“Libertad educativa”: ¿qué rol pueden tener las familias en la escuela?

La reconfiguración del rol de las familias en el sistema educativo –y en el funcionamiento cotidiano de las escuelas– es uno de los ejes clave del borrador del proyecto de Ley de Libertad Educativa que el Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo, y cuyo contenido fue anticipado por Infobae.

La centralidad de la familia se traduce en varias disposiciones concretas: la habilitación formal del homeschooling, la formalización de mecanismos de financiamiento dirigidos a las familias (como vouchers), la difusión de datos educativos desagregados por escuela para poder tomar decisiones más informadas y la creación de “consejos de padres” que podrán incidir en la elección del director y en la contratación del personal. Infobae consultó a especialistas y docentes para analizar cuán viables son estas propuestas.

Si bien desde el Gobierno subrayaron que se trata de un “borrador”, el proyecto expresa una visión nítida sobre el sistema educativo, alineada con las iniciativas que el Poder Ejecutivo intentó impulsar ni bien asumió, en la primera versión de la Ley Bases elaborada por Federico Sturzenegger, cuyo capítulo educativo ya preveía la oficialización del homeschooling y la difusión de resultados educativos por escuela, entre otras medidas.

Aunque la autoría del proyecto filtrado no fue informada oficialmente, desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ya habían comunicado el año pasado que estaban trabajando junto con el Ministerio de Desregulación en una nueva ley educativa. De hecho, el propio Sturzenegger había dicho en una entrevista que estaban preparando “una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años”.

La iniciativa se enfoca en la educación obligatoria –nivel inicial, primario y secundario– que, en rigor, depende de las provincias. Al mencionar los “principios” que organizan el sistema educativo, el proyecto nombra en primer lugar la “libertad educativa” (entendida como libertad de cada persona de enseñar y de aprender “conforme a sus propias convicciones”) y luego el “rol preferente de la familia” y la “subsidiariedad del Estado”. El texto no hace referencia a “escuelas” –la palabra casi no se menciona a lo largo de los 136 artículos–, sino a “instituciones de educación básica”.

El papel de la familia

La familia es el “agente natural y primario” de la educación, define el borrador del proyecto de Libertad Educativa en su artículo 1. Esa misma definición se expresa en el artículo 6 de la Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006 y vigente en la actualidad. Sin embargo, más allá de la fórmula compartida, la iniciativa libertaria –que pretende derogar la LEN– expresa una visión muy diferente del rol de los padres, a quienes considera los principales responsables de la educación frente al rol “subsidiario” del Estado.

“Creo en la importancia de reconocer a los padres y a la familia como la primera instancia educativa”, señala Paola Delbosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación y profesora en la Universidad Austral. “Quizás estamos frente a un sistema educativo que a veces se atrinchera en lo ‘seguro’, cuando la educación auténtica implica siempre un involucramiento personal. En los padres eso debería ser un efecto directo de haberse atrevido a traer seres humanos al mundo”, sostiene Delbosco. Y resalta la necesidad de reconocer “una gran libertad para la iniciativa de cada persona o grupo de personas con objetivos claros y generosos”.

Aunque coincide con la prioridad de la familia sobre el Estado, Delbosco reconoce: “No se puede contar absolutamente con la idoneidad de los padres como educadores, por una serie de variables: familias en crisis o ausentes, padres y madres ineptos o nocivos, niños y adolescentes virtualmente abandonados por el trabajo de los padres u otras situaciones. En esos casos y otros similares se entiende la función subsidiaria del Estado para que el derecho a la educación se cumpla para cada persona”. En ese sentido, Delbosco plantea que el proyecto oficial debería prever una fase de “educación de los educadores”.

El borrador de Libertad Educativa tiene un capítulo dedicado a las “formas alternativas de enseñanza”, en el que habilita explícitamente la educación en el hogar, conocida en inglés como homeschooling, una práctica con mayor tradición en Estados Unidos. Si bien no está formalizada en ninguna ley, hoy esa posibilidad existe por medio de los exámenes “libres” que se pueden rendir en CABA. El Reglamento Escolar aprobado este año por el Ministerio de Educación porteño se volvió más estricto en este punto y exige a las familias tener domicilio en CABA, solicitar un “permiso de examen” y acreditar la “excepcionalidad” del caso.

Si se aprobara la versión actual del proyecto libertario –un escenario improbable–, la mayoría de los expertos coinciden en que, en la práctica, la posibilidad de la educación en el hogar seguirá siendo muy minoritaria, tal como lo es ahora.

