La Fiscalía Provincial de Madrid ha comunicado al Tribunal Supremo que más de 500 personas tuvieron acceso al expediente y a la denuncia formulada contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal, pero que “se desconoce su número concreto a día de hoy”. Así lo ha constatado el teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid José Luis García-Juanes, que ha remitido un escrito a la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso Infobae España. En ese mail, remitido el pasado 2 de febrero, el novio de Ayuso reconocía la comisión de dos delitos fiscales y solicitó un pacto con el Ministerio Público para evitar llegar a juicio.
El teniente fiscal asegura que “desconoce” el “número concreto” de personas que han tenido acceso a las diligencias preprocesales de investigación que dieron lugar a la denuncia presentada contra González Amador, que la Agencia Tributaria concluyó que había defraudado 350.000 euros por los ejercicios del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. La causa se compartió en carpetas del Ministerio Público a las que tenían acceso más de 500 personas.
Según se señala en el informe, que fue remitido el pasado 29 de noviembre, las diligencias fueron cargadas en una carpeta compartida interna de la Fiscalía, a la cual tenían acceso 12 fiscales y 4 funcionarios de la sección de delitos económicos. Sin embargo, como los documentos eran demasiados grandes para enviarlos por correo electrónico, se decidieron cargar en otra carpeta compartida en la web de la Fiscalía Provincial de Madrid. A esta tuvieron acceso 499 personas, entre fiscales y funcionarios, quienes pudieron consultar el contenido. Además, las diligencias también fueron cargadas en otra carpeta accesible a unas 30 personas entre fiscales y funcionarios tanto de la Fiscalía Provincial de Madrid como de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
El escrito responde a la petición de información que le hizo la Abogacía del Estado
Este escrito responder así a la petición de información que le hizo la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, después de que el Tribunal Supremo les haya encausado al considerar que filtraron los correos en los que la defensa de Alberto González Amador pedía un pacto a la fiscalía para cerrar el caso.
Además, el teniente fiscal se refiere a la dirección de correo electrónico “jefatura.fiscalia@madrid.org” como la que se utilizó para enviar la confesión de Alberto González Amador en febrero, aunque esta no corresponde a la dirección real a la que su abogado remitió dicho documento. En relación con esa cuenta de correo, el informe aclara que tienen acceso a ella la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, el teniente fiscal que firma el informe y otras cuatro funcionarias de la secretaría de Jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid.
En marzo, la Fiscalía denunció a González Amador por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Entonces, el Ministerio Público le acusó de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda con sus negocios millonarios entre los años 2020 y 2021, marcados por la pandemia del coronavirus, algo que más tarde confirmaría.
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