El sistema judicial laboral argentino enfrenta una crisis de demoras y acumulación de expedientes sin resolver. Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en noviembre del año pasado había casi 300.000 juicios laborales en trámite en el país. Este escenario genera una creciente preocupación tanto en el ámbito empresarial como entre los trabajadores que aguardan definiciones sobre sus reclamos.
En detalle, en noviembre había un stock acumulado de 299.228 juicios sin resolver en el total de Argentina. Ese número incluye el stock acumulado en el mes anterior, más los juicios notificados en noviembre, menos las sentencias dictadas en el penúltimo mes del año.
El problema se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde se radica la mayor cantidad de demandas. Sin embargo, otras jurisdicciones también experimentan demoras considerables, lo que afecta la previsibilidad de empleadores y trabajadores.
Las actividades con mayor litigiosidad
En noviembre de 2024 ingresaron 10.649 nuevos juicios al sistema. La industria manufacturera fue la actividad con mayor cantidad de juicios laborales iniciados, con un total de 2.453 nuevos expedientes. Le siguen la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 1.776 casos, y el comercio mayorista y minorista, incluyendo la reparación de vehículos, con 1.213 denuncias.
Otros sectores con alta litigiosidad fueron el servicio de transporte y almacenamiento (1.142 casos) y la construcción, con 844 demandas laborales. También se registraron cifras significativas en actividades administrativas y servicios de apoyo (738 casos) y en el sector de salud humana y servicios sociales, que sumó 351 nuevos litigios.
Por otro lado, sectores como suministro de electricidad, gas y agua, así como servicios artísticos y culturales, registraron una menor cantidad de juicios en comparación con otras áreas.
Dónde se concentran los juicios
La distribución de los nuevos juicios laborales varía significativamente según la provincia. Buenos Aires encabeza la lista con 4.207 causas iniciadas, lo que representa el volumen más alto del país. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 1.960 expedientes, y Santa Fe, con 1.311.
Otras jurisdicciones con una cantidad considerable de litigios incluyen Mendoza (829), Córdoba (686) y la administración pública de San Luis (287). En tanto, provincias como Chubut (323), Neuquén (240) y Río Negro (66) registraron cifras menores, aunque igualmente representativas dentro de sus distritos.
Por otro lado, hay provincias con un número significativamente bajo de nuevos juicios, como Catamarca y Salta, con apenas dos casos cada una, y La Rioja, con solo cuatro. En el otro extremo, algunas jurisdicciones con menor densidad poblacional también reflejan un bajo nivel de litigiosidad, como Tierra del Fuego (31), Formosa (9) y La Pampa (11).
Estos datos reflejan no solo la concentración de actividad económica y laboral en el país, sino también las diferencias en la judicialización de conflictos en cada región.
El volumen acumulado de juicios laborales genera efectos a largo plazo en el sistema judicial argentino. Las demoras en la resolución de estos expedientes no sólo afectan a los trabajadores y empleadores de manera directa, sino que también impactan negativamente en la capacidad de los tribunales para procesar nuevos casos. La acumulación de casi 300 mil juicios en trámite pone en evidencia la presión que enfrenta el sistema judicial, especialmente en las principales jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de los litigios.
En este contexto, la prolongación de los tiempos de espera no solo afecta a las partes involucradas, sino que también genera un ambiente de incertidumbre que obstaculiza la resolución de conflictos de manera eficaz. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se ven en la necesidad de hacer frente a la imprevisibilidad del sistema judicial, lo que complica la planificación de su futuro.
Por otro lado, los trabajadores se ven privados de respuestas rápidas, lo que retrasa el acceso a sus derechos y beneficios. La alta litigiosidad en sectores clave como la industria manufacturera, el comercio y el transporte refleja una demanda creciente por soluciones rápidas y justas, que necesitan ser abordadas con urgencia para garantizar una mayor estabilidad en el mercado laboral y en el ámbito empresarial.
Crecen los juicios por accidentes laborales
Las estadísticas mencionadas hasta el momento dan cuenta de todos los juicios laborales iniciados en el país, incluyendo despidos, accidentes y otras causas. Pero desde la Unión de Aseguradores de Riesgos de Trabajo (UART) dieron algunos detalles de cómo evolucionaron las causas judiciales específicamente iniciadas por accidentes laborales.
De acuerdo con los datos elaborados por UART, 2024 se consagró como un año de altísima litigiosidad alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por Riesgos del Trabajo. Solo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país. “La cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta implacable sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo, desde la UART se enfatiza también que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del Sistema”, comentaron desde el organismo.
En diálogo con Infobae, representantes de la UART explicaron que este fenómeno “no solo disuade de la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que atenta contra la competitividad de la empresa”.
Uno de los factores que contribuye a este problema es el procedimiento para resolver los accidentes laborales. Según detallaron desde la UART, si un trabajador tiene un accidente, la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) lo cubre, pero si la persona no está conforme con la resolución, puede recurrir a la Comisión Médica, que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Esta instancia tiene 60 días para dictaminar si lo que afirma la ART es correcto o no. Solo en caso de desacuerdo con este dictamen, el trabajador puede acudir a la Justicia.
Desde la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo en 2017 (Ley 27.348/17), se estableció un nuevo procedimiento que incluye la creación de Cuerpos Médicos Forenses. Las 18 provincias que adhirieron a la reforma debían crear un cuerpo de peritos que cobraran por acto médico, no a porcentaje. Por el momento, sólo Mendoza ha seguido los pasos acordados.
En el resto de las provincias, la realidad ha mostrado que los peritos continúan siendo remunerados a porcentaje de la sentencia, lo que los incentiva a registrar daños mayores para obtener una mayor retribución. “Este sistema ha generado que, a pesar de que más del 80% de las causas judiciales resuelvan que no son indemnizables, muchos juicios siguen su curso para lograr, aunque sea, un reconocimiento parcial de la incapacidad”, comentaron desde la UART.
Esto no solo genera un costo adicional para el sistema judicial, sino que también afecta la sostenibilidad del mismo, ya que “el abogado, el perito y el damnificado” solo cobran si el juicio sigue adelante, lo que desfinancia al sistema de riesgos laborales.
