Con el número 23 aprobado por el directorio del FMI, la Argentina alcanza ahora a Colombia en número de acuerdos con el Fondo. Por encima de ellos solo quedarán Perú, que firmó 26, y Paquistán, que firmó 24.
Pero Perú hace 26 años que no le debe un centavo al Fondo y los casos de Colombia y México (que tuvo 18 acuerdos) son parecidos: los montos se acordaron, en especial en los acuerdos de “Línea de Crédito Flexible”, para impresionar y convencer a los mercados que se trataba de países merecedores de crédito privado, lo que haría necesario su desembolso. Colombia firmó acuerdos que “sumaron” USD 33.190 millones, pero de ellos usó una fracción mínima y actualmente su deuda con el organismo es de solo USD 1.870 millones. A México el FMI le asignó créditos por una suma descomunal: USD 509.600 millones, pero de ellos le desembolsó “solo” USD 23.700 millones y desde el año 2000 México tampoco le debe un centavo al FMI.
Lo cierto es que en el pasado Perú y en la actualidad la Argentina, Paquistán y Egipto fueron y son lo que en su jerga e incluso en un documento de 2019 el Fondo llama “deudores repetidos” (repeated) o “prolongados” (protracted). Algo así como el alumno repetidor que va cambiando de compañeros de clase, pero no de hábitos.
En cuanto a los acuerdos que la Argentina firmó con el Fondo, la mayoría fueron del tipo Stand-by, de desembolso en un año y repago en no más de tres, de naturaleza estrictamente cortoplacista, para superar el soponcio financiero de ocasión (usualmente, una crisis de balanza de pagos reflejada en presiones sobre el dólar y la consiguiente devaluación).
En cambio, los últimos dos acuerdos, el de 2022 y el actual, son acuerdos de “Facilidades Extendidas”, de cuatro años de plazo en materia de desembolsos y un posterior período de repagos que estira el plazo total a diez años y medio. El actual es el resultado de que el de 2022 no se cumplió: peor aún; el gobierno de Alberto Fernández lo incumplió groseramente al cabo de un mandato que acumuló en cuatro años casi 1.000% de inflación.
El primer acuerdo fue firmado a fines de 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, dos años después del ingreso de la Argentina al organismo, del que la Argentina había sido inicialmente excluido debido a las simpatías con el Eje que había tenido el gobierno de Juan Domingo Perón (el Fondo fue creado por los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y empezó a funcionar a pleno en 1946).
Malos resultados
Ni ese ni posteriores programas tuvieron los resultados esperados. Por caso, los dos que llegó a firmar con el organismo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, que había derrocado al presidente radical Arturo Illia en la llamada “Revolución Argentina” con la venia de Perón desde Madrid y el apoyo explícito de la CGT, cuyos líderes asistieron a la asunción de Onganía y extrajeron de su gobierno la sanción de la ley 19.640, de Obras Sociales, aún hoy base de sus recursos económicos y su poder sindical. El segundo de esos programas lo firmó el entonces ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, un economista del ala liberal cuya gestión era vigilada desde la “secretaría Legal y Técnica” de la Presidencia, creada precisamente por el “ala nacionalista” del onganiato para impedir “excesos liberales”.
El “peronismo del ‘73″ no firmó ningún acuerdo con el Fondo, pero sembró y alimentó los fortísimos desequilibrios fiscales, de precios y monetarios que llevaron al “rodrigazo” de junio de 1975, el mayor descalabro económico de la historia económica hasta entonces, que no logró ser refrenado por ninguno de los tres acuerdos posteriores durante el gobierno peronista que tras la muerte de Perón encabezó su viuda, María Estela Martínez de Perón, más conocida como “Isabelita”.
Parecidos fueron los resultados de los stand-by firmados durante la dictadura militar 1976-1983. Las intenciones de “fortalecer la balanza de pagos”, “controlar la inflación” y “sentar las bases del crecimiento”, frases usuales en los acuerdos con el FMI, en un contexto de “tablita cambiaria” y “enfoque monetario del balance de pagos”, cosecharon igual cantidad de fracasos.
Desde fines de 1983, con el regreso de la democracia, el peso de la deuda pública (por entonces, mayoritariamente en forma de créditos bancarios) forjó una seguidilla de programa de pobre desempeño y resultados, salvo la etapa inicial del Plan Austral, un programa “heterodoxo” que había recibido el respaldo del Tesoro de EEUU y, por consiguiente, del propio Fondo.
Menemismo y convertibilidad
Bajo la gestión menemista (1989-1999) se firmaron cinco acuerdos, incluido el de marzo de 1995 para superar el “efecto Tequila” iniciado con la crisis mexicana de fines de 1994 y el último, de 1998, cuya suerte quedó sellada con la devaluación brasileña de enero de 1999.
El gobierno de Fernando De la Rua heredó esas penurias y, atado a una convertibilidad ya en etapa de convalescencia, firmó un acuerdo al que Domingo Cavallo, en la etapa final, reforzó con un mega-canje y al que adosó herramientas como “la convergencia” con el euro, pero no logró revitalizar: a fines de 2001 el Fondo se negó hacer un desembolso de USD 3.000 millones y selló definitivamente la suerte del uno-a-uno entre el peso y el dólar, a lo que siguieron el corralito y la posterior devaluación.
Con Roberto Lavagna como ministro de Economía de Duhalde, la Argentina firmó en 2002 otro stand-by a tres años, que rigió incluso durante gran parte del gobierno de Néstor Kirchner, que finalmente decidió en enero de 2006 saldar una deuda de USD 9.800 millones, con recursos que extrajo del BCRA a cambio de “letras intransferibles” que el gobierno de Javier Milei pretende en buena parte rescatar con los fondos del nuevo acuerdo, para “sanear” el balance del BCRA, en la convicción de que esa es la piedra filosofal para sanear la moneda y reducir la inflación a niveles civilizados.
En 2018, al cabo de una sequía que segó severamente los dólares de la agropexportación y en medio de un súbito recorte y salida del financiamiento externo, el gobierno de Mauricio Macri volvió al Fondo y, en dos instancias, alcanzó un acuerdo de USD 57.000 millones, del que llegó a recibir unos USD 44.000 millones.
El último acuerdo previo al actual fue el de marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y bajo la batuta económica de Martín Guzmán, que tres meses después dejó la papa caliente en manos de Silvina Batakis, que semanas después se la pasó a Sergio Massa. Fue un acuerdo de formato similar al actual: cuatro años de refinanciación de vencimientos y seis posteriores de repago, del que nunca se cumplió meta alguna y el gobierno de Milei liquidó de hecho a mediados de 2024, cuando con el logro de superávits fiscales había superado por motu proprio las metas fiscales más modestas que pretendía el Fondo.
Sin embargo, a partir de mediados del año pasado se hizo cada vez más evidente la dificultad que intenta superar el nuevo acuerdo: un esquema cambiario que sirvió para bajar la inflación más rápidamente de los que los economistas profesionales preveían pero al costo de recaer nuevamente en un encarecimiento del país en dólares y en una insuficiencia de divisas que el nuevo acuerdo se propone corregir.
En definitiva, el gobierno recurre al nuevo acuerdo no para convencer sobre su vocación de ajuste monetario y fiscal, que incluso excede las demandas y expectativas del Fondo, sino para aventar dudas sobre su capacidad de pago y sobre la escasez de reservas del BCRA, que en términos netos siguen siendo negativas, pese al superávit comercial récord del año pasado, que rozó los USD 19.000 millones.
