Frenazo a los juicios exprés para desalojar okupas en pocos días: qué tiene que pasar para que se apruebe la ley tras el veto del Senado

El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha aprobado esta semana un veto al Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia. Este proyecto, aprobado en el Congreso de los Diputados el 14 de noviembre, incluye medidas como los juicios exprés para los casos de okupación de viviendas. Otra es la supresión de las ‘golden visa’.

La principal modificación que introduce esta reforma es que, en ciertos casos, los procedimientos de desalojo de ocupaciones ilegales de viviendas pasarán de ser tramitados por la vía civil a la vía penal. Esto se aplicará a dos tipos de delitos: el allanamiento de morada (cuando la vivienda ocupada está habitada) y la usurpación de morada (cuando la vivienda está deshabitada). Estos casos podrán ser juzgados de forma rápida a través de juicios exprés, que permiten resolver procedimientos judiciales de delitos menores en un plazo máximo de 15 días.

Este cambio reducirá drásticamente el tiempo de desalojo, que anteriormente podía extenderse durante más de un año, a tan solo unas semanas, o incluso días en algunos casos. No obstante, esta reforma tiene un alcance limitado y solo afectará a casos de ocupación de viviendas no principales. En los casos de ocupación de la vivienda habitual del propietario, la jurisprudencia ya permite un desahucio en las siguientes 48 horas. Además, el nuevo procedimiento no se aplica a la inquiokupación (cuando un inquilino deja de pagar el alquiler), que sigue siendo un asunto civil y no penal.

La aprobación de esta enmienda en el Congreso no estuvo exenta de controversia, ya que el voto a favor de EH Bildu y ERC se debió a un error en la definición del voto. Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, se disculpó públicamente por el incidente y aseguró que su partido asumirá responsabilidades. Por su parte, Esquerra también reconoció el error, aunque no ofreció una rueda de prensa para aclararlo. Ambos partidos han indicado que intentarán corregir la situación, pero parece improbable que puedan frenarlo.

Si los acontecimientos siguen su previsible curso, la reforma de los desalojos exprés de los okupas entrará en vigor antes de que finalice febrero, una vez regrese al Congreso para que dé el visto bueno definitivo. Pero puede ocurrir que no sea así. Como se ha mencionado, Bildu y ERC apoyaron inicialmente por error. Y según el PP, la norma tiene una mala técnica legislativa, con “enmiendas intrusas” que no corresponden con el objetivo de la ley -de eficiencia de la Justicia-. Lo concretan porque en el caso particular de la enmienda sobre la okupación, el partido no se opone precisamente.

Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, las condenas judiciales por ocupación de viviendas han experimentado una notable disminución del 59% en los últimos cinco años, pasando de 3.715 en 2020 a 1.513 en lo que va de 2024. A pesar de esta tendencia descendente, Interior advierte que el fenómeno de la okupación sigue siendo un tema de preocupación en la opinión pública, alimentado por campañas de promoción y desinformación.

Según el CIS, el fenómeno tiene una posición marginal entre las preocupaciones de los españoles, siendo considerado solo un problema por el 0,2% de los ciudadanos, según el último barómetro. Sin embargo, Vox califica la ocupación de “insostenible” y ha exigido medidas urgentes, como el desalojo exprés, la creación de un registro de okupas para evitar que perciban ayudas sociales o la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales involucrados en estos actos.