El nuevo esquema cambiario que puso en marcha el presidente Javier Milei, con un dólar que flota entre $1.000 y $1.400, puede tener implicancias en uno de los precios más sensibles de la economía: las tarifas de luz y de gas. Una dinámica que cobra mayor relevancia en el marco de la intención oficial de correr al Estado del mercado eléctrico mayorista.
Si el tipo de cambio se estaciona por encima de los niveles previos a los de la última semana, aumentarán los costos de la energía, por lo que el Gobierno deberá permitir un traslado de mayores costos a las facturas o aumentar el gasto en subsidios. El peso se devaluó casi 10% en el debut de un mercado sin cepo y tras el anuncio del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“En el invierno los costos de generación eléctrica van a crecer y van a ser más altos que en 2024 medidos en dólares. Es decir que, incluso en el piso de la banda cambiaria, el costo de la energía en pesos aumenta”, advirtió el economista Julián Rojo.
“Esto puede pasarse a tarifas o bien no pasarse y absorber el sobrecosto vía subsidios. En cualquier caso, si el tipo de cambio no va al techo de la banda, el impacto no debería ser un gran problema”, resaltó Rojo.
No hubo una definición del Gobierno por ahora sobre lo que puede pasar con la inflación y, particularmente, con las tarifas después de la implementación del nuevo esquema cambiario. El ministro de Economía, Luis Caputo, evitó dar un pronóstico en la conferencia de prensa que realizó el viernes cuando un periodista le consultó al respecto.
“Con respecto al pass-through, es muy difícil de decir por qué de vuelta va a depender de dónde va el tipo de cambio. Lo mismo con las tarifas. A nosotros no nos sorprendería que en dos meses el dólar valiera mil. Entonces, la verdad que es muy difícil de poder contestar eso porque va a depender realmente de la situación del dólar”, dijo Caputo.
El ministro además resaltó que la baja internacional del petróleo en el marco de la menor actividad esperada por el efecto de los aranceles que impuso Estados Unidos “puede que juegue a favor”, aunque sostuvo que el precio de las tarifas “lo determinará el mercado”.
El desafío radica en cómo se compone el valor final que pagan los usuarios en sus boletas. Las tarifas de servicios públicos como la luz y el gas se desglosan en al menos tres grandes componentes: el precio de la energía en el mercado mayorista, el costo del transporte, el costo de distribución y los impuestos —que incluyen tributos nacionales, provinciales y, en algunos casos, municipales—. Con este esquema, cualquier aumento en el tipo de cambio puede tener un efecto multiplicador sobre el precio base de la energía, lo que a su vez impacta en el total de la factura que pagan los hogares y las empresas.
En este contexto, el reciente informe de JP Morgan advirtió que la evolución del nuevo régimen cambiario podría ejercer presiones temporales sobre los precios de bienes transables. Aunque el banco considera que el pass-through cambiario será más limitado que en los últimos 20 años, destaca que parte de ese traspaso ya se manifestó en marzo, antes de que se conocieran las nuevas medidas económicas.
“La incertidumbre cambiaria se está trasladando a los precios, aunque los servicios básicos muestran un comportamiento relativamente favorable”, señaló el reporte. Y agregó que con servicios aún anclados, el efecto inflacionario de un dólar más alto no debería desbaratar la tendencia desinflacionaria observada desde inicios de 2024. JP Morgan elevó levemente su previsión de inflación para diciembre de 2025 a un 26–27% anual, pero redujo la de diciembre de 2026 a un rango de entre 10% y 12%.
Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió ante el FMI a avanzar con la eliminación de subsidios a la energía, incluso para los sectores medios. Según la hoja de ruta acordada, en mayo se concretará un aumento para los usuarios de ingresos altos y medios, y a partir de junio se aplicará un sistema de precios estacionales que refleje el costo real de abastecimiento, sin intervención estatal. A largo plazo, la intención oficial es que el Estado se retire del rol de comprador de energía para que sean las empresas las que pacten directamente la provisión.
En el corto plazo, sin embargo, el Gobierno optó por postergar los aumentos tarifarios previstos para abril, con el objetivo de consolidar la desaceleración inflacionaria y aliviar el ajuste sobre los hogares, especialmente de clase media. Con un resultado fiscal mejor al esperado en el primer trimestre del año, el Ministerio de Economía tiene cierto margen para demorar el traslado de los costos energéticos a los usuarios, aunque esto signifique un mayor esfuerzo fiscal.
El nuevo esquema de segmentación implicará además que alrededor del 60% de los usuarios residenciales de gas y el 70% de los de electricidad —correspondientes a los niveles N1 y N3 del esquema de ingresos— comiencen a afrontar mayores costos energéticos en los próximos meses, en función de un consumo base subsidiado y otro al precio pleno del mercado.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
