Tras la recepción de 2.544 solicitudes para acceder a la escala básica del Cuerpo General de Policía Canaria (CGPC), la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha publicado esta semana la lista provisional de admitidos para las 141 plazas ofertadas en la modalidad de turno libre. La cifra de nuevos miembros responde a una suma de las 61 plazas dispuestas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2022 con las 80 de la OPE de 2023.
De la cifra inicial de solicitudes recibidas se excluyeron 390 a raíz de algunos problemas en la presentación, tales como la ausencia de algún documento requerido, la falta de títulos o de información necesaria para la inscripción. Para las personas que resultaron afectadas en el proceso, se ha dado un plazo de diez días -hasta el 1 de julio- para que puedan presentar subsanaciones, tal y como ha informado el Director General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Juan Ramón Rodríguez.
Este cuerpo autonómico se suma al de otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Baleares, que también cuentan con un organismo policial propio. Así, la información sobre los admitidos en el correspondiente listado provisional se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), donde aparecen todas las cuestiones referentes a la Administración autonómica y sus resoluciones.
Los difíciles inicios de la policía autonómica de Canarias
Varios objetivos tenía el CGPC desde su creación en 2010, como por ejemplo, tal y como se explicó en su discurso, combatir el tráfico de droga a pequeña escala. A un nivel más general, el Gobierno de Canarias escribía en su página web, que la misión no era otra que “proteger a las personas y bienes, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, velar por la seguridad ciudadana y contribuir a la consecución del bienestar social”.
Con 100 agentes en la primera promoción, las cifras han ido ascendiendo tras varias rondas de contrataciones, aunque con algunos baches puntuales en sus primeros años debido a varios escándalos seguidos de algunos de sus miembros, que incluyeron acoso laboral y violencia de género. De hecho, la salida de su primer jefe regional, Ignacio Badenas, debido a la falta de fe en el proyecto, provocó también una oleada de críticas y agravó la pérdida de apoyo por parte de algunos políticos. Hoy parece todo superado, y la entidad ha logrado superar la barrera de los 300 efectivos con las nuevas incorporaciones.
En la misma línea, se han realizado una serie de cambios en el funcionamiento de la institución de cara a la llegada de los nuevos agentes. Entre estas novedades se incluye una nueva Unidad de Intervención Policial, que trabajará de cara a garantizar el orden público en movilizaciones de la ciudadanía y otros grandes eventos, algo que se ha definido como “prioritario” al incluirse en la ley aprobada en 2008 para la regulación del Cuerpo. “La prioridad es que las unidades estuviesen creadas y dotadas para poder empezar a trabajar con los nuevos efectivos. Prácticamente todas las unidades cuentan con personal en función de la plantilla que se tiene”.
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