El Banco Santander Argentina anunció la relocalización de su sucursal en La Tablada, dentro del partido de La Matanza, hacia la sede ubicada en Caseros, partido de Tres de Febrero, debido a las altas tasas municipales que afronta en la primera jurisdicción. La decisión se dio a conocer a través de un comunicado oficial de la entidad y fue replicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X (la ex Twitter).
En el comunicado difundido por Santander se indicó que durante 2024 la entidad pagó aproximadamente 3.700 millones de pesos en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene en el partido gobernado por Fernando Espinoza. Según el banco, este monto equivalió a cuatro veces el total de los gastos operativos de la sucursal de La Tablada durante el mismo período. La entidad definió esa carga tributaria como una condición que volvía inviable mantener su estructura de servicios financieros en esa localidad.
De acuerdo con Santander, La Matanza aplica una alícuota del 7,5% sobre la actividad financiera. Esa tasa es notablemente más elevada que la vigente en Tres de Febrero, donde el intendente Diego Valenzuela aplica una carga de 0,6%. En ese contexto, el banco optó por trasladar sus operaciones a una zona con un entorno fiscal más “equilibrado”, según argumentó en el documento.
Pese al traslado de la sucursal de La Tablada, la entidad aclaró que mantendrá por ahora otras cinco sucursales en funcionamiento dentro de La Matanza. Entre ellas se encuentra la sede La Juanita, en Gregorio de Laferrere, que funciona como sucursal de integración social, con el objetivo de promover la inclusión financiera en sectores vulnerables. Esa sucursal también enfrenta una tasa del 7,5%, a pesar de que, según fuentes vinculadas al banco, no genera ganancias sino que cumple una función social específica.
Fernando Bautista, Head de Canales y Distribución Comercial de Santander Argentina, detalló que el pago de 3.700 millones de pesos en 2024 en concepto de tasa de seguridad e higiene podría haber financiado “12.000 préstamos personales o prendarios de 3 millones de pesos cada uno, o más de 300 préstamos hipotecarios”. En ese sentido, justificó la mudanza de la sucursal como parte de una política de “optimización de recursos” sin dejar de atender a los clientes del distrito.
En su mensaje en redes sociales, el ministro Luis Caputo afirmó que esta situación representaba un “despropósito” y que la competencia entre tasas municipales “favorece a los intendentes que cuidan a sus vecinos”. Caputo también subrayó que en La Matanza se pagaba una carga fiscal cuatro veces superior a los costos operativos de la sucursal cerrada, y que el banco optaba por seguir operando en otra localidad con menor presión tributaria.
El caso de Santander se inscribió en un contexto más amplio en el cual otros actores del sistema financiero también adoptaron decisiones similares. En febrero de 2025, el Banco Nación comunicó el cierre de su sucursal en Ramos Mejía, también en La Matanza, y el traslado de sus operaciones a Ciudadela, en el mismo partido de Tres de Febrero.
La decisión fue anunciada por el presidente del banco, Daniel Tillard, y su vicepresidente, Darío Wasserman, durante una visita a la nueva sede. En esa ocasión estuvieron acompañados por el intendente Valenzuela y el gerente general de la entidad, Gastón Álvarez.
El Banco Nación informó que durante 2024 pagó más de 5.000 millones de pesos en tasas municipales en La Matanza, cifra que, según la entidad, equivalió al costo total de la nómina salarial de 150 trabajadores en sus distintas sedes dentro del distrito. La entidad advirtió que esa carga duplicaba sus costos operativos y volvía “inviables” sus productos de crédito.
El presidente del Banco Nación indicó que la tasa del 7,5% aplicada en La Matanza contrastaba con el “diseño racional” del tributo en Tres de Febrero, donde la carga fiscal era mucho menor. Según Tillard, esa diferencia permitía al banco “profundizar su relación de largo plazo” con ese municipio.
Por su parte, el intendente Diego Valenzuela remarcó que su gestión buscaba que “la competencia tributaria guíe las decisiones económicas hacia municipios con menor presión”. También advirtió que muchas jurisdicciones trataban a los servicios financieros como “un coto de caza”, llevando las tasas a niveles que calificó como “delirantes”.
Fuentes oficiales señalaron que el cierre de la sucursal del Banco Nación en Ramos Mejía fue el primero motivado exclusivamente por la presión fiscal municipal. También informaron que la medida respondía a un pedido del presidente Javier Milei, quien en octubre de 2024 había instruido al ministro Caputo para avanzar con el cierre de las filiales del Banco Nación ubicadas en municipios con tasas “abusivas”.
En ese mismo mes, el Banco Nación inició un informe exhaustivo sobre las tasas municipales que afectaban su rentabilidad. Como resultado de ese relevamiento, la entidad comenzó a presentar recursos judiciales contra distintos municipios, con resultados dispares. En Jesús María, Córdoba, obtuvo una cautelar que frenó el cobro de la tasa vigente y derivó en una negociación con el municipio.
En el caso puntual de La Matanza, los costos informados por las entidades financieras revelaron una estructura tributaria que superaba ampliamente los estándares del conurbano bonaerense. Según los datos aportados, mientras La Matanza aplica una tasa de 7,5%, en municipios vecinos como Tres de Febrero esa cifra se ubica en torno a 0,42%.
Además, fuentes vinculadas al sector financiero indicaron que los bancos no absorben estos tributos, sino que los trasladan a sus productos, afectando el acceso al crédito y la operatoria diaria de los clientes. La mudanza de sucursales a partidos con menor carga tributaria buscó entonces preservar la competitividad y asegurar condiciones sostenibles para seguir ofreciendo productos financieros.
En el caso de Santander, la decisión de cerrar la sucursal de La Tablada y operar desde Caseros implicó una reorganización geográfica sin alterar de forma inmediata su presencia general en La Matanza. La distancia entre ambas localidades es de aproximadamente 2,1 kilómetros, lo que permite mantener la atención presencial sin alterar significativamente la accesibilidad de los clientes.
Por otro lado, la entidad reafirmó su compromiso con la transformación digital, destacando que la digitalización de sus servicios permitiría compensar el cierre físico de una de sus sedes. En su comunicado, Santander subrayó que sus clientes pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de canales online, y que continuará invirtiendo en mejorar sus plataformas tecnológicas.
La experiencia de la sucursal La Juanita, que ya lleva más de una década en funcionamiento en un barrio carenciado, constituye un ejemplo del doble objetivo del banco: mantener el vínculo con la comunidad y adaptarse a las condiciones impositivas sin comprometer su equilibrio económico. A pesar de no generar rentabilidad, esa sede también está alcanzada por la alícuota del 7,5%, situación que, según fuentes internas, “no se justifica por el tipo de servicios que ofrece”.
En el plano político, la polémica reavivó el debate sobre la autonomía fiscal de los municipios y la lógica detrás de sus esquemas tributarios. Algunos intendentes defendieron la potestad de aplicar tasas a las actividades comerciales que operan en sus distritos, mientras que otras autoridades provinciales y nacionales alertaron sobre los efectos negativos de ese modelo sobre la inversión y el acceso al crédito.
