la vivienda cuatro días después.

El escrito que les han entregado este jueves señala que “se ha constatado la ocupación sin título habilitante del inmueble de referencia, de la titularidad de la Agencia de la Vivienda Social, por lo que, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 10. f) del ‘Decreto 22472015, de 29 de diciembre’, se requiere para el desalojo del inmueble en un plazo de diez días hábiles”. Miguel Ángel asegura que no tienen dinero para abogados y que la única solución parece que es “volver a casa de mi madre. Hemos ido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que nos ayuden, pero poca solución veo”, explica a este diario. “Está claro que ha sido contar nuestro caso y ahora nos quieren echar”, matiza.

La AVS, no obstante, también les explica en el escrito que les conceden un trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles para que puedan formular alegaciones “y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante el Área de Inspección. “Lo que pasa es por haber ocupado esta vivienda vacía, ahora nos sacarán de listado de solicitantes por un periodo de cinco años, como un castigo”, explica Miguel Ángel. La AVS recalca en el escrito que es requisito para ser solicitante de una vivienda pública en el procedimiento de especial necesidad “no encontrarse ocupando una vivienda o un inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular”. Por último, la AVS les ha informado de que no llevar a cabo el abandono del inmueble, “serán exigidos los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración Pública”.

La AVS, que en 2024 ha celebrado su 40 aniversario, gestiona en la actualidad un patrimonio de 50.584 bienes inmuebles, de los que casi 25.000 son casas distribuidas en 119 municipios, que ofrecen una residencia a cerca de 100.000 madrileños. De todo ellos, casi 2.500 están okupados. Además, dispone de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable que permitirán construir más de 10.000 pisos, 1.687 a lo largo de la presente legislatura. Las obras de la mitad de ellas ya se han iniciado.