“La gran mayoría de las familias no están en condiciones de enseñar a sus hijos, ya sea por limitaciones de su propia educación o por falta de tiempo y capacidades. Esta modalidad no puede ser en ningún caso una solución estructural para el sistema educativo, sino una opción muy marginal para algunos casos excepcionales”, señala Cecilia Veleda, doctora en Sociología y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente. La experiencia de la pandemia marcó una experiencia clara en este sentido: muchas familias se vieron sin herramientas al tener que abordar los contenidos escolares en sus casas.

Con respecto al financiamiento de la educación, el borrador libertario también expresa una visión definida, consistente con el rol “subsidiario” que asigna al Estado. El proyecto establece una “responsabilidad compartida” por el financiamiento educativo entre el Estado nacional, las provincias, las familias y la sociedad civil. En ese sentido, se afirma que el Estado debe intervenir “de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales cuando estos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación”. Para varios expertos, este punto puede derivar en una mayor fragmentación y segregación educativa.

El proyecto establece que, además de la asignación de recursos a escuelas estatales y privadas (las actuales subvenciones), habrá asignaciones para las familias o alumnos: se mencionan como opciones becas, vales educativos –los vouchers que Javier Milei había anunciado durante la campaña presidencial– y créditos fiscales, entre otras opciones.

En el artículo 8, la iniciativa reconoce el derecho de las familias a elegir “las instituciones o proyectos educativos acordes a sus convicciones”. En esa línea, establece que los estudiantes y sus padres tienen derecho a conocer sus resultados en las pruebas educativas nacionales. Para eso se define que el Estado nacional podrá publicar información desagregada por escuela –algo que hoy no está permitido por el artículo 97 de la LEN–, pero sin identificar a estudiantes ni docentes.

El “consejo de padres”

Si bien la actual Ley de Educación Nacional alude varias veces a la “participación de las familias”, el proyecto de Libertad Educativa da un paso significativo al crear el “consejo escolar de padres”. Según el proyecto, en cada institución educativa ese consejo podrá incidir en el nombramiento del director y en la contratación y remoción de los docentes; incluso podrá participar en la elaboración de los reglamentos internos en las escuelas estatales.

“Los directores de escuela son un actor clave para la mejora de la calidad educativa, por lo que los procesos de designación son sumamente importantes. En muchas provincias hoy acceden por puntaje, sin una formación específica ni buenos concursos de oposición. Pero la alternativa de que la comunidad educativa elija el director expone esa decisión a criterios diversos, a las relaciones o favoritismos que puedan tejerse en cada escuela”, advierte Cecilia Veleda.

En Ceará, un estado de Brasil que suele mencionarse como caso de éxito a nivel regional por sus políticas educativas, la comunidad escolar elegía al director hasta 2007, cuando esa modalidad fue reemplazada por un concurso estricto de antecedentes, menciona Veleda. Y agrega: “Es crucial implementar concursos que puedan valorar el mérito: las familias no cuentan con los elementos y criterios para esto”.

María José Navajas, cofundadora de Padres Organizados –una red de familias surgida durante la pandemia que lideró el reclamo por la reapertura de las escuelas–, considera: “No hay ningún diagnóstico previo que permita entender qué problemas viene a solucionar este organismo. Del proyecto podría deducirse que uno de los problemas que afecta a las instituciones educativas estatales es la selección del personal y que los padres podrían tener mejores criterios para intervenir en ese proceso. Si ese es el caso, creo que es completamente errado el diagnóstico y la solución propuesta”.

“Aunque hay casos en otros países de organismos de participación de las familias, se trata de cuerpos colegiados con representantes docentes, directivos e incluso estudiantes, y tienen potestades consultivas, no operativas. A su vez, los países que tienen mejores resultados educativos son aquellos que han profesionalizado y jerarquizado las tareas de conducción escolar y la tarea docente. La intervención de los padres en sí misma no aporta nada en ese sentido”, sostiene Navajas.

Los docentes consultados cuestionan que las familias estén listas para asumir un mayor protagonismo en los procesos educativos, por falta de disponibilidad pero también de preparación. También coinciden en señalar la distancia entre las propuestas del borrador y los problemas cotidianos de las escuelas.

“Hoy, con las familias explotadas de trabajo, con pluriempleo y agotamiento, es muy difícil hacerse un tiempo para involucrarse en la escuela. Uno puede ocuparse de lo que pasa en casa, pero acercarse, entrar, acompañar, conocer las necesidades reales… es casi imposible”, señala Diego Rubini, maestro de primaria en CABA.

“Creo que las familias no están preparadas para asumir ese rol. No se formaron para eso; es lo más lógico del mundo. Además, son muy permeables a modas y tendencias, y está bien, pero el Estado no puede correrse del lugar central donde define qué debe saber la ciudadanía”, considera Rubini.

