
Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones fueron los primeros distritos subnacionales que aseguraron su adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Este sistema permite que los tickets de compra detallen impuestos como Ingresos Brutos (el principal impuesto provincial) y tasas municipales, una medida que fue impulsada por la ONG Lógica para generar mayor conciencia fiscal entre los ciudadanos.
Se espera que otras provincias se sumen en el corto plazo, mientras otras jurisdicciones cuentan en sus legislaturas con proyectos de ley provinciales que todavía no fueron discutidos.
La medida, aprobada con la Ley Bases y reglamentada a fines del año pasado, comenzó a regir el 1° de enero para grandes contribuyentes y sólo para los tickets emitidos. Desde ese momento, los grandes comercios deben detallar el IVA y los impuestos internos en cada ticket que le dan al consumidor.
Pero a partir del 1° de abril no sólo el régimen será obligatorio para todos los comercios; además, tendrán que detallar los impuestos nacionales mencionados en los flejes de góndola, en las páginas web y en todo tipo de cartelería y publicidad que realicen.
Carta a los gobiernos provinciales
Luego de la reglamentación nacional del régimen, Lógica envió una carta a los gobernadores de las 24 jurisdicciones con dos consultas: si impulsarían la adhesión para transparentar los tributos locales en los tickets y si aplicarían sanciones a los comercios que decidan informarlos voluntariamente. Las cinco provincias mencionadas respondieron afirmativamente a la adhesión y confirmaron que no sancionarán a los comercios que detallen estos impuestos en los comprobantes.
El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, sostuvo que la falta de información fiscal ha contribuido a que los ciudadanos no exijan mayor responsabilidad en el manejo del gasto público. “Con la sanción de este régimen se terminaron 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor. Y con la adhesión de las provincias se visibilizarán los impuestos más ocultos, ingresos brutos y tasas municipales, de los cuales los consumidores en general no tienen idea que los están soportando”, explicó.
En su respuesta, el gobierno porteño fundamentó la adhesión en mandatos constitucionales locales que garantizan el acceso a la información veraz y transparente. La intención es impulsar un proyecto de ley que contemple los aspectos específicos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y garantice su correcta implementación.
Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres indicó que además de adherir al régimen, la provincia promoverá activamente la transparencia en los gastos fiscales, como una señal de calidad institucional para fomentar nuevas inversiones privadas. Mendoza, por su parte, destacó que la medida fortalece la confianza en las instituciones y el vínculo entre el Estado y los ciudadanos. Sin embargo, la provincia aún analiza cuestiones técnicas sobre su implementación.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, justificó el impulso de un proyecto de ley de adhesión con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en cuestiones fiscales. En la misma línea, Misiones informó que está estudiando la mejor forma de aplicar la normativa a los ingresos brutos y tasas municipales, asegurando que dictará las regulaciones necesarias para su implementación.
Según Olivero Vila, el país atraviesa “una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de la sociedad”. Destacó que el desafío es lograr reformas fiscales profundas y duraderas, independientemente del signo político de los gobiernos de turno.
La iniciativa de Lógica se impulsó en 2023 a través de una petición en la plataforma Change y un compromiso firmado por los entonces candidatos presidenciales Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Ya en la Presidencia, Milei respaldó la propuesta a través de la sanción de la Ley 27.743, conocida como “Ley Lógica”.
Aunque no hay un plazo establecido para que las provincias adhieran, se espera que lo hagan pronto para garantizar una implementación uniforme del régimen en todo el país. Hasta el momento, además de las cinco provincias que confirmaron su adhesión, se han presentado proyectos de ley en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Río Negro, aunque sin respaldo de los gobiernos provinciales.