La Legislatura bonaerense comenzó a tratar un proyecto de ley que apunta a transparentar la formación y comunicación de los precios de los combustibles en la provincia. La iniciativa propone que las empresas productoras y expendedoras estén obligadas a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier modificación en los valores de venta de naftas, gasoil y gas natural comprimido.

De acuerdo con el proyecto, el objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a contar con información adecuada y veraz. “Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”, expresó la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, al defender su propuesta.

El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad de aplicación provincial cualquier cambio en los precios con al menos 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio deberán publicitar esas modificaciones en cartelería visible al público, en surtidores y en sus canales digitales oficiales con un plazo no menor a 48 horas antes de que entren en vigencia.

Para garantizar el cumplimiento, la norma incluye un esquema de sanciones. Las petroleras que no informen en tiempo y forma podrán enfrentar multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, también se contempla la suspensión temporaria de la habilitación comercial. Por su parte, las estaciones de servicio podrían recibir multas equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta, además de la clausura preventiva si repiten incumplimientos.

“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó Rasquetti durante la presentación del texto.

Entre los fundamentos, el proyecto señala que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos de combustibles generó un vacío normativo que afecta a los usuarios. En ese marco, la provincia busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en lo establecido por la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.

El texto recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la potestad de adoptar medidas de control. Asimismo, cita la jurisprudencia del caso Halabi (2009), que reafirmó el carácter colectivo de los derechos vinculados al acceso a la información.

“El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, subrayó la legisladora autora de la propuesta.

El proyecto también destaca que la fijación de sanciones en litros de nafta permite que las multas se actualicen de manera automática, evitando que pierdan eficacia frente a la inflación. De esta forma, se busca garantizar que la norma conserve su capacidad de disuasión a lo largo del tiempo.

En caso de aprobarse, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial será el encargado de definir la autoridad de aplicación y podrá celebrar convenios con los municipios para fiscalizar el cumplimiento.

Rasquetti sostuvo que la iniciativa es parte de una agenda orientada a “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos”. En su exposición, advirtió: “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.

Con este proyecto, el massismo busca instalar en la agenda legislativa bonaerense un tema sensible para consumidores y empresas, en un contexto en el que los precios de los combustibles son determinantes para el transporte, la producción y la vida económica de la provincia.