El Ministerio de Economía publicará este lunes el resultado de las cuentas públicas de febrero, un dato que es relevante en el contexto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y para el plan económico del Gobierno en general. El mercado cree que el equipo económico comenzó a “reconfigurar“ la foto del ajuste fiscal y refuerza la poda en subsidios y obra pública ante un gasto más inflexible como jubilaciones y AUH que, atado a la inflación, muestra aumentos en términos reales.
Esa conclusión se desprende de los datos de febrero elaborados por la consultora Analytica, que, con base en cifras oficiales devengadas –es decir, compromisos de pago no necesariamente ejecutados, a diferencia del método base-caja utilizado en el informe de Secretaría de Hacienda como el que se conocerá hoy–, estimó un crecimiento del gasto de casi 11% en comparación con el mismo mes del año pasado. En enero, el aumento había sido de 21 por ciento.
Una parte de la explicación radica en que los primeros meses de 2024 registraron la mayor licuación del gasto debido a la escalada inflacionaria tras la devaluación de diciembre de 2023. Luego de que el Gobierno estableció por decreto una fórmula para actualizar los haberes previsionales y la Asignación Universal por Hijo (AUH) según la inflación, la reducción del ritmo de gasto comenzó a moderarse.
Salarios
En cuanto al gasto en haberes, la consultora indicó que tuvo un incremento interanual de 38% en febrero, lo que implicaría una suba del haber mínimo de 54,8% real en un año. Sin embargo, el efecto de la base de comparación es evidente, ya que los refuerzos previsionales perdieron 23,7% de su poder adquisitivo en los últimos doce meses. Según la consultora, sin bono, el haber mínimo cubre 110% de la canasta básica total para un adulto mayor, mientras que con bono, la cobertura alcanza 139 por ciento.
Si la inflación se desacelera, el gasto en jubilaciones y pensiones podría aumentar 12,9% anual; en cambio, si la inflación se acelera, el incremento sería menor, de 6,6% interanual. Esto se debe a que las jubilaciones se ajustan según el índice de inflación de dos meses atrás.
Otros informes de mercado observaron tendencias similares. Uno realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), remarcó que los ingresos totales también mostraron una variación positiva en términos reales. ASAP reportó un incremento de 1,4% interanual, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) lo ubicó en 3 por ciento. La recaudación impositiva, sin embargo, presentó una caída real de entre 4% y 6,2%, arrastrada principalmente por la eliminación del Impuesto PAIS, que había representado una fuente importante de recursos en 2024. En contraste, los aportes a la seguridad social crecieron entre 30,1% y 34,7% real interanual, en línea con la recuperación de la masa salarial.
También coincidieron en que el gasto en jubilaciones y asignaciones familiares fue el principal factor de expansión del gasto público, con una suba de entre 31,7% y 47,2% real interanual, según ASAP y la OPC, respectivamente. Y en contraste, los subsidios a la energía y al transporte registraron una fuerte reducción, con caídas del 52,4% y 50,5% para cada caso. El gasto en salarios públicos también retrocedió en términos reales, con bajas de entre 10,3% y 15,1% interanual.
La dinámica del ajuste fiscal
Esa última foto deja de manifiesto un cambio en la dinámica fiscal: tras una reducción real del gasto de 26% en 2024, el Gobierno mantuvo el ajuste en sectores como subsidios y salarios, pero el crecimiento de las prestaciones previsionales moderó la caída del gasto primario. En términos globales, el superávit fiscal se sostiene, aunque con menor margen que en meses anteriores debido a la menor recaudación tributaria y la eliminación de fuentes extraordinarias de financiamiento como el Impuesto PAIS.
Los dos centros de estudios (ASAP y OPC) hacen una estimación de resultado fiscal, pero no es equiparable al número que da a conocer Hacienda de manera mensual por dos razones: por tratarse de una medición devengada - no lo que efectivamente se pagó- y porque tiene un alcance menor.
Los dos comprenden la Administración Púbica Nacional, que contempla la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social (como ANSES y PAMI) pero excluye a las Empresas Públicas (YPF, Banco Nación, AySA, entre otras), Fondos Fiduciarios y gobiernos provinciales y municipales. El resultado primario fue superavitario en febrero, con cifras similares en ambos estudios: $0,96 billones según ASAP y $1,1 billones de acuerdo con OPC. No obstante, el resultado financiero -con esta metodología- mostró algunas discrepancias entre los dos: ASAP reportó un déficit de $0,44 billones en febrero, mientras que OPC estimó equilibrio financiero.
Un informe de LCG, por su parte, recordó que en enero según los datos oficiales había terminado con un superávit primario equivalente a 0,3% del PBI y un financiero del 0,07%, con ingresos que cayeron al 2% anual real y gasto subiendo al 14% anual real. “En febrero los datos de la recaudación anticiparían una mejora. Los recursos girados automáticamente a Nación crecieron fuerte (15% anual real) traccionados por lo recaudado en Seguridad Social”, explicó esa consultora. En ese primer mes del año hubo, también, un fuerte componente de gastos en intereses de deuda por el pago de cupones de los bonos en moneda extranjera que en febrero no pesarán.
Por último, consideró que por el lado del gasto, “las partidas que ajustan por movilidad (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares) mostrarán crecimiento en términos reales por compararse con niveles mínimos (durante el primer trimestre de 2024 estuvieron afectados por el ajuste rezagado de la fórmula de movilidad anterior)”, concluyó un informe este fin de semana.
Cartas a favor y en contra
El Gobierno busca sostener el ajuste fiscal este año para asegurarse equilibrio en las cuentas públicas. De todas formas, en 2024 hubo ingresos extraordinarios que este año ya no estarán. Pero si la economía creciera ese 5% que esperan el Gobierno y el FMI, los ingresos tributarios asociados a la actividad también deberían mejorar.
Lo que suceda con el gasto y el perfil del ajuste de las cuentas públicas para asegurar el superávit es un dato decisivo en medio de las negociaciones aún en marcha con el FMI para un acuerdo nuevo. El Gobierno suele usar como carta a favor en ese ida y vuelta que el compromiso fiscal fue tan marcado en 2024 que el equipo económico mostró sobrecumplimiento de las metas de superávit.
El Fondo tiene sus propios planteos sobre este aspecto. En el último documento elaborado por el staff, publicado en enero, reconoció la transición rápida hacia el superávit que decidió el gobierno libertario, aunque hizo objeciones sobre el perfil de ese ajuste y cómo debería ser en adelante. “Para mantener y consolidar los avances iniciales en la estabilización probablemente será necesario ampliar el esfuerzo de reforma fiscal y mejorar aún más las condiciones sociales para fortalecer la aceptación de la población”, escribieron los técnicos.
