La decisión del Municipio de Pilar, encabezado por el intendente Federico Achával, de modificar la “Tasa de Protección Ambiental”, que desde el próximo 15 de diciembre dejará de ser de un monto fijo por módulo y pasará a calcularse sobre cada operación (en definitiva, sobre la facturación), con una tasa del 2%, provocó airadas reacciones que incluyeron al ministro de Economía, Luis Caputo, y, en primera instancia a dirigentes del sector de super e hípermercados.
Cada ticket que emitan las cadenas de supermercados cargará con ese 2%, que impactará de lleno sobre los precios que pagarán los consumidores en esa localidad bonaerense.
La percepción también involucra a shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación.
“Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”, posteó Caputo en la red X.
Super e hipermercados
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) envió una carta a la secretaria de Hacienda del municipio, Anahí Moretti, pidiendo una audiencia “urgente”. En el texto, el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, advirtió que la aplicación de la nueva alícuota generará “graves perjuicios” a los vecinos de Pilar y que los supermercados “enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria”.
Sucede que las cadenas recibieron la notificación oficial de una medida, (surgida de una Ordenanza Fiscal) que comenzó a regir en forma inmediata y se aplica sobre todas las transacciones realizadas desde diciembre. Según comunicó la Intendencia local, las cadenas tienen plazo hasta el 15 de diciembre, es decir apenas cinco días hábiles, los de la semana próxima, para ajustar el sistema y hacer incluso cálculos retroactivos.
ASU remarcó que el 2% encarece cada producto vendido en el municipio con “traslado inmediato al consumidor”. La ausencia de un mínimo no imponible, explicó, implica que la percepción se aplica sobre cualquier importe.
Por su parte, los hipermayoristas agrupados en la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresaron su “profunda preocupación y rechazo". La nueva carga, dijeron, impactará de manera inmediata en el precio final que pagan los consumidores (...) encarecimiento que se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias”.
La disposición municipal, agregaron, “profundiza la presión impositiva sobre un sector que ya opera con altos costos y que, inevitablemente, traslada mayor carga tributaria al valor de los productos básicos”. Casi la mitad del precio de un paquete de fideos, apuntaron, son ya impuestos y sumar tributos municipales “no solo desalienta la actividad comercial, sino que termina afectando el bolsillo de millones de familias”.
Crédito más caro
Lejos de limitarse al supermercado, la proliferación de tasas municipales no solo encarece el precio de los alimentos, sino también el costo del crédito bancario y el precio de los bienes industriales.
Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), relacionó el aumento con el efecto que la menor capacidad de gasto de las provincias tuvo sobre la coparticipación municipal. “La coparticipación (nacional) creció 2% en el año, contra un aumento del gasto del 13/14% real de las provincias. Hay una lucha por el espacio fiscal, para sostener el gasto. Esto refuerza la necesidad de una reforma tributaria. Los municipios deberían cobrar tasas solo sobre los servicios que realmente prestan, y deberían eliminarse las alícuotas sobre la facturación, porque disocian la tasa del servicio que realmente prestan”.
“En la Argentina hay 155 distintos tipos de tributo; 85 municipales, 45 nacionales y 25 provinciales. Diez explican el 92% del total”, recordó el director del Iaraf, que actualiza anualmente su “Vademecum impositivo”.
La ”Tasa de Seguridad e Higiene”, el principal caballito de batalla de Intendencias y Consejos Deliberantes, es uno de esos diez tributos que más recauda, además de los “Ingresos Brutos” de las provincias, cuyo efecto sobre los precios finales es mucho mayor a la alícuota nominal, pues al cobrarse sobre cada eslabón de la cadena de valor, el “efecto cascada” multiplica su incidencia.
“La inflación cubre todo, incluida la ineficiencia de gestión tanto pública como privada. Cuando baja, la recaudación no responde como antes y muchos municipios usan este tipo de tasas o contribuciones para recuperar ingesos. Esto se está dando más ahora en el conurbano, pero un contrajemplo es Tres de Febrero, donde Diego Valenzuela apostó a hacer más eficiente la gestión del gasto”, dijo Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, que mensualmente calcula el costo del “Changuito Federal” en cada provincia y en CABA y nota que la dispersión de tasas “es muy grande”.
Industria: 7,4 tasas por municipio
Desde la Unión Industrial Argentina recordaron a Infobae que un reciente estudio del Departamento de Política Tributaria de la entidad precisó que las firmas industriales pagan en promedio 7,4 tasas municipales. “Son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad de los productos argentinos”, dijo el titular de la UIA, Martín Rappallini.
