El Gobierno dejó trascender un puñado de detalles sobre el acuerdo que terminará de negociar con el Fondo Monetario Internacional y que conforman un esqueleto del nuevo programa. Se tratará de otro Extended Fund Facility (EFF) que durará hasta 2035, que incluirá el diferimiento de los pagos previstos por los próximos cuatro años y un plazo de gracia de cuatro años y medio antes de retomar la devolución de fondos.
Así lo dejó saber el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que autorizó la concreción del entendimiento con el organismo y que girará al Congreso para su tratamiento en la comisión bicameral. El Gobierno lo fundamentó en la necesidad de liberar restricciones cambiarias por tratarse de un factor de ineficiencia para la economía y como obstáculo para impulsar las inversiones de largo plazo.
“Contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional”, aseveró el Poder Ejecutivo en los considerandos y también reconoció que “la falta de adecuación entre los pasivos de la autoridad monetaria y los activos externos líquidos” puede repercutir “en la disminución del valor esperado de la moneda doméstica y, en consecuencia, en un posible aumento de la inflación”, en referencia a la volatilidad en el tipo de cambio.
La columna vertebral del acuerdo a firmar
El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial no detalla cuál será el monto final de la operación, ni cuánto de ese monto estará explicado en roll over (renovación) de vencimientos del programa firmado en 2022 y cuánto en dólares adicionales que aumentarán el nivel de deuda total ante el FMI, que hoy es de USD 41.400 millones de acuerdo a la base de datos actualizada del organismo.
De todas formas, sí da cuenta de que esas dos cosas serán complementarias: habrá dólares frescos y habrá un aplazamiento de una serie de pagos previstos para los próximos años. Así, el programa podría ser presentado por un monto mayor al esperado. El banco UBS, recientemente, arriesgó que se trataría de un programa de USD 20.000 millones de los cuales USD 12.000 millones eran renovación de pagos y USD 8.000 millones eran “nuevos”.
Sobre el primer aspecto, el DNU no especificó cuánto será ese financiamiento adicional, pero anticipó que será utilizado para la recompra de Letras Intransferibles emitidas por el Ministerio de Economía y que están en manos del BCRA. El decreto dice que buscará cancelar “una parte sustancial” de esos títulos que forman parte del activo de la autoridad monetaria, lo que da cuenta de que los desembolsos, al menos, no alcanzarían para rescatar los USD 23.000 millones totales que están actualmente en el Central.
Ese monto surge de la revaluación que hizo el BCRA de ese activo en el comienzo del gobierno libertario. De todas formas, para el Tesoro esas letras siguen teniendo el valor nominal al que fueron emitidas, una cifra de USD 67.000 millones, según GMA Capital. Por esa diferencia de contabilidad, el Poder Ejecutivo sostendrá que a través de esta operación habría una baja en el nivel de deuda consolidada. No obstante, habría también un cambio de acreedor desde una deuda interna a una exposición mayor del FMI hacia la Argentina.
El decreto asevera en su artículo 1° que las Letras Intransferibles serán canceladas en el orden cronológico en que fueron emitidas, y que la primera es la que tiene vencimiento el 1° de junio de este año. Según Romano Group, se trata de algo más de USD 10.000 millones, al valor nominal considerado por el Tesoro. Nuevamente, como para el BCRA el valor “real” es menor, el Tesoro necesitará menos dólares que esos USD 10.000 millones para cancelar ese primer compromiso.
Hay vencimientos de este tipo de letras mucho menores en 2026 y 2027 -con lo cual necesitaría una cantidad menor de divisas para rescatarlas- pero en 2029 vuelve a estar por encima de los USD 10.000 millones y ronda los USD 12.000 millones por año entre 2031 y 2033. Como todavía no se conoce en concreto cuántos dólares frescos habrá, no es posible determinar cuántas de todas esas letras podrían ser canceladas con la plata del FMI.
El otro punto relevante del esqueleto del programa EFF que apunta a firmar el gobierno libertario es que habrá un plazo de gracia sin pagos, de 4 años y medio. Es decir, si el nuevo programa tuviera como fecha de vigencia a partir de fines de abril, recién en octubre de 2029 el Estado argentino retomaría la devolución de divisas al Fondo Monetario.
En paralelo, el DNU menciona que “a los efectos de extender el horizonte de vencimientos, despejar la carga de pagos del Tesoro en los próximos años, dar más certidumbre a los tenedores de bonos y afianzar la perspectiva de mejora en la sustentabilidad del proceso de estabilización y crecimiento” también habrá una cancelación de “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse”.
Esto implicaría un alivio a los pagos previstos en el calendario al FMI por los próximos cuatro años, lo que se interpreta, sería desde 2025 hasta 2028 inclusive. De acuerdo a datos recopilados por EcoGo, en ese lapso la Argentina debería devolverle al organismo USD 13.100 millones solo de capital. Si a esa cancelación de la que habla el DNU también se le incluyeran los intereses, la suma que dejaría de pesar en el calendario financiero por los próximos cuatro años sería de casi USD 20.600 millones. Esto, vale decir, no extinguiría la obligación de pago, sino que la postergaría varios años más adelante. Ese detalle sobre si solo se contemplará pagos de capital o también de intereses no está especificado en la resolución del Poder Ejecutivo. El EFF de 2022 también tuvo una dinámica similar: el propio FMI financió los vencimientos que tenía el Stand By de 2018.
Por último, si bien no es explícito, el decreto podría dar una pista sobre que la utilización de los dólares que mande el FMI no podrían tener, como fin, la intervención en el mercado cambiario. “En atención a la decisión del Gobierno Nacional de no comprometer su política económica de déficit cero, los fondos recibidos por el Estado Nacional por medio de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el Fondo Monetario Internacional”. El memorando de políticas económicas que se acuerde terminará por dilucidar qué margen de acción le dejará el FMI al Gobierno con los dólares nuevos.
