Los jueces previsionales tendrán más tiempo para dictar sentencias: qué pasará con los pagos a los jubilados

Ante la creciente cantidad de juicios iniciados por jubilados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Cámara Federal de la Seguridad Social solicitó a la Corte Suprema una prórroga en los plazos para resolver la liquidación de sentencias firmes y, mediante la Resolución 118/2025, el máximo tribunal le otorgó 90 días. ¿Qué quiere decir esto?

En la práctica, los jueces ya estaban tardando mucho más tiempo de los 15 días que le exige el Código Procesal, por lo que según explicaron fuentes legales a Infobae, lo único que hizo la Corte Suprema es permitirles que se tomen tres meses sin estar incumpliendo con la normativa. Por lo tanto, nada cambiará para los jubilados que están esperando una sentencia para cobrar el reajuste de su haber jubilatorio, explicó el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

La medida aplica exclusivamente a los juzgados federales de primera instancia y afecta el dictado de sentencias interlocutorias de primera liquidación y sus actualizaciones en causas contra la Anses y los regímenes previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Según la solicitud elevada a la Corte, la intención es aliviar la sobrecarga de expedientes y mejorar el servicio.

Tras la difusión de la resolución, la Anses salió al cruce de interpretaciones erróneas y aclaró que la suspensión de plazos no impacta en el cumplimiento de los pagos de sentencias firmes.

El organismo precisó que la prórroga fue solicitada por los propios juzgados de primera instancia (expediente 7975/2023) y enfatizó que se trata de “una resolución interna dentro del ámbito judicial que no afecta el desenvolvimiento normal y habitual de los pagos que realiza el organismo, cuyos plazos no se encuentran suspendidos”.

Asimismo, el organismo destacó que en la actual gestión se implementó un nuevo esquema de liquidación mediante la Resolución DEA 307/2024. Según este esquema, el organismo pasó de liquidar sentencias con demoras significativas a comprometerse a reajustar el haber inicial de los beneficiarios dentro del plazo dispuesto en las sentencias, en paralelo con el pago de los expedientes acumulados en stock.

Según explicó Tróccoli, en teoría, los jueces tienen 3 días para resolver cuestiones simples y 15 días para sentencias, pero en lugar de 15 días tardan 4 meses, y 7 en algunos casos. Entre los 10 juzgados federales de Seguridad Social que existen en la Ciudad de Buenos Aires, acumulan unos 30.000 expedientes por juzgado. Entonces, la decisión de la Corte fue blanquear una situación que ya se venía dando, con el objetivo de no exponer a los jueces a semejante incumplimiento.

Son unos 500.000 juicios los que tienen sentencia firme, por reajustes de haberes que la Anses no cumplió o que cumplió parcialmente. Como mencionó el comunicado del organismo, comenzaron a pagarse las sentencias nuevas -las que tienen fecha de sentencia firme posterior a julio del 2024-, pero sólo el reajuste del haber, sin el retroactivo. El abogado previsional consultado aseguró que “luego eso se termina cobrando, en muchos casos, vía embargos a la Anses por parte de la Justicia”.

Pero los juicios más viejos, es decir, los que tienen sentencias previas a mitad del año pasado en muchos casos la Anses tarda hasta dos años para reajustar el haber.

Por otro lado, también se dan demoras en los procesos judiciales previos a la etapa final de la sentencia. “En el fuero federal no hay suficientes contadores que saquen las pericias a tiempo, están demorando 11 meses, por ejemplo”, ejemplificó Tróccoli, quien agregó: “El proceso total tarda entre 12 a 18 meses, pero yo tengo juicios iniciados en 2009 que todavía no cobraron”.

El fuero de la Seguridad Social enfrenta una sobrecarga histórica de litigios debido a los constantes reclamos de jubilados sobre el cálculo de sus haberes y la aplicación de fórmulas de movilidad.

Uno de los factores que contribuyen a este colapso es la demora de la Corte Suprema en resolver las apelaciones de la Anses. En algunos casos, las definiciones judiciales han tardado más de una década, prolongando la incertidumbre de los beneficiarios y agravando el atasco en el sistema judicial.

Si bien la normativa establece un plazo de 120 días para la cancelación completa de las sentencias, este plazo rara vez se cumple. Como respuesta, algunos abogados han optado por embargar directamente las cuentas del organismo para garantizar el cobro de los montos adeudados, estrategia que probablemente seguirá en aumento mientras persista la falta de un cronograma claro para los retroactivos.

El conflicto de los juicios previsionales no es nuevo. Durante años, el Estado ha enfrentado una acumulación constante de demandas, en muchos casos derivadas de errores en la liquidación de haberes o de la falta de actualización conforme a la jurisprudencia vigente.

A pesar de que el presupuesto anual de la Anses contempla partidas específicas para el pago de sentencias –en 2023 se cancelaron alrededor de 40.000 casos–, el stock de litigios no disminuye. Año tras año ingresan nuevos reclamos y, en muchos casos, los jubilados deben volver a litigar porque consideran que la liquidación de sus haberes no se realizó correctamente.

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