El Gobierno recalculó su estrategia para reducir la planta estatal: los retiros voluntarios en organismos descentralizados y entidades ahora necesitarán un “doble aval” para llevarse a cabo.

Por la Resolución 50/2025 que se publicó en el Boletín Oficial del lunes, la aprobación de este proceso exigirá la intervención previa y favorable de la Subsecretaría de Presupuesto y de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Se trata de dos áreas controladas por ministros distintos: la primera por Luis Caputo y la segunda por Federico Sturzenegger, quien hasta el momento fue el único encargado del proceso de achicar la planta estatal.

Siendo una Resolución que tiene la firma de Maximiliano Fariña (Transformación del Estado), quien es en la práctica la mano derecha de Sturzenegger, y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el responsable de la planilla de ingresos y gastos de Caputo.

Según explicaron fuentes del ministerio de Transformación del Estado, la decisión se debe a que todos los programas de retiro voluntario generan un impacto presupuestario.

“Ya sea en términos de costos presentes o de ahorros futuros. Y a la vez, se encuentran estrechamente vinculados con las políticas de empleo público”, explicaron las fuentes a Infobae, por lo que el diseño del mismo debe trabajarse entre las dos áreas.

La Resolución tiene como objetivo ordenar y formalizar las intervenciones y procedimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la mejora continua de los procesos administrativos. Y se dictó en un momento en donde la meta de superávit fiscal (1,3% del Producto Bruto Interno (PBI)) comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pone en dudas, dado el costo de la medida de retenciones cero que duró menos de tres días.

El “Sistema de Retiro Anticipado” que se implementó en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Juan Pazo, fue uno de los que mayores controversias generó por los altos sueldos que se pagan en el organismo.

Según pudo saber Infobae por un pedido de información pública, 795 agentes tomaron el retiro, lo que implicó un gasto de $105.453.703.331 (un promedio de $132.646.168 por agente).

“El monto correspondiente será abonado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, la primera en el mes de abril”, explicaron en su momento fuentes del organismo con la aclaración de que ese gasto en realidad implicaba un ahorro que se estima es $196.101.461.982, siendo un promedio por agente de $246.668.505. Para dicho ahorro, se proyectaron las remuneraciones faltantes a cada agente inscripto hasta su fecha de egreso por jubilación -a valor nominal de enero 2025- y un estimado de gastos de funcionamiento por agente”, destacaron.

En agosto, la dotación total fue de 285.733 en agosto según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Un nuevo dato que implicó una variación interanual (v.ia) negativa de 7,8% e intermensual de 0,7%.

Pero de ese total, 194.934 correspondían a la Administración Pública Nacional (en su mayor eran de la administración descentralizada, 110.898) que tuvo una v.ia negativa del 7% y 90.799 a empresas públicas (-9,4% v.ia).

En el caso de estas últimas, el análisis desde diciembre de 2023 hasta agosto expuso que la reducción del personal no fue homogéneo en todas las empresas públicas, cuando algunas se encuentran sujetas a proceso de privatización y/o concesión.

Entre las que tienen mayor cantidad de empleados, los recortes los encabezó Banco Nación que pasó de una planta de 17.688 empleados a fin del mandato de Alberto Fernández a 15.838 en agosto, una diferencia de 1.850 agentes.

Por debajo quedó Aerolíneas Argentinas, que recortó de 11.986 a 10.117 (diferencia de 1.869) y la Fábrica de Aviones “Brig. San Martín” S.A de 992 a 706 empleados (diferencia de 216).

En cuarto lugar quedo Fabricaciones Militares S.E. que al inicio del mandato de Javier Milei tenía 1.478 y ahora 1.092 (diferencia de 386 empleados) y en quinto lugar, Educar S.A.U. de 458 a 200 (diferencia de 258).

Por la Ley Bases, desde mediados del año pasado se encuentran sujetas a privatización Energía S.A., Intercargo SAU, y/o concesión Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

El recorte de personal fue mayor en SOFSE con 3.904 empleados menos lo que dejó a la planta en 20.718; seguido por AYSA con 1.638 (ahora cuenta con 6.152) y Corredores Viales S.A. con 784 (3.352).

Siendo este, la eficiencia de los gastos en personal, un paso necesario para concretar el traspaso a manos privadas. Una vía que contribuiría a sumar reservas en el Banco Central de Republica Argentina (BCRA) según palabras del ministro Caputo.