Actos que atenten contra la dignidad de las personas, condenas judiciales por delitos leves, ausencias en el servicio, incumplimiento de órdenes de los superiores. Son algunas de las causas más habituales en los expedientes disciplinarios que la Guardia Civil abre a sus agentes por “faltas graves”, que ya suponen el 57% -más de la mitad- de la totalidad de propuestas de sanción.
Según los datos a los que ha tenido acceso Infobae España, en el primer trimestre de 2024 la Dirección General de la Guardia Civil abrió 90 expedientes disciplinarios por posibles faltas leves, 152 por faltas graves y 25 por faltas muy graves. Las cifras en el mismo periodo de años anteriores reflejan una tendencia al alza en la apertura de expedientes por faltas graves: en el primer trimestre de 2021 se registraron 126; en 2022, 109; y en 2023, 150.
También se ha detectado un incremento general en los expedientes abiertos a partir del cuarto trimestre del pasado año, cuando se registraron 83 por faltas leves, 124 por faltas graves y 18 por faltas muy graves. De confirmarse la sanción, los comportamientos muy graves suelen conllevar la suspensión de empleo y sueldo entre seis meses y seis años, mientras que las graves van desde cinco días a tres meses, además de la posible pérdida de destino.
Se da la circunstancia de que este aumento de los expedientes en los últimos meses coincide con la llegada de Leonardo Marcos al cargo de director general de la Guardia Civil en el mes de junio. En el tercer trimestre, las cifras se mantuvieron estables con un leve descenso de los expedientes por faltas muy graves, pero desde el mes de octubre “la situación ha empeorado”, denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
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Rechazan que el instituto armado opte por “aplicar de modo estricto el régimen disciplinario”. Desde la asociación explican que el Servicio de Régimen Disciplinario opta, en primera instancia, por calificar expedientes como posibles faltas graves o muy graves “en un auténtico fraude de ley” a fin de disponer de más tiempo para instruir esos expedientes. Y es que el Servicio de Régimen Disciplinario dispone de dos meses de plazo para casos leves y seis meses para los graves.
“Abuso en las calificaciones”
En este sentido, cabe destacar que de 14 sanciones impuestas por expedientes iniciados como faltas muy graves, el 29% terminaron sancionados como falta grave, lo que, a juicio de AUGC, “demuestra un abuso en las calificaciones”. Además, de las 88 sanciones impuestas por expedientes abiertos por faltas graves, el 15% acabó castigado por falta leve. “Que estén calificando como falta grave hechos que no tienen tal gravedad, o que no son ni tan siquiera sancionables, es señal de que algo está fallando”, añaden.
Desde el año 2021, la Guardia Civil ha abierto 600 expedientes que han acabado sin sanción al presunto infractor, bien por caducidad de la tramitación o por no ser constitutivos de castigo disciplinario. Se trata del 21% de la totalidad de expedientes abiertos, un dato que según AUGC es “demasiado alto”.
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