Cuál es el impacto de las políticas económicas de Milei en las jubilaciones: ajustes y poder de compra

Desde el primer mes de gobierno de Javier Milei, cuando la inflación alcanzó a 25,5% en diciembre de 2023 y no logró bajar a un dígito mensual hasta abril de 2024, el cierre del grifo expansivo de dinero por parte del BCRA y la recuperación del superávit fiscal se convirtieron en ejes principales de su gestión. Esto le permitió al Gobierno mejorar el ingreso real de casi un tercio de los jubilados, y más aún a la totalidad de los perceptores de la Asignación Universal por Hijo.

No obstante, legisladores de la oposición y economistas de consultoras cuestionan al equipo económico, destacando que gran parte del ajuste fiscal ha recaído sobre jubilados y pensionados.

En las últimas semanas, intentaron convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados, para promover un proyecto que incremente las jubilaciones, especialmente el bono suplementario de $70.000 vigente desde marzo de 2024, que no se ha actualizado para quienes perciben la mínima, sin lograr el quorum necesario. También buscaban la restitución por dos años de la moratoria previsional.

Las ejecución de las finanzas públicas publicada mensualmente por la Secretaría de Hacienda muestra la evolución del poder de compra de jubilaciones y pensiones, que ha seguido distintos rumbos desde la crisis de Covid-19 en 2020. Bajo la administración de Alberto Fernández, quienes percibían la mínima experimentaron aumentos superiores al del resto del sistema.

Hasta el primer trimestre de 2024, la partida previsional se redujo en términos reales debido a la aceleración inflacionaria, alcanzando cifras de dos dígitos, y los ajustes según la anterior Ley de Movilidad.

El nuevo gobierno intentó sin éxito modificar esta ley, cuyos criterios causaban una significativa pérdida de poder adquisitivo debido a su desfase temporal.

Los aumentos trimestrales en diciembre, marzo, junio y septiembre se basaban en una combinación del 50% de la variación de los salarios (medida por el indicador Ripte -Remuneración Imponible para el Trabajador Estable- y el índice del Indec) y el 50% de la recaudación tributaria de la Anses por beneficiario, con un retraso de un semestre. Esto resultaba en pérdida real de poder adquisitivo.

Esto se debía no solo a que se tomaba como base de ajuste la variación del trimestre previo, sino también a que la aceleración inflacionaria agravaba la pérdida de poder adquisitivo desde el momento de la aplicación de la actualización de los haberes.

La nueva política económica busca una continua desaceleración de la inflación -tras el sinceramiento cambiario dispuesto en diciembre-, a través de una férrea disciplina de reducción real del gasto público y prohibición absoluta al financiamiento con emisión del Banco Central, para asegurar la recuperación del poder adquisitivo de los haberes previsionales mes a mes, hasta que la inflación pasada y la presente se equiparen.

De ahí que desde abril de 2024 las actualizaciones comenzaron a ser muy superiores a la inflación, tanto desde el ajuste anterior como durante el período de percepción, porque el Gobierno dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia 70 dejar sin efecto la Ley de Movilidad y pasar a otorgar subas mensuales -luego de la suba legal trimestral de marzo- sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec de dos meses antes.

El Gobierno también propuso contrarrestar la discriminación en contra de los perceptores de montos superiores a la mínima -comprende a quienes se retiraron y a los que reciben pensiones de quienes cumplieron con los requisitos básicos de 30 años de aportes y en la actualidad 60 años en el caso de las mujeres y 65 de los varones, representan 30% de la nómina total-, incrementando sus haberes en un 27,4% y 18% para el 70% restante. Para los meses siguientes, los ajustes se igualaron, aunque el bono complementario para la mínima permaneció fijo.

Durante los primeros 17 meses de Gobierno, hasta abril de 2025, quienes recibieron la mínima más el bono de $70.000 acumularon un aumento nominal de 185,9%, frente a una inflación de 204,9%, representando una pérdida de 6,2% en su poder adquisitivo. En contraste, quienes percibieron haberes superiores al mínimo sin bono -desde noviembre de 2023- , obtuvieron un incremento del 226,8%, recuperando 7,2% del poder adquisitivo perdido con el gobierno anterior.

Si se considera el ajuste de 3,73% que se liquida este mes -determinado por la inflación de marzo- y las estimaciones de variación del IPC de las consultoras privadas en torno de 2,2%, la pérdida real para los beneficiarios de la mínima se acorta a 5,3%, mientras que para el resto la mejora se amplía a 9,6 por ciento.

El promedio ponderado general indica una pérdida de 2,2% hasta abril, que disminuiría a un 0,8% en mayo, considerando que el 70% de los jubilados y pensionados perciben el haber base.

Relación con la canasta básica total

En la relación con el valor de la canasta básica, los perceptores del haber mínimo sufren una pérdida real, si bien la situación mejora en comparación con la variación del valor de la canasta básica informada por el Indec.

La inflación acelerada inicial y la vigencia de la Ley de Movilidad hasta marzo de 2024, resultaron en una caída real del 30% en la ejecución presupuestaria de la partida previsional en un trimestre.

Sin embargo, a partir de entonces, se observa una recuperación, llegando en junio al nivel de noviembre de 2023 y manteniéndose hasta agosto; desde ese momento, muestra un aumento real del 5,4%, alcanzando un máximo de 7,2% en febrero.

La diferencia entre el aumento real del presupuesto ejecutado por la Secretaría de Hacienda y la leve caída ponderada de los haberes se explicaría en parte por la aceleración en el pago de sentencias judiciales firmes, medida implementada por la Anses desde noviembre sin abonar retroactivos, y en una mínima proporción por el crecimiento vegetativo de los beneficiarios del sistema.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo antes que se frustrara la sesión de Diputados para discutir cambios en el sistema previsional: “Los haberes de jubilados y pensionados, en un sistema de reparto, sólo podrán mejorar con el crecimiento de la economía que impulse la inversión y los salarios de los trabajadores que aportan al sistema”.