La vuelta de controles al mercado de cambios implicó una redefinición del acceso y uso del dólar oficial y su relación con los segmentos financieros. Las medidas anunciadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía introducen reglas que apuntan a desactivar mecanismos de arbitraje. Aquí van tres claves para entender el alcance de las nuevas restricciones.

La medida central del nuevo esquema es la reinstauración de lo que el mercado conoce como “restricción cruzada”. A partir de la Comunicación “A” 8336 del BCRA, quienes compren dólares en el mercado oficial quedan inhabilitados por 90 días para operar con dólar MEP o contado con liquidación, y viceversa.

El objetivo es desincentivar el arbitraje entre mercados —lo que algunos denominan “rulo cambiario”— donde un actor compra al tipo de cambio oficial y se beneficia revendiéndolos en mercados bursátiles a un precio más alto.

La norma aplica tanto para personas humanas como jurídicas, extendiendo el alcance de restricciones que en algunos casos ya existían para actores financieros específicos. Desde la autoridad monetaria explicaron: “Las personas pueden comprar los dólares para ahorrar, lo que no pueden es ir a abastecer el dólar financiero con esos dólares”.

Este diseño obliga a optar por un canal cambiario, con un costo de oportunidad implícito para quien pretenda circular entre el oficial y el financiero en plazos cortos.

Otra pata de las nuevas restricciones se vincula al rol del Tesoro y del BCRA en incorporar divisas que ingresan al mercado interno, especialmente aquellas provenientes del sector agroexportador. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la aplicación del nuevo régimen el Tesoro “compró USD 1.345 millones, de un total que liquidó el agro de USD 1.745 millones”.

Antes de la medida, el Gobierno señala que sólo podía apropiarse del 25% de lo que liquidaba el campo; ahora ese porcentaje ascendió al 77%.

Este aumento en la capacidad de intervención busca reforzar las reservas internacionales y evitar que los dólares ofertados se filtren al circuito financiero. En efecto, en la jornada en que entró en vigencia la restricción cruzada las reservas del Banco Central subieron casi USD 1.889 millones, alcanzando los USD 41.238 millones.

Además, el Tesoro logró captar más de $1,8 billones a través de una licitación, lo que según Caputo muestra que “esos pesos no están yendo a dólar”.

La lógica oficial es que al absorber más divisas internamente, se reduce la presión sobre el tipo de cambio oficial, se contiene el drenaje de reservas y se modulan las distorsiones cambiarias.

Tras el anuncio de las restricciones, el mercado reaccionó con una ampliación significativa de la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros.

Por ejemplo, el dólar “contado con liquidación” subió casi $92 (6,8 %) a $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de $86 (3,5 %) a $1.423,36. En ese contexto, la brecha entre el tipo de cambio oficial —cotizado en el Banco Nación en $1.350— y el “liqui” se amplió a 7,7 %; respecto del MEP, quedó en 5,4 %.

Analistas destacaron que la brecha escaló hasta 10% en ciertos cruces, mientras que el índice de riesgo país subió alrededor de 70 puntos básicos.

El mecanismo de restricción cruzada actúa como una barrera artificial que reduce la liquidez en el mercado bursátil de dólares, dificultando el arbitraje que anteriormente mitigaba tensiones entre mercados.

Un efecto colateral es que los operadores anticipan menos oportunidades de ganancia entre mercados, lo que cambia expectativas de demanda y puede provocar saltos abruptos en las cotizaciones bursátiles. Algunos economistas estiman que sin ese canal de arbitraje, la presión sobre el dólar oficial podría agravarse en momentos de demanda estacional elevada, especialmente cuando el agro liquide fuerte.