El Gobierno aprobó este jueves un plan de pagos para que las distribuidoras y cooperativas que proveen electricidad en todo el país regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por un equivalente superior a USD 1.100 millones a partir de energía que no fue pagada a tiempo. El plan contempla facilidades que implicarán un alivio para la situación financiera de las empresas y un nuevo paso para desregular el mercado, en línea con lo que había anticipado Infobae.
Las compañías que concentran la mayor cantidad de atrasos con Cammesa son las que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur y Edenor, por lo que serán las más beneficiadas. La idea oficial es que las distribuidoras podrán convertirse en “sujetos de crédito” y acceder a financiamiento para invertir en mejorar el servicio, luego de los apagones masivos que se vivieron en la primera semana de marzo.
El plan de pagos para compromisos que no fueron regularizados hasta el 30 de noviembre de 2024 fue aprobado este jueves a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025 publicado en el Boletín Oficial. El esquema de regularización de deudas incluye hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas mensuales (seis años) a una tasa equivalente al 50% de la que cobra el Mercado Eléctrico Mayorista (que es la tasa del Banco Nación).
Por otro lado, la medida implementa como incentivo de buenos pagadores un régimen de reconocimiento de créditos a quienes hayan cancelado la totalidad de las transacciones en el 2024 y no tengan deuda no regularizada a diciembre 2023. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía de la Nación.
El esquema del Gobierno tiene como condición que las distribuidoras paguen la deuda corriente, sino serán multadas y perderán el beneficio según señaló Energía. También se prevé exigirles a las distribuidoras y cooperativas eléctricas que presenten un plan de inversiones para realizar mejoras en la infraestructura de la red, sostuvo la Secretaría.
Cammesa, además de administrar el suministro de electricidad, actúa como intermediaria en el mercado: paga la energía a los generadores y cobra a transportistas y distribuidoras de todo el país. Sin embargo, los congelamientos tarifarios han generado distorsiones que afectaron el normal funcionamiento de este proceso. Los congelamientos también afectaron la inversión en infraestructura, lo que se refleja en los cortes de suministro que sufre Argentina durante los picos de consumo en verano.
Como los usuarios no pagan el costo completo de la energía eléctrica que consumen, el Tesoro realiza transferencias a Cammesa para cubrir esa diferencia, un esquema similar al que se utiliza con el gas natural. Estos subsidios energéticos representaron un gasto para el Estado de unos USD 150.000 millones en el período 2003-2023, según estimaciones oficiales.
Por otro lado, las transportistas y distribuidoras no recibieron transferencias directas del Tesoro, pero los congelamientos de tarifas, que comenzaron con el kirchnerismo, llevaron a las empresas a postergar sus pagos a la empresa estatal debido a que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los costos operativos. Este mecanismo de financiamiento se extendió en los últimos años y ahora el Gobierno busca eliminarlo definitivamente.
La Secretaría de Energía dijo que en diciembre de 2023 la tasa de cobrabilidad de Cammesa era del 48%, por lo que la diferencia se cubría con aportes del Tesoro. Los incrementos de tarifas autorizados en el último año revirtieron la situación y la tasa de cobrabilidad actual es del 97% según la dependencia oficial.
Datos oficiales a los que accedió Infobae indican que la deuda sin regularizar de las distribuidoras, incluidas cooperativas del interior, al 13 de diciembre alcanzaba los $1,39 billones, es decir, más de USD 1.100 millones en la conversión al dólar contado con liquidación (CCL). Se estima que hay un monto equivalente por otros compromisos que ya se encuentran con planes de pago específicos.
Las distribuidoras del AMBA (Edesur y Edenor) concentran el 38% de la deuda total sin regularizar. Son las firmas con mayor cantidad de clientes en el país. En tanto, entre las cooperativas del interior, 16 están bajo sospecha de maniobras para desviar fondos para financiar gasto político e incluso hay juicios en marcha.
La limpieza en los balances de las distribuidoras es clave para los planes del Gobierno de normalizar el mercado eléctrico. En primer lugar, se espera que Cammesa deje de comprar combustible para la generación de energía; posteriormente, se licitará mayor capacidad de transporte y potencia, y se dará inicio a un período de contractualización basado en el juego de oferta y demanda. El ministro Caputo, en tanto, está evaluando la magnitud de los incrementos tarifarios que se implementarán en 2025 y cómo se coordinarán con la reducción de subsidios prevista.
