A la preocupación por la caída de la actividad, la suba de las importaciones y la necesidad de reducir personal, la cadena industrial textil, de indumentaria y calzado sumó en los últimos días un nuevo motivo de nerviosismo que tiene a todos los empresarios del sector en estado de alerta.
La decisión de bajar los aranceles al ingreso de ropa, calzado e insumos textiles del exterior -que en el caso de la indumentaria será del 35% al 20%- renovó el malhumor que tenía la industria textil a raíz de las medidas que viene tomando el Gobierno en favor de la importación, con el objetivo de reducir los precios. Varias cámaras industriales del sector, y hasta incluso la UIA misma, salieron en defensa de la industria y advirtieron por un fuerte impacto en el empleo, si la medida se concreta.
De hecho, unas 30 entidades, empresarias y gremiales, emitirán un comunicado en las próximas horas en el que expondrán, unánimemente, los argumentos de por qué el Gobierno debería revisar la medida y el nulo efecto que tendrá en los precios al consumidor. También preparan, en la misma línea, una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien ya pidieron un encuentro urgente vía telefónica.
Los empresarios de toda la cadena mantuvieron, durante esta semana, intensas reuniones para encontrar la mejor forma de instalar el descontento y la preocupación. Incluso, se reunieron a lo largo de todo el lunes para analizar qué hacer ante el inminente decreto de baja arancelaria.
La decisión fue consensuar un comunicado con la mayor cantidad posible de entidades -entre empresarias y sindicales- para emitir con más fuerza el mensaje buscado. Hasta este miércoles hubo reuniones, presenciales y vía zoom para terminar de pulir el texto y seguían sumándose firmas, dijeron a Infobae fuentes del sector. Además del parte de prensa, las instituciones le enviarán una carta a Caputo en la que le pedirán revisar la medida por los impactos que generará en la producción y el empleo, sino también porque tendrá un efecto casi nulo en los precios. Enfatizarán que no es un problema del sector, sino que la cotización del dólar y la de la evolución de los niveles de inflación genera que la Argentina sea cara en dólares y que impacte sobre todos los bienes transables.
Cuáles serán los planteos de los empresarios
1) Impacto en la competitividad y el empleo local: los empresarios argumentan que la reducción de los aranceles, que incluirá una baja del 35% al 20% en prendas de vestir y calzado, del 26% al 18% en tejidos, y de entre el 12% y el 18% en hilados, favorecería la competencia desleal de productos importados a precios bajos, especialmente provenientes de economías con estándares laborales y ambientales mucho más bajos. Advierten que esta medida podría llevar al cierre de fábricas y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la industria local.
2) La necesidad de acordar la medida con el Mercosur: de acuerdo con los empresarios, una reducción del Arancel externo Común (AEC) requiere el consenso de los cuatro Estados parte, por lo que entienden que la medida a adoptar implicaría una reducción del Derecho de Importación Extrazona que aplica la Argentina y que se deberían utilizar alguno de los mecanismos de excepción previstos en el Mercosur para este tipo de medidas nacionales.
Fuentes del sector textil precisaron que los aranceles vigentes fueron acordados por todos los países y responden a un criterio de armonización, complementariedad económica y fomento de relaciones comerciales entre el bloque. En ese momento, se autorizó a Paraguay y Uruguay a aplicar derechos de importación inferiores a los niveles de AEC acordados y esa situación se ha mantenido desde entonces. Tanto es así que Paraguay cobra 10% y Uruguay, 20 por ciento.
3) La baja de aranceles no resuelve el problema de los precios: si bien la reducción de aranceles se presenta como una solución a los altos precios de la vestimenta y el calzado, el sector asegura que los precios de estos productos en el país no han aumentado al ritmo de la inflación general. Desde diciembre de 2023 a la actualidad, se ha ubicado en un nivel de 44 puntos porcentuales por debajo del IPC; y particularmente en febrero, el incremento mensual de textil, indumentaria y calzado fue de 0,4% contra un 2,4% del promedio general de la economía.
Los empresarios aseguran que la baja de aranceles no tendrá un impacto significativo en la reducción de precios al consumidor. Enfatizan que un claro ejemplo es lo que sucedió entre 2021 y 2022, cuando el precio estuvo por encima de la inflación y ello sucedió por un claro aumento de la demanda, mientras que también aumentaban las importaciones de ropa y calzado a niveles récord.
4) Problemas adicionales como el comercio ilegal y el contrabando: el sector también enfrenta importantes desafíos derivados del comercio ilegal y el contrabando. Según un estudio de la UIA, un 33% de las empresas de calzado y textiles afirmaron que el contrabando afecta negativamente su competitividad, con un impacto aún mayor en el caso de las empresas de calzado e indumentaria, donde el 80% de las compañías lo mencionan como un problema relevante. Las entidades empresariales insisten en que la reducción de aranceles sin medidas complementarias para frenar el comercio ilegal podría agravar aún más esta situación.
Los empresarios del sector afirman que el 35% de arancel a las prendas de vestir y calzado ayuda a morigerar los efectos de la competencia desleal, básicamente de productos de origen asiático. Plantean que la producción en muchos países asiáticos se realiza en economías que no se consideran de mercado, que cuentan con una presión tributaria ínfima y que tienen estándares muy bajos en términos laborales y ambientales.
5) La necesidad de una política integral de competitividad: los empresarios remarcarán también la necesidad de una coordinación entre la integración comercial y las políticas de competitividad local. Consideran que debería el Gobierno avanzar con un plan que no solo se limite a la apertura de mercados, sino que también aborde los problemas estructurales del sector, como la carga fiscal, el acceso al crédito y la informalidad laboral. Señalan que cualquier apertura de importaciones debe ir acompañada de una reducción de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal para equilibrar las condiciones de competencia.
6) El impacto del desempleo en el sector: otra de las advertencias de la industria radica en el desempleo que generará la rebaja arancelaria. El sector textil, indumentaria y calzado es uno de los principales empleadores en provincias como Buenos Aires, Catamarca, CABA, Santiago del Estero y Tucumán y ya durante el último año el sector perdió más de 10.000 empleos industriales. Con una mayor apertura a las importaciones, se teme que esta tendencia se acelere. Los empresarios advierten que una medida sin un plan de competitividad adecuado podría destruir más empleos y aumentar la informalidad.
Por todos estos argumentos, una treintena de entidades empresarias y sindicales le pedirán a Caputo reconsiderar la reducción de aranceles y convocar una reunión urgente para discutir posibles alternativas.
