La investigación por la financiación ilegal de Alvise apunta a su primera imputación en el Supremo tras el “plantón” al juez

Alvise Pérez se acerca a su primera imputación formal en los tribunales. La declaración del empresario investigado que le donó 100.000 euros y su “plantón” al juez al no comparecer finalmente en la Audiencia Nacional abocan el futuro de la investigación a quedar en manos del Tribunal Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas por Infobae España.

Álvaro Romillo, fundador del chiringuito financiero Madeira Invest Club, apuntaló la acusación contra Alvise por financiación ilegal de su partido a las puertas de las elecciones europeas, en las que Se Acabó La Fiesta (SALF) logró tres escaños. El empresario, cara visible de CryptoSpain, admitió conocer que parte del dinero donado a Alvise a cambio de “favores futuros” financiaría la campaña electoral de SALF. “No era un trabajador del Lidl”, subrayó ante el juez, además de ratificar la veracidad de los mensajes en los que el entonces candidato a los comicios europeos le pedía “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”.

El magistrado José Luis Calama ofreció declarar voluntariamente al eurodiputado, pero se quedó esperándole este miércoles, ya que, como ya había anunciado, no acudió a la Audiencia Nacional al encontrarse en Bruselas. Aunque sí compareció su abogado, el líder de SALF no se defendió mientras el juez recababa -gracias a la declaración de Romillo- nuevos indicios que apuntan a la comisión de un delito de financiación ilegal que deberá investigar el Tribunal Supremo al ser el órgano competente por la condición de aforado que ostenta Alvise.

Las fuentes consultadas señalan que al magistrado José Luis Calama “no le queda otra” que elevar una exposición razonada en la que motive la que sería la primera imputación de Alvise Pérez en el Tribunal Supremo. Aunque no se descarta que el eurodiputado comparezca antes de forma voluntaria en la Audiencia Nacional -su abogado ha dejado abierta la puerta a esta posibilidad-, el propio Alvise ha pedido declarar “a la máxima brevedad” ante el Supremo. “Que el juez socialista -como se refiere a Calama- lo motive y eleve de una vez al Supremo”, dijo en su canal de Telegram tras el interrogatorio de Romillo, que el líder de SALF “celebró” desde Bruselas.

Tras su “plantón” al magistrado, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas (Aranguez Abogados), que representa una de las acusaciones populares en la causa, ha solicitado en un escrito que el juez vuelva a citarle para tomarle declaración. Mientras tanto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene sobre la mesa un recurso presentado por el abogado de Alvise contra el auto en el que José Luis Calama le ofrecía comparecer “de forma voluntaria”. El letrado de Alvise esgrimió que su cliente, al ser eurodiputado, “solamente puede ser investigado por el Tribunal Supremo por su condición de aforado”.

Según los primeros datos recabados por el juez de la Audiencia Nacional, la cifra de afectados por Madeira Invest Club podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros. Estas cifras situaron a la Audiencia Nacional “en una posición favorable desde un punto de vista funcional” para afrontar la investigación.