Las reformas educativas que Donald Trump propone en su regreso a la Casa Blanca

Donald Trump asumió ayer la presidencia de los Estados Unidos, iniciando así su segundo mandato en el Ejecutivo. Su regreso marca un giro en la política de la Casa Blanca, con un enfoque centrado en profundas reformas.

En el ámbito de la educación, su administración busca reducir la injerencia federal, fortalecer los valores tradicionales y redefinir el rol del Estado en el sistema educativo. Estas iniciativas, que afectan a todos los niveles de enseñanza, anticipan transformaciones significativas que podrían reconfigurar la estructura y el funcionamiento de las instituciones en todo el país.

Uno de los ejes centrales de la agenda educativa de Donald Trump es la intención de eliminar el Departamento de Educación, una idea que ya había planteado en su primer mandato. El Departamento podría asemejarse a la Secretaría de Educación Nacional en Argentina o la Secretaría de Educación Pública en México. Creado en 1979, el organismo fue señalado por el presidente como un símbolo de interferencia federal en la educación; un ámbito que, según él, debería estar en manos de los estados y las comunidades locales. Trump ha calificado al Departamento como un símbolo de burocracia y lo ha acusado de estar infiltrado por ideologías que no reflejan los valores tradicionales estadounidenses.

Para avanzar en las reformas, Trump nombró a Linda McMahon, exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment y una de sus aliadas políticas más cercanas. Aunque McMahon no tiene experiencia en educación, su trayectoria empresarial y su relación de confianza con Trump la ubican como una figura estratégica en la implementación de su agenda reestructuración institucional.

La eliminación del Departamento de Educación implicaría desafíos logísticos y políticos. Entre sus funciones principales, el organismo distribuye miles de millones de dólares a escuelas primarias y secundarias, incluyendo los recursos asignados al programa Título I, que está destinado a instituciones de bajos ingresos, y gestiona una cartera de préstamos estudiantiles que alcanza los 1,5 billones de dólares. En caso de desmantelarlo, estas funciones tendrían que transferirse a otras agencias federales, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, o delegarse directamente a cada Estado. También surgiría la necesidad de redefinir la supervisión de los derechos civiles en las escuelas, una tarea actualmente asumida por su Oficina de Derechos Civiles.

Pero, pese al interés de Trump por eliminar el Departamento de Educación, las posibilidades reales de concretarlo son limitadas. El cierre de un organismo federal requiere la aprobación del Congreso, un proceso que históricamente ha enfrentado grandes obstáculos. En la década del 80, Ronald Reagan había tenido una iniciativa similar y debió abandonarla por falta de consenso político. Incluso dentro del Partido Republicano, hay legisladores que podrían oponerse al desmantelamiento, dado que muchas escuelas en sus distritos dependen de los fondos del Departamento.

En consonancia con el punto anterior, Trump propuso redirigir o condicionar los fondos del Departamento de Educación. En los discursos de campaña, había cuestionado el destino de estos recursos en programas como la enseñanza de teoría crítica de la raza —un enfoque que analiza cómo las leyes y las instituciones perpetúan desigualdades raciales estructurales— y en políticas que apoyan la inclusión de los estudiantes transgénero, como el acceso a baños o equipos deportivos de acuerdo a su identidad de género. Trump planteó premiar a las escuelas que adopten un enfoque alineado a los contenidos “patrióticos” y eliminen la tenencia docente, que, según él, obstaculiza la remoción de maestros con bajo desempeño, mientras que dijo que recortaría los fondos a aquellas instituciones que mantengan prácticas consideradas ideológicas o contrarias a los valores tradicionales.

El financiamiento federal representa entre el 10 y el 14% del presupuesto total de las escuelas públicas, y es fundamental para sostener la trayectoria de los estudiantes en contextos vulnerables. Programas como el Título I, que apoya a escuelas con altos índices de pobreza, y la Ley IDEA, que financia servicios para estudiantes con discapacidad, son dos ejemplos de cómo se busca reducir las brechas de inequidad en el sistema educativo. Bajo la presidencia de Trump, estos programas podrían transformarse en subvenciones más flexibles, otorgando mayor control a los estados y limitando las condiciones impuestas por el gobierno federal.

En el ámbito de la educación superior, el financiamiento federal también juega un rol significativo. El Departamento de Educación administra programas como las becas Pell, que cubre los costos universitarios de los estudiantes de bajos ingresos, y supervisa una cartera de préstamos estudiantiles que asciende a 1,5 billones de dólares. Durante la campaña, Trump criticó fuertemente las iniciativas de condonación de la deuda estudiantil de la administración Biden, calificándolas de excesivas y fiscalmente irresponsables. Si bien aún no ha presentado un plan detallado, dejó entrever la intención de privatizar la gestión de los préstamos y limitar el alcance de programas como el Perdón de Préstamos por Servicio Público, que beneficia a trabajadores del sector público y organizaciones sin fines de lucro.

De implementarse estas propuestas, cabría el riesgo de que haya mayores barreras económicas para los estudiantes de bajos ingresos que dependen del apoyo federal para acceder a la educación superior.

La administración Trump propone revisar las normativas que afectan a los estudiantes en las escuelas y universidades, con la intención de revertir las políticas adoptadas en el gobierno de Joe Biden. Uno de los cambios centrales está relacionado con el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en instituciones que reciben fondos públicos. Durante la presidencia de Biden, esta normativa se amplió para incluir protecciones basadas en la identidad de género y la orientación sexual, lo que benefició a los estudiantes transgénero. Trump expresó la intención de regresar a una interpretación más restrictiva, limitando las protecciones del Título IX a las definiciones de sexo basadas exclusivamente en características biológicas.