“Me parece que, salvo excepciones, la mayoría de las familias no están preparadas. Está buenísimo cuando las familias pueden y quieren ocuparse, pero no siempre pasa. No tiene que ver solo con la clase social: hay mucha gente de clase alta que no puede o no sabe, aunque pueda contratar a alguien. Y también hay muchísima gente de clase baja que no está en condiciones o no tiene el tiempo para hacerlo”, sostiene Ruth Chackiel, docente, exdirectora y supervisora de primaria.

A Chackiel, especialista en Educación Sexual Integral, el punto sobre educación en el hogar le resulta especialmente inquietante. “Lo que más me preocupa es que la escuela, además de ser el gran espacio socializador, es donde se detectan muchos abusos intrafamiliares. Si las familias pudieran decidir libremente si sus hijos van o no a la escuela, ese circuito de protección se rompería muy fácil. Para mí, el abuso intrafamiliar es uno de los temas más serios en este debate”.

Una relación deteriorada

Al poner en primer plano a las familias y relegar el rol del Estado, el proyecto podría contribuir a ampliar las desigualdades en el país –de por sí muy graves–, sostienen varias fuentes consultadas. “Necesitamos más recursos para las escuelas más pobres, porque son las que más acompañamiento requieren, y esta ley iría justo en la dirección contraria”, advierte Rubini.

“La escuela tal como la conocimos siempre, además de entender la educación como un derecho, funcionaba como un espacio de lo común. Garantizaba la construcción de saberes compartidos para todos los chicos, más allá de las diferencias que cada uno trajera por su origen social o por las condiciones educativas de su familia. Con esta nueva ley, pasaríamos de una escuela que ofrecía esa formación común a una lógica donde cada uno hace lo que puede con lo que tiene”, afirma Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora de docentes en Córdoba.

Díaz se refiere a las familias: a sus posibilidades materiales, su capital cultural y su disposición. “Con esta ley, ese espacio de lo común se rompe y cada chico queda librado a lo que le tocó en suerte a nivel familiar e individual. Si tenés una familia que pueda ayudarte, que entienda la importancia de la escuela y tenga capital cultural y económico para sostenerte, buenísimo. Pero si no la tenés, la escuela deja de cumplir ese rol compensador”, analiza Díaz.

La experiencia de las cooperadoras en muchas escuelas estatales muestra las dificultades de las familias para comprometerse con la vida escolar. “Mi experiencia es que en las escuelas públicas, en líneas generales, cuesta muchísimo encontrar familias que se involucren. Cuesta incluso conseguir gente para la cooperadora: lleva tiempo, es ad honorem y además implica una carga administrativa y burocrática para la que no todos están preparados, por más que parezca algo simple”, explica Rubini.

Los reiterados episodios de violencia de padres a docentes son el ejemplo más extremo de una relación, como mínimo, deteriorada. “Muchas familias no se enteran de las notas que traen sus hijos, no firman las calificaciones, y cuando aparecen es para amenazar a los docentes porque el hijo llevó un problema o porque se sacó tal nota. Por supuesto que hay excepciones, pero en la mayoría de los casos vemos este comportamiento, más bien reducido a la queja”, cuestiona Díaz.

Pese a la diversidad de miradas, entre docentes y especialistas hay un consenso en torno a la necesidad de reconstruir el vínculo entre escuela y familia. La mayor participación de las familias aparece como un horizonte deseable, aun para quienes disienten del enfoque ideológico del proyecto libertario.

“Las familias hoy ocupan un lugar secundario en el sistema educativo, eligiendo la escuela para sus hijos o participando en las cooperadoras escolares –afirma Veleda–. Sería deseable que participaran en mayor medida en la política educativa: conociendo las metas y planes en marcha, dando su opinión a través de encuestas, teniendo claridad sobre su rol, o asistiendo más asiduamente a reuniones en las escuelas donde se les comunique el avance de sus hijos”.

“Es cierto que la ley actual en Argentina promueve la participación de las familias, pero no define ningún ámbito específico y es algo pendiente. La experiencia de los últimos años muestra que la relación familia-escuela está muy deteriorada y creo que es urgente reparar ese vínculo. Sin embargo, la propuesta esbozada en la ‘ley de libertad educativa’ no brinda una respuesta para ese problema y coloca a los padres en un lugar de decisión que excede sus competencias, por lo que lejos de atender la crisis que atraviesa la educación, seguramente instalará nuevas tensiones y situaciones de conflicto”, sostiene Navajas.

Varias fuentes consultadas señalaron la paradoja de que la minuciosa regulación planteada en el proyecto se haya elaborado casi en secreto y sin consultas a la sociedad civil. Navajas concluye: “Pienso que un tema tan crucial como la reforma del sistema educativo exige plantear el debate de manera transparente y participativa, justamente dos cualidades que promete asumir el proyecto en cuestión, pero que están ausentes en la instancia previa”.