
Las aguas que inundaron Bahía Blanca y que ya provocaron 13 muertes confirmadas por el gobierno de Buenos Aires, y los desbordes de arroyos que afectan San Miguel, Yerba Buena y otras localidades de Tucumán no son una plaga bíblica, sino otro episodio de la catástrofe natural más recurrente de la historia argentina.
Al margen de las irrecuperables y trágicas pérdidas humanas “entre los desastres naturales, las inundaciones representan el 94% de todos los daños económicos y un 96% de la población afectada”, precisó una investigación del año 2016 del Banco Mundial en la que el organismo estimó que las inundaciones ribereñas, caracterizadas por los desbordes de los ríos, representan el 49% del costo anual total por desastres naturales (0,7% del PBI), y que el costo de las inundaciones urbanas es el 46 por ciento.
Por entonces, el organismo internacional estimaba el costo económico promedio de las inundaciones en USD 1.000 millones anuales, cifra que en un estudio de noviembre de 2022 elevó a USD 1.400 millones anuales en activos y a USD 4.000 millones en “pérdidas de bienestar”, debido a la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos adversos. Ese estudio consideró prioritario aumentar las inversiones en los sectores de agua, agricultura y energía para reducir la vulnerabilidad al cambio climático y potenciar el crecimiento económico y estimó que el PBI podría aumentar un 2,7% hacia 2030 con apropiadas inversiones en infraestructura hídrica.
Allí también se señalaba que el 4% de las exportaciones argentinas podría verse afectado por regulaciones climáticas de otros países y que hacia 2050 las pérdidas por sequías, el segundo fenómeno natural más dañino, podrían hacerle perder al país hasta 4% del PBI, cuatro veces las pérdidas que provocó la sequía de 2023.
Según señaló en Infobae el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, desastres como los que ahora asolan Bahía Blanca y Tucumán se deben a “un modelo de gobernabilidad concentrado en el corto plazo, en reaccionar en el día a día, pero que no logra contemplar los efectos en el largo plazo y gobernar la complejidad del mundo”.

En cuanto a alcance geográfico, una de las mayores inundaciones de las últimas décadas ocurrió entre 1991 y 1992, en la Mesopotamia, a raíz del fenómeno que los expertos llaman ENSO (por “El Niño Southern Oscillation”). El daño económico, de unos USD 905 millones de entonces (al menos USD 1.600 millones de hoy) y urbano se concentró en las ciudades ubicadas a lo largo del río Paraná y las provincias del norte.
Según el Banco Mundial, la Argentina respondió históricamente a las inundaciones con “infraestructuras grises tradicionales, como canales de drenaje revestidos y defensas de concreto, para disminuir la probabilidad de inundaciones”, obras implementadas principalmente a nivel municipal, “sin una coordinación adecuada entre las áreas aguas arriba y aguas abajo, lo que limita la eficacia de la mitigación integral del riesgo”. Además, dijo el organismo, esas políticas se centraron “en reducir la exposición a los peligros, dejando de lado aspectos clave como la planificación espacial y la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades”.
Con ese enfoque, y a pesar de ciertos avances, el organismo estimó que cerca del 28 % de los argentinos aún vive en zonas propensas a inundaciones, lo que no solo amenaza su seguridad, sino que también empuja muchas de ellas a la pobreza.
Un ejemplo a imitar serían los Países Bajos, un tercio de cuyo territorio está por debajo del nivel del mar, y en las últimas décadas orientó su defensa contra las inundaciones en lo que llamó “soluciones basadas en la naturaleza”.
Aunque las mayores pérdidas derivadas de inundaciones suelen ser las inundaciones que afectan áreas extensas, como la de 1992 en la Mesopotamia, pues dañan la producción del agro, lo cierto es que en lo que va del siglo XXI las tragedias y pérdidas por inundaciones en áreas urbanas de la Argentina se fueron encadenando. He aquí solo algunas de ellas:
Inundación en la ciudad de Santa Fe (abril de 2003).
El 29 de abril de ese año una rápida e histórica crecida del Río Salado inundó en menos de cinco horas un tercio de la superficie de la capital provincial. La obra de un terraplén para contener el eventual desborde de las aguas no había sido concluida. La catástrofe provocó la muerte de 23 personas de modo directo y de otro centenar por causas directas e indirectas, y destruyó 15.000 viviendas.
Más de cien mil personas debieron realizar un éxodo masivo y abandonar sus hogares. El agua inundó 40 barrios. La provincia no contaba con un plan de evacuación o contingencia. Muchos vecinos permanecieron en los techos y terrazas de sus casas para evitar robos; los gomones del Ejército los rescataban o les acercaban alimentos.
La inundación se produjo durante la segunda gobernación de Carlos Reutemann y llevó a la renuncia del director de Obras Hídricas, Ricardo Fratti, que pese a los reclamos de los familiares de las víctimas nunca fue citado por la Justicia. Solo tres personas fueron condenadas por el delito de estrago culposo agravado.
Inundación de La Plata (Abril de 2013)
Un cóctel de tormenta, imprevisión e imponderables dejó bajo el agua la capital bonaerense y causó un gran número de muertes. El gobierno provincial, entonces a cargo de Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, elevó un informe que precisó en 49 el número de víctimas fatales, cifra que el juez Luis Arias, luego desplazado de la investigación, elevó a 89, cifra que nunca pudo ser confirmada.

