El Gobierno nacional intervino esta madrugada la empresa estatal Corredores Viales S.A. luego de que se conociera que tuvo pérdidas millonarias y la existencia de una deuda vigente con los proveedores. Asimismo, las autoridades explicaron que el proceso de reorganización al que será sometida la compañía será el paso intermedio hacia la privatización de la misma.
Con el aval del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida fue oficializada a partir de la publicación del decreto 244/2025 en el Boletín Oficial. El proceso será por tiempo indefinido, según fue establecido en el artículo 6° de la Ley N.º 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
De esta manera, se estableció que la empresa, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria tendrá las facultades que el estatuto le otorga al Directorio y a su presidente, además de las atribuciones específicas enumeradas en el documento oficial.
Entre las tareas asignadas, Adem deberá realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación, el cual podrá incluir la modificación del estatuto y deberá ser presentado al Ministerio de Economía para ser revisado y, finalmente, aprobado.
También se le encomendó revisar la administración de compras y contrataciones, disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y operar y mantener la sociedad durante el período de transición previo a su disolución y liquidación. El decreto le otorga, además, facultades exclusivas de representación de la sociedad, así como la posibilidad de designar y remover personal.
Las autoridades subrayaron que la interventora tendrá la responsabilidad de comunicar a la cartera económica sobre la existencia de irregularidades. “Deberá informar al Ministerio de Economía, con precisión, su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado”, indicaron en el texto, a la vez que remarcaron que deberá presentar el total de la información y/o documentación junto a las acciones y medidas propuestas para corregir la situación.
“Desde el inicio de la gestión, esta administración se ha propuesto optimizar los servicios y funciones que corresponden al Estado nacional, en particular para fomentar el transporte de pasajeros y de cargas con el fin de promover la industria, el turismo y la producción agrícola”, resaltaron al señalar que para “la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos” se requiere la participación del sector privado.
El proceso de privatización al que será sometida la empresa estatal encargada de manejar las principales rutas del país fue anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa que brindó desde Casa Rosada el pasado 14 de febrero. Asimismo, explicó que el objetivo final será que las nuevas concesionarias ingresen bajo un modelo de obra pública por peajes.
“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, amplió el portavoz oficial respecto del plan oficial de pasar al sector privado más de 9.000 kilómetros de caminos, por el que circula un 80% del tráfico.
Si bien el funcionario admitió que la empresa estatal actualmente cuenta con el derecho de cobrar peajes a los usuarios, apuntó que el atraso en las tarifas sería el motivo por el que varios tramos de los caminos se encuentran dañados. “El 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica”, amplió.
La empresa estatal presentó resultados negativos respecto de los balances realizados en 2023. De acuerdo con los datos oficiales, contaba con una deuda de $142.000 millones para con los proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. En paralelo, también había recibido $301.000 millones por parte del Tesoro Nacional.
Previo a esto, la compañía había sido enumerada dentro de la lista de empresas estatales que quedaron sujetas a ser privatizadas, según el artículo 7 de la Ley de Bases. Entre los argumentos que brindó el Gobierno, se subrayó que Corredores Viales duplicaba las funciones otorgadas a la Dirección Nacional de Vialidad.
No obstante, aclararon que una vez que se definan cuáles serán las empresas a las que se le otorgue la concesión, el Gobierno fijará una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral. A su vez, adelantaron que los montos serán definidos por medio de las fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec.
