El avance del delito tecnológico y el incremento de la conectividad pusieron en primer plano la necesidad de proteger billeteras virtuales y cuentas bancarias ante el robo de celulares. El fenómeno afecta a miles de personas diariamente en Argentina, donde el impacto económico de un dispositivo robado se multiplica por el acceso a información personal y financiera. Las autoridades y expertos coinciden en que la rapidez y el conocimiento de los procedimientos de emergencia resultan determinantes para minimizar daños.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se denunciaron cerca de 10.000 robos de celulares por día, lo que equivale a 416 equipos por hora. El Observatorio de Seguridad Ciudadana calcula que los teléfonos representan más de una cuarta parte de los bienes sustraídos mediante robo o hurto, tanto en la vía pública como en el hogar. Las cifras oficiales indican que, en los últimos doce meses, más de un millón de dispositivos fueron bloqueados por robo, hurto o extravío.

El atractivo de los delincuentes se centra menos en el valor material del equipo y más en los datos personales y las cuentas digitales que podrían quedar expuestas tras un ataque. Cuando el teléfono tiene medidas de protección insuficientes, el acceso no autorizado a cuentas bancarias, billeteras virtuales o redes sociales ocurre en cuestión de minutos.

Los especialistas describen como práctica más común la activación del modo avión inmediatamente después del robo. Esta función desactiva las conexiones inalámbricas, el GPS y las posibilidades de recibir llamadas o mensajes, lo que dificulta el rastreo y el bloqueo a distancia por parte del usuario. Si el equipo carece de bloqueo seguro, el asaltante accede rápidamente a redes sociales, correo electrónico y aplicaciones financieras.

En varios casos, el valor económico del celular robado resulta secundario en comparación con la posibilidad de acceder a datos personales, fotografías, claves de acceso y cuentas bancarias. El dispositivo se convierte en un atajo para obtener información sensible o realizar operaciones financieras no autorizadas.

La tarjeta SIM también representa un objetivo. Si el delincuente no puede desbloquear la pantalla del dispositivo, suele extraer el chip para colocarlo en otro equipo, con el fin de recibir códigos de recuperación o verificar aplicaciones de pago y billeteras digitales asociadas al número telefónico original. Esta vulnerabilidad expone no solo el acceso a información bancaria, sino también la manipulación de cuentas de servicios como Uber, plataformas de delivery y suscripciones a contenidos digitales.

Los procedimientos para reducir el riesgo de exposición de información financiera y personal requieren algunos pasos clave:

1. Reducir el tiempo de bloqueo automático

Configurar el apagado automático de pantalla a 15 segundos limita el margen de acción del delincuente.

2. Implementar un bloqueo de pantalla robusto

La protección mínima recomendada se basa en PIN, patrón o contraseña, preferentemente combinados con huella digital. El desbloqueo facial ofrece comodidad, aunque su efectividad resulta menor frente a ataques decididos. La combinación de métodos multiplica el nivel de seguridad.

3. Exigir PIN para apagar el teléfono (Android)

En modelos compatibles, resulta efectivo activar la opción que solicita una clave antes de permitir el apagado o reinicio. Generalmente, este ajuste se encuentra en las secciones “Pantalla de bloqueo” y “Ajustes de bloqueo seguro”.

4. Ocultar el patrón de desbloqueo

En sistemas basados en Android, resulta útil desactivar la opción “Hacer visible el patrón” para impedir que el trazo quede marcado y pueda copiarse tras un vistazo rápido.

5. Establecer contraseña en la tarjeta SIM

La activación de un código PIN para la tarjeta SIM impide que el chip se use en otro dispositivo sin autorización. El bloqueo puede habilitarse desde las opciones de seguridad en el sistema operativo.

6. Reforzar medidas de seguridad en iPhones

Los dispositivos de Apple ofrecen la posibilidad de crear una automatización que, ante un intento de activar el modo avión, exija una palabra clave y bloquee el equipo, enviando la ubicación a contactos preseleccionados. La desactivación del Centro de control cuando el equipo está bloqueado evita que el ladrón acceda a controles rápidos.

La rapidez en la respuesta condiciona el alcance del daño y la eventual sustracción de fondos. Los principales pasos sugeridos por expertos y operadores del sector son:

• Denunciar la línea llamando al 910 para informar la sustracción y suspender el servicio. Esto previene el uso de la tarjeta SIM para recibir códigos de verificación o realizar llamadas.
• Bloquear el IMEI, un código único de 15 dígitos que identifica cada aparato. El usuario obtiene este dato marcando *#06# en el equipo y lo entrega a la compañía telefónica para inutilizar el teléfono en cualquier red.
• Cambiar todas las contraseñas de correo electrónico, bancos, billeteras y cuentas asociadas. Activar la verificación en dos pasos aumenta la protección ante intentos de acceso remoto.
• Desvincular tarjetas de crédito o débito conectadas a servicios de movilidad, aplicaciones de reparto y plataformas de pago, para evitar compras y cargos no autorizados.
• Presentar denuncia policial, con la factura o comprobante de compra del equipo. Esto es indispensable para reclamar ante un seguro, si corresponde.
• Comunicar la situación al banco para que active protocolos adicionales, como el monitoreo de movimientos e implementación de bloqueos temporales.

Los especialistas en seguridad informática señalan que el teléfono móvil concentra la mayor parte de la vida digital de los usuarios. Gestores de identidad, acceso bancario, historial médico, archivos, fotografías y claves de aplicaciones residen en el dispositivo. El robo abre una puerta a toda esa información, lo que multiplica el daño potencial.

La facilidad de reventa de los smartphones, sumada a la explotación de datos bancarios y privados, explica que bandas organizadas y oportunistas dediquen esfuerzos a este tipo de delitos. El interés principal radica en las credenciales, el acceso a correos y cuentas, así como la capacidad de operar transacciones o suplantar identidades con la información obtenida.

Las modalidades se multiplican: desde ventas informales en mercados secundarios hasta el hackeo en busca de transferencias rápidas o la extorsión a cambio de la recuperación de información privada.

La clave está en combinar prevención con capacidad de reacción. Ajustes mínimos en los parámetros de seguridad de los teléfonos pueden limitar el acceso no autorizado, mientras que la comunicación oportuna con las entidades financieras y la denuncia aceleran la anulación de operaciones y el monitoreo de movimientos.

El entorno digital y la metodología de los delitos evolucionan en paralelo. Por eso, la actualización de las medidas de seguridad y el conocimiento de los procedimientos estándar adquieren una importancia central en la protección de bienes y datos.