El Gobierno oficializó este martes el habitual Bono Extraordinario Previsional que, desde hace más de un año perciben los jubilados que cobran el haber mínimo y las personas incluidas en diferentes regímenes del sistema de seguridad social.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 771/2025 publicado en Boletín Oficial, la medida busca “mantener el poder adquisitivo y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación”. Desde enero de 2024 y hasta este entonces, se otorgaron dichos refuerzos económicos por decisión del Poder Ejecutivo, al considerar que los efectos de la movilidad habían generado un desfasaje importante para jubilados y pensionados de menores ingresos.

De esta manera se determinó que el bono de $70.000 será abonado de forma automática a quienes cumplan las condiciones establecidas, es decir: titulares activos de prestaciones contributivas del sistema nacional, los comprendidos en regímenes especiales derogados, quienes hayan sido transferidos desde cajas provinciales o municipales y beneficiarios del régimen creado por el Decreto 160/05. También serán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y quienes perciban pensiones no contributivas, cualquiera sea su naturaleza.

Tal como sucede cada mes, el texto indica que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán la suma en su totalidad, mientras que aquellos cuyos haberes superen ese mínimo accederán a un monto proporcional que permita alcanzar el tope formado por la suma del haber mínimo más el bono extraordinario. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reiteraron que este extra será de carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y no será computable para el acceso o cálculo de otro beneficio.

En cuanto a los cambios en dichos haberes, el último registrado fue en octubre, cuando se aplicó un aumento del 1,8% en los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para todos los beneficiarios. El incremento respondió a la actualización basada en el índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A raíz de un informe, se conoció que Argentina se encuentra en el puesto 51 entre 52 países en el Índice Global de Pensiones 2025 elaborado por Mercer y el CFA Institute, lo que la posiciona entre los sistemas jubilatorios menos destacados del mundo. El relevamiento, que incluyó a países donde reside aproximadamente dos tercios de la población global, examinó la solidez de los sistemas previsionales en tres dimensiones clave: adecuación, sostenibilidad e integridad.

El informe, liderado por organismos internacionales con experiencia en consultoría previsional y mercados financieros, colocó al país solo por encima de Filipinas en la edición actual del índice. Dolores Liendo, directora del área de manejo de riqueza de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó que el estudio abarcó naciones representativas en los cinco continentes y ratificó que el universo analizado refleja la realidad que enfrentan sistemas de pensiones muy diversos.

Según explicó Liendo a Infobae, la adecuación se vincula a la capacidad de un régimen previsional para garantizar ingresos suficientes a los beneficiarios tras finalizar su vida activa. En ese plano, el análisis examinó variables como la tasa de reemplazo y el acceso efectivo de los trabajadores al beneficio.

El estudio también revisó la sostenibilidad, que califica qué tan viable es el sistema argentino en el tiempo, especialmente ante desafíos como el envejecimiento poblacional, cambios en la base laboral y crisis económicas. Para los especialistas, la Argentina presenta marcadas vulnerabilidades en la solidez macroeconómica, el financiamiento de largo plazo y la inclusión de nuevos aportantes, aspectos que afectan la resiliencia del sistema jubilatorio.

El tercer aspecto medido es la integridad, que evaluó la adecuación de los marcos regulatorios, la transparencia de la gestión y la confianza social en el modelo previsional. La calificación local resultó baja en este eje por factores como los cambios frecuentes en la normativa, la falta de reglas estables, el financiamiento estatal deficitario y las dudas sobre la predictibilidad del sistema.