El Gobierno definió que los aumentos en las tarifas de energía que llegan para el mes de abril para los usuarios finales quedarán por debajo del 2% mensual, en busca de evitar sumar presión a la inflación. El incremento en la factura final que se conoció esta madrugada en el Boletín Oficial es del 1,7% para la electricidad y del 1,8% para el gas natural por redes.
En ese sentido, este martes se estableció a través de la Resolución 223/2025 y 224/2025 que Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo cuadro tarifario que regirá desde el 1 de abril de 2025 para los usuarios de EDENOR y EDESUR, en el marco de la emergencia energética y económica. La medida también contempla un incremento del 3,5 % en el Valor Agregado de Distribución, sin modificaciones en el Precio Estacional de la Electricidad. Además, se mantienen las bonificaciones para los usuarios residenciales Nivel 2 y Nivel 3, con tarifas diferenciadas según el nivel de consumo subsidiado.
Por su parte, a través Resolución 139/2025 de la Secretaría de Energía estableció los nuevos precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, en línea con la política de reducción de subsidios generalizados. Estableció las bonificaciones segmentadas según nivel de ingresos y promueve una estructura tarifaria basada en los costos reales de abastecimiento.
Así las cosas, las subas estarán en línea con la decisión de volver a diferir la mayor parte de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y aplicar solo una parte. Es por eso que YPF anunció que aplicará un aumento del 1,75% promedio en todo el país para nafta y gasoil. “Se compone de la devaluación, actualización de biocombustibles e impuestos”, explicaron desde la petrolera de mayoría estatal.
El Gobierno nacional tenía previsto implementar desde abril un nuevo esquema tarifario con ajustes mensuales indexados a la inflación, pero resolvió postergarlo. El sistema comenzará a regir recién en mayo y, por lo tanto, en abril las subas serán limitadas bajo un esquema discrecional.
La Secretaría de Energía está en la etapa final del proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que definirá el sendero de inversiones y ajustes hasta 2029. Este mecanismo, que no se aplicaba de manera sistemática desde hace casi tres décadas, será el marco técnico para las futuras actualizaciones mensuales.
Las audiencias públicas realizadas en febrero marcaron el inicio formal de este proceso, en el que se espera que las empresas presenten planes de inversión para mejorar la infraestructura de servicios energéticos, a cambio de un esquema de tarifas más estable. Las boletas de AySA aumentarán un 1% a partir del consumo de abril, siguiendo la política de ajustes mensuales acotados implementada por el Ministerio de Economía.
En cuanto al transporte público, el Gobierno nacional decidió mantener sin incrementos las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, tanto la Ciudad Autónoma como la Provincia de Buenos Aires aplicarán ajustes desde el 1° de abril. En territorio bonaerense, el boleto mínimo pasará de $408 a $425, un incremento del 4,2%. Este aumento responde a una fórmula automática de actualización que considera la inflación más un adicional del 2%, y que ya se aplicó en marzo con una suba del 10%. El mismo esquema fue adoptado por el Gobierno porteño.
Estos incrementos se producen en un contexto de volatilidad cambiaria y presión financiera. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, una familia tipo en el AMBA necesitó $146.000 en marzo para cubrir luz, gas, agua y transporte. Esa cifra representa un aumento del 429% desde diciembre de 2023, casi el triple que la inflación acumulada en el período de Gobierno de Javier Milei.
El impacto es mayor si se considera que el AMBA concentra la mayor parte de la población argentina, lo que amplifica los efectos sobre el consumo y el humor social.
Además, según el Indec, la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentó 174,2% interanual, contra un 66,9% del índice general, lo que refleja la presión inflacionaria que ejercen los servicios regulados. Esta categoría no solo fue la que más subió en términos anuales, sino también la que lideró las subas mensuales en febrero.
Por su parte, la consultora ACM advirtió que en los últimos tres meses se observó una marcada divergencia entre la inflación de bienes (1,9% mensual promedio) y la de servicios (3,8%), impulsada por la recomposición de precios regulados y tarifas. En febrero, la inflación núcleo se ubicó en 2,4% mensual, mientras que los precios regulados treparon por encima del 3%. Esta tendencia no parece revertirse en marzo, donde los primeros relevamientos muestran nuevamente a los regulados encabezando las subas.