Las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) promovidas en algunas universidades podrían ser ahora objeto de mayores restricciones. Según Trump, estas iniciativas representan una forma de "discriminación ilegal disfrazada de equidad" y, por lo tanto, propuso que se sancionara a las universidades que las promueven, aplicando multas y mayores impuestos. También dijo que iba a supervisar de más de cerca a las instituciones que, en su opinión, destinan fondos públicos para realizar actividades ideológicas, como investigaciones sobre la ya mencionada teoría crítica de la raza o programas relacionados con justicia social.

En este contexto, Trump plantea que el Departamento de Justicia tenga un rol más activo al litigar casos relacionados con admisiones universitarias. Su plataforma propone tomar medidas contra universidades que, según él, prioricen criterios raciales en sus políticas de admisión, calificándolos como formas de discriminación inversa.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación también podría ver reducido su alcance. Durante su primer mandato, Trump había eliminado ciertas directivas de la administración Obama destinadas a evitar el disciplinamiento desproporcionado de estudiantes de color. Es esperable, entonces, que ahora refuerce la postura de que los Estados y distritos locales sean los principales responsables de diseñar y aplicar políticas disciplinarias. En última instancia, podría reducir la influencia de los estándares federales destinados a proteger a los estudiantes más vulnerables.

El sistema de acreditación de instituciones de educación superior, que garantiza la calidad académica y el acceso a fondos federales, es otro de los aspectos que Trump busca reformular. Actualmente, las instituciones deben obtener la aprobación de agencias acreditadoras reconocidas por el Departamento de Educación para acceder a las becas Pell y los programas de ayuda financiera. Según Trump, algunas de estas agencias priorizan criterios que favorecen perspectivas progresistas, marginando valores conservadores o tradicionales.

Para abordar esta situación, el presidente sugirió crear nuevas agencias que enfaticen valores como la libertad de expresión, la eliminación de cargos administrativos vinculados a programas de diversidad y la promoción de una visión educativa alineada con principios tradicionales estadounidenses.

Trump ya había mostrado interés en intervenir esta área durante su primera presidencia, cuando bloqueó las reformas impulsadas por Barack Obama destinadas a aumentar la supervisión de las universidades con fines de lucro.

La reforma del sistema de acreditación, sin embargo, no es una tarea sencilla. Aunque es el secretario de Educación quien tiene la autoridad para aprobar o retirar el reconocimiento a las agencias acreditadoras, el proceso requiere de largos procedimientos y, en la mayoría de los casos, enfrenta una resistencia tanto del ámbito político como del educativo.

Trump ha propuesto la creación de un currículo nacional que fomente una visión histórica y cultural proestadounidense, centrado en “celebrar la historia, los logros y los principios fundacionales” del país. Este currículo se presentaría como un modelo para los Estados, aunque, dado el carácter descentralizado del sistema educativo, su implementación efectiva dependería de la voluntad de los gobiernos locales y estatales.

Esta iniciativa busca posicionarse como una alternativa a enfoques revisionistas como el “Proyecto 1619”, que ha sido objeto de críticas por parte de sectores conservadores. Recordemos que el Proyecto 1619 es una iniciativa periodística lanzada por The New York Times Magazine, cuyo objetivo es reexaminar la historia de los Estados Unidos con las contribuciones de los afroamericanos en el centro de la narrativa nacional. Su nombre hace referencia al año en que los primeros africanos esclavizados fueron traídos a las colonias inglesas en lo que hoy es Virginia.

En tanto, en el nivel universitario, Trump manifestó la intención de sancionar económicamente a las instituciones que, según él, promuevan actividades que considera “antipatrióticas”, como protestas relacionadas con la causa palestina. Aunque estas declaraciones reflejan una postura crítica hacia ciertas expresiones en los campus universitarios, no se ha presentado un plan que explique en detalle cómo implementarían las medidas. Trump indicó que podría condicionarse el acceso a fondos federales para aquellas universidades que no se alineen con las directrices de su gobierno en torno a estos temas. También dijo que tomará medidas contra los programas de investigación que aborden las desinformación en redes sociales, argumentando que estos podrían ser utilizados para censurar opiniones contrarias a las posturas oficiales.

Líderes educativos y expertos han advertido que este enfoque podría limitar la diversidad de perspectivas en las aulas y poner en riesgo la autonomía académica, uno de los principios fundamentales del sistema educativo estadounidense.

Por último, las políticas migratorias anunciadas por Donald Trump también podrían tener implicancias significativas en el sistema educativo. Su plan de deportaciones masivas, que incluye a millones de indocumentados, afectaría a los 4,4 millones de niños en edad escolar que tienen al menos un progenitor en situación irregular, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Estas medidas podrían interrumpir la continuidad educativa, incrementar el ausentismo escolar y generar altos niveles de estrés emocional entre los estudiantes, quienes a menudo enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de sus familias.

En el ámbito universitario, Trump ha propuesto restringir visas para estudiantes internacionales provenientes de países catalogados como “adversarios”, lo que podría impactar negativamente en la diversidad de los campus y en las finanzas de muchas instituciones que dependen de las matrículas completas que pagan estos estudiantes. Además, el presidente ha sugerido sancionar a universidades que se opongan públicamente a sus políticas migratorias. Esto podría generar tensiones con instituciones en Estados que han adoptado políticas más inclusivas hacia los inmigrantes y plantear interrogantes sobre la autonomía universitaria.

Estas medidas anticipan desafíos significativos tanto para las escuelas como para las universidades, donde las dinámicas sociales y culturales podrían verse afectadas por el clima de incertidumbre generado por las políticas migratorias, marcando un punto de inflexión en la relación entre el sistema educativo y las políticas de seguridad nacional.