El Gobierno avanzó en la última semana con una advertencia que ya había hecho meses atrás y que generó alarma en parte del sector empresario.
Mediante el decreto 149, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, la promesa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se concretó: los acuerdos colectivos de trabajo ya no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de pago a favor de cámaras, asociaciones o agrupaciones empresariales a los empleadores no asociados o afiliados a las mismas, salvo que éstos últimos los acepten voluntariamente.
“El decreto establece que estas cláusulas no tienen fundamento normativo y afectan la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulneran los principios constitucionales de legalidad y representatividad”, aclaró el Gobierno, al tiempo que precisó que las cámaras tienen un plazo de 90 días para adecuarse a la nueva normativa.
El sector más alcanzado por este recorte es el de Comercio, cuyo convenio colectivo dispone un aporte obligatorio para socios y no socios de las respectivas entidades, equivalente a $4.700 por trabajador por mes (el 0,5% de la nómina). Dado que el sector emplea 1,2 millones de trabajadores, la recaudación mensual asciende a $5.640 millones y a casi $68.000 millones anuales.
El sector más afectado por este recorte es el de Comercio, cuyo convenio colectivo dispone un aporte obligatorio tanto para socios y como no socios de las respectivas entidades, totaliza unos $68.000 millones por año
Sin embargo, como en otros sectores, las empresas pagan por cerca de la mitad de sus trabajadores (unos 600.000). Por lo tanto, la recaudación real se reduce a la mitad del potencial. Si bien es obligatorio, muchos comercios no lo pagan o declaran menos trabajadores de los que tienen registrados. El monto real percibido se estima en $3.000 millones por mes, que son cobrados vía el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).
El Inacap existe desde 2008 y se financia, según su web, con “una contribución patronal mensual de carácter obligatorio. La misma es a cargo del empleador y concierne a todos los empleados que se encuentren bajo la órbita del Convenio Mercantil”. Los fondos recaudados son administrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), que a su vez destinan gran parte de los fondos a cámaras socias del interior.
Una de las voces para que Sturzenegger se interesara en el tema y avanzara fue la de la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam), que reclamó insistentemente por la eliminación de este aporte.
Según expresó la entidad en un comunicado, desde el 2008, “los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por ´capacitación´ por cada empleado, aunque no se capaciten nunca”. “A partir del decreto 149, ese pago pasará a ser voluntario.
“Este aporte sólo encarece los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleador, si decide no capacitarse”, afirmaron los empresarios de Cadam.
Este aporte sólo encarece los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado (Cadam)
La entidad denunció también falta de rendición de cuentas en entidades como la CAME y remarcó que esta contribución no esencial representará un ahorro mensual de unos $47 millones para el sector mayorista.
Plazo de adecuación
Como el Gobierno estableció un plazo de 90 días para su aplicación, los directivos de las entidades afectadas analizan junto a sus abogados los alcances de la norma y cómo sostener su financiamiento ante la caída de ingresos.
Aunque en la práctica muchas empresas ya optaban por no pagar, preocupa que la recaudación disminuya aún más, afectando el funcionamiento de más de 300 cámaras de comercio del interior. “Se les envía dinero para capacitación y fortalecimiento institucional”, contó a Infobae una fuente de la CAC, al defender el rol de las instituciones empresarias como representantes del sector.
A su vez, un comunicado que emitió la entidad dirigida por Mario Grinman luego de publicado el decreto advirtió: “muchas de las acciones que llevan adelante estas instituciones muy difícilmente serían sostenibles con el financiamiento voluntario, toda vez que sus beneficios tienen carácter general y no excluyen a quienes no contribuyen con su sostenimiento”.
“Esto comprende -remarcó la CAC- desde la gestiones y propuestas ante los distintos gobiernos, las negociaciones con las contrapartes sindicales, la defensa y promoción de la empresa privada y la libertad económica, entre tantas otras”.
