La Cámara de Comercio denunció ante Caputo “aduanas interiores” entre provincias

La entidad criticó la presión fiscal en las distintas jurisdicciones del país y advirtió que afecta el funcionamiento del comercio

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Las empresas advierten que es
Las empresas advierten que es una práctica cada vez más extendida en varias provincias y que afecta el funcionamiento del comercio. REUTERS/Florence Lo

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, denunciando “aduanas interiores entre provincias”. El reclamo se debe a los regímenes de pago a cuenta de Ingresos Brutos por transporte interjurisdiccional de mercaderías.

La entidad rechazó las diversas normativas provinciales que imponen pagos a cuenta del impuesto al momento de la entrada de distintos tipos de bienes en su territorio para su posterior comercialización. Si previamente no se acredita el pago anticipado del tributo, no pueden ingresar a la provincia.

“Observamos con preocupación que dichos esquemas comienzan a proliferar con grave daño al comercio interjurisdiccional y por tanto a las empresas que representamos. Cada uno de estos regímenes tiene sus particularidades y complejidades: formas de cálculo, tipos de bienes alcanzados, frecuencia de la obligación del ingreso de los pagos a cuenta; y documentación de respaldo que obligatoriamente cada transportista debe exhibir en los distintos puestos de control jurisdiccionales”, afirmaron en la carta.

El presidente de la CAC,
El presidente de la CAC, Mario Grinman

Las empresas que comercializan distintos tipos de mercaderías advierten que es una práctica cada vez más extendida en varias provincias y que afecta el funcionamiento normal del comercio y complica la gestión administrativa. Según señalan, los procedimientos establecidos por las normativas locales generan ineficiencias que obligan a destinar recursos adicionales.

El principal obstáculo surge porque los despachos deben adecuarse a los días y horarios hábiles bancarios para emitir comprobantes y realizar pagos. Esto expone a los transportistas al riesgo de pérdidas en productos congelados o perecederos si los camiones son retenidos en los puestos de control por inconsistencias en la documentación.

Además, las compañías subrayan que la implementación de estas medidas las obliga a invertir en sistemas específicos solo para cumplir con requisitos que consideran carentes de legalidad, flexibilidad y eficiencia.

En consecuencia, “se producen efectos adversos en la logística por la necesidad de, por ejemplo, coordinar horarios de carga y descarga de los bienes, lo cual obstaculiza el desenvolvimiento del comercio interprovincial, genera un alto grado de burocratización e ineficiencias, eleva los costos y se traduce en un incremento de la carga fiscal, tanto por los aspectos financieros como administrativos involucrados”, sostiene el comunicado.

“En un extremo, si todas las provincias replicaran esta mala práctica, implicaría que los centros logísticos sólo podrían operar en horarios bancarios, debido a que las transferencias se pueden realizar desde las 7 hasta las 18 horas durante los días de semana, cuando en la práctica estos centros logísticos operan las 24 horas incluyendo sábados y domingos”, agrega.

CAC: “Se producen efectos adversos
CAC: “Se producen efectos adversos en la logística por la necesidad de, por ejemplo, coordinar horarios de carga y descarga de los bienes" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se agrega que estos regímenes se superponen a varios otros, como los Regímenes Generales, el SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias) y el SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra); los cuales se rigen de manera autónoma entre sí y que, en conjunto, generan de forma sistemática y recurrente saldos a favor que permanecen inmovilizados durante períodos indeterminados. Esta situación, advierten, provoca efectos financieros directos sobre las empresas

“Todas estas complejidades operativas y efectos financieros atentan contra las constantes búsquedas de eficiencias en los costos de comercialización y distribución de las empresas, lo que potencialmente se traducen en mayores precios de venta al público, yendo en sentido contrario a las políticas de desregularización y desinflación que implementa el Gobierno Nacional, empeorando la competitividad de las empresas argentinas”, consideró la CAC.

El presidente de la entidad, Mario Grinman, ya se había quejado días atrás, además de las tasas municipales, de la presión fiscal “descarada” de los gobernadores.

En la misma línea se expresó este martes Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), quien reclamó avanzar en una reforma tributaria que reduzca la presión fiscal y simplifique el sistema. “La Argentina no sólo cobra mucho: cobra mal”.

A su vez, un informe de la UIA indicó que, en promedio, cada empresa debe realizar 7,4 pagos de tasas municipales, un número que muestra tanto el aumento de tributos como la disparidad de situaciones entre provincias y municipios. Las pymes son las más impactadas, ya que la carga impositiva difiere de manera considerable según la ubicación geográfica.