Peor aún, el estudio fabril precisa que más del 80% de las tasas no tiene contraprestación y que las provincias con mayor cantidad de tasas por municipio son Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos y Misiones. “La industria no tiene rueditas”, señaló Rappallini, para subrayar que las plantas industriales no pueden relocalizarse ante el aumento de costos municipales, pero sí a la hora de evaluar nuevas inversiones.
El estudio de la UIA afirma que Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal, a nivel nacional y a nivel subnacional. Sobre 30 países, es el único donde la tasa municipal es tan gravosa como el impuesto provincial. “Tanto Ingresos Brutos como la Tasa de Seguridad e Higiene se calculan sobre los ingresos del contribuyente”, explica el estudio, que precisa entre otras cosas que:
- 1 de cada 3 tasas es por Seguridad e Higiene (TISH). En productos como alimentos la TISH representa el 1,8% del precio final del producto
- 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios
- 51% no son proporcionales a los servicios recibidos
- 35% generan doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos, es decir, las empresas abonan varios impuestos sobre una misma base imponible. De los 30 países estudiados (OCDE y otros), esto solo ocurre en Argentina e Italia.
A raíz de eso la UIA propuso, mediante un “Consenso Fiscal”, poner tope a las tasas municipales, armonizarlas para evitar doble imposición, exigir justificación real y contraprestación y coordinación entre Nación, provincias y municipios.
Cómo escapar: el caso del Banco Nación
A su vez, un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea para el Banco Nación calculó el peso de las tasas municipales sobre el costo del crédito, encareciéndolo. En el caso del conurbano la carga, precisa el estudio, va desde 20% en La Matanza hasta 3% en Tres de Febrero.
Pero los bancos no pueden discriminar las tasas de interés ni el Costo Financiero Total (CFT) en cada provincia y municipio según el peso de los tributos locales, sino que aplican un mismo adicional en todo el país, que refleja el impacto promedio. Esto implica que quienes toman un crédito en provincias y municipios que aplican tributos bajos subsidian a los de provincias y municipios con tributos y tasas altas, con lo cual algunas provincias “exportan impuestos” a las demás. Estos “incentivos perversos”, dice el estudio, contribuyen a encarecer el crédito y a desalentar la inversión y el consumo en todo el país, afectando así el crecimiento económico general.
Esta situación llevó al BNA a la decisión de cerrar su sucural en Ramos Mejía, partido de La Matanza, y mudarla a Ciudadela, en Tres de Febrero, amén de apuntar a eventuales cierres en alguno de los 50 municipios con las tasas más altas. En varios se presentaron cautelares y hay juicios en marcha, justamente por los altos impuestos.
Existen diversas formas de cobrar la tasa a los bancos. En algunos casos se cobra sobre la facturación; en otros, directamente sobre el spread (diferencia entre tasas activas y pasivas). En cualquier caso, lo recaudado no tiene ninguna correspondencia con el servicio supuestamente prestado.
De regreso a Pilar
En cuanto a la reciente medida en Pilar, la Asociación de Supermercados también alertó sobre las dificultades que genera para las campañas comerciales con precios cerrados, habituales en diciembre. Dieron como ejemplo una caja navideña publicada a $10.000, cuyo precio aumentará a $10.165,28 con la nueva percepción. “Eso generará malestar en los clientes y provocará que algunos cancelen compras en la línea de cajas por no contar con el dinero extra o por el enojo generado por el cargo adicional”, advirtió la entidad en la comunicación enviada al municipio.
Como otras veces en que la tasa era un monto fijo —había alcanzado unos 60 pesos—, los supermercados informarán a los clientes sobre la actualización mediante cartelería en las sucursales.
Cabe aclarar que la nueva percepción del 2% solo se aplica a supermercados, hipermercados y actividades señaladas en la norma. Almacenes, casas de electrodomésticos, locales de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no están obligados a cobrar ese recargo.
Heladera $25.000 más cara
Otro señalamiento de los supermercadistas es que la nueva medida impactará la venta de artículos de alto precio, como electrodomésticos. Una heladera cuyo precio era de $1.500.000 aumentará en casi $25.000 con la nueva percepción.
ASU también advirtió sobre los efectos en transacciones por billeteras digitales y promociones bancarias. En plataformas como Modo los reintegros se calculan sobre el monto total abonado por el cliente, sin discriminar conceptos. Así, el supermercado recibe un importe final menor, pero debe transferir al municipio la percepción del 2% sobre el total, lo que encubre una alícuota mayor a la anunciada.
También está la posibilidad de un aumento de costos de abastecimiento por aquellos proveedores ubicados en Pilar, quienes podrían aplicar la percepción del 2% a sus ventas.
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