El Gobierno ratificó la medida convencido de que estos aportes son compulsivos y generan un sobrecosto a las empresas, por lo que mantendrá su decisión y velará porque se cumpla en el plazo establecido.
Las cámaras industriales afectadas
En la industria también se muestran preocupados por el fin de estos aportes, aunque en muchas cámaras ya se habían vuelto voluntarios.
El caso de mayor envergadura, por la cantidad de trabajadores, es el de los metalúrgicos, nucleados en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra). El aporte obligatorio de esta entidad generó disputas con muchas firmas del rubro que se resistían a pagarlo. Algunas presentaron reclamos judiciales e incluso existen fallos favorables a esos reclamos.
El Gobierno ratificó la medida convencido de que estos aportes son compulsivos y generan un sobrecosto a las empresas
Varias cámaras del sector, que incluso negocian paritarias junto con Adimra, como la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (Afac) o la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) se opusieron al pago y promovieron campañas para que las empresas lo rechazaran.
De hecho, Camima publicó en su página web su satisfacción por la eliminación de esta cuota. “A partir de la entrada en vigencia del decreto, aquellas empresas que venían realizando estos aportes de manera compulsiva podrán interrumpirlos, con una notificación formal a la entidad que lo cobraba”, informó la entidad.
El aporte que percibe Adimra asciende al 1% del sueldo de los trabajadores, que rondan los 250.000. El salario promedio formal es de $700.000, la recaudación mensual podría alcanzar casi $1.800 millones y superar $21.000 millones anuales. Sin embargo, solo se recauda por el 30% de los empleados asalariados. “El rol que ha tenido Adimra siempre con este tema es que sea voluntario y de ahí que nunca hizo acciones judiciales para el cobro del aporte. Además, es un sistema totalmente solidario con el universo de cámaras sectoriales y regionales que lo conforman y con quien comparte el financiamiento”, dijeron fuentes allegadas a la entidad.
El rol que ha tenido Adimra siempre con este tema es que sea voluntario y de ahí que nunca hizo acciones judiciales para el cobro del aporte
También la Cámara de la Industria Plástica (CAIP), la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga), entre otras, incluyen aportes empresariales en sus convenios colectivos de trabajo.
En el caso del plástico, en la industria aseguran que si bien está incluido en el convenio, nunca fue homologado. Actualmente, se considera que es un aporte voluntario y que el promedio por empresa es de $40.000 por mes. De las 3.000 empresas del sector, sólo 1.500 realizan aportes, precisaron las fuentes, lo que genera una recaudación de unos $60 millones mensuales y $720 millones anuales. En este caso, este dinero financia, además de capacitación, la ONG llamada Ecoplas.
“No lo tengo en el convenio, lo tuve pero lo sacamos en 2015″, aclaró, en diálogo con Infobae, el presidente de Faiga, Juan Carlos Sacco. Y agregó: “Ahora paga el que quiere. A mí me pagan porque soy una entidad que da servicios. Las pymes están siendo arrastradas por un reclamo contra CAME. Jamás le reclamamos nada a nadie”, agregó el industrial gráfico.
El sector tiene 6.000 empresas, de las cuales pagan 2.000, según el empresario, socias y no socias. Cobra el 1% del salario y la recaudación mensual también asciende a unos $60 millones por mes.
A su vez, en el caso del sector maderero, el empresario le paga el aporte al sindicato y luego el gremio le gira un porcentaje a la cámara. “Se le cobra a las empresas 0,6% de la nómina salarial, el sindicato administra esos fondos y luego deriva una porción de eso a la federación. Hace 20 años que funciona así; y cuando se negocian las paritarias, ese tema nunca se toca”, dijo una fuente allegada a Faima. Este caso, como otros similares, quedan en un limbo, ya que si bien el aporte lo realiza una empresa, no va directamente a una cámara, por lo que quedan dudas sobre si debe o no eliminarse.