Entre otras cosas, Arias adjudicó parte de la responsabilidad a la policía de la Provincia y dijo que los médicos de la morgue falsearon certificados de defunción para hacer creer que personas que habían muerto por el temporal en realidad habían muerto por causas naturales, pero no pudo ligar esa negligencia a una orden directa de la Gobernación.
“Encontramos muchísimas irregularidades. Desde la falsificación de certificados de defunción para hacer aparecer a una de las víctimas como que murió por un carcinoma hepático hasta muertes dobles; en el cementerio vimos dos tumbas con la misma identidad”, dijo Arias en declaraciones radiales.
Alud de barro en Comodoro Rivadavia (Marzo y abril de 2017)
La ciudad ya había sufrido un desastre similar, pero de menor escala, en 2010. Una rápida precipitación de más de 100 milímetros provocó aludes de barro. Más de 7.600 personas fueron evacuadas y de entrada el entonces gobernador chubutense, Mario das Neves, señaló que había que reconstruir entre 2.000 y 2.500 viviendas.
Una característica de los aludes de barro es que, a diferencia de las inundaciones “normales”, cuando se retiran dejan bloqueadas las cañerías de agua y otras redes e infraestructura que lleva años reconstruir.
Tras el primer alud, una segunda precipitación provocó la muerte de dos personas y cerca de 100.000 personas (en una ciudad de 200.000) fueron directa o indirectamente afectadas.
Inundación de Corrientes (Marzo de 2024)
Calificada por el entonces y actual gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, como “la peor catástrofe climática” de la provincia, obligó a postergar el inicio del ciclo escolar y a la evacuación de casi 800 personas. “Se les está otorgando asistencia alimentaria. No sufrimos nunca una situación de estas características”, dijo Pedro Ruiz, subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes de la capital provincia, sobre la que en cinco horas habían caído 300 mililitros de agua
El lugar más crítico de la ciudad fue el barrio “La Olla” y algunas escuelas postergaron varios días el inicio de clases, pues funcionaron como centros de evacuación para personas que en el temporal perdieron su hogar. Otros barrios afectados fueron Cichero, donde los vecinos realizaron piquetes, para protestar por un socavamiento de tierra que luego del temporal se tragó una vivienda y amenazaba con afectar a otras
Inundación, granizo y temporal en La Plata (Marzo de 2024)
Una fuerte lluvia provocó rápida acumulación de aguas y afectó áreas de Ramos Mejía, Avellaneda, Lanús y Quilmes, entre otras localidades. El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta naranja por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores.
Pero La Plata fue la ciudad más afectada, quedando inundada y repleta de basura en las calles. Muchas calles del centro se transformaron en ríos y la corriente arrastró gran cantidad de autos que estaban estacionados. Muchos vecinos recordaron la trágica inundación de 2013 y miles de familias sufrieron pérdidas materiales irreparables pero, afortunadamente, esta vez no hubo muertos ni heridos. La primera tormenta había afectado barrios platenses,como City Bell, Villa Elisa, Gonnet y Ringuelet y horas más tarde impactó el Casco Urbano, pues los desagües no dieron abasto y se rebalsaron.

Otras localidades de la zona sur bonaerense damnificadas fueron Lanús, Claypole, Berazategui, Guernica, Florencio Varela, Avellaneda y Quilmes. En varias de ellas se trató de la segunda inundación aquel mes. También quedaron bajo el agua zonas de Ramos Mejía, Avellaneda, Lanús y Quilmes. El escenario que dejó la tormenta recordó a los vecinos la trágica inundación de 2013 aunque, afortunadamente, en esta oportunidad no hubo muertos ni heridos.
La primera tormenta había impactado barrios de la zona norte, como City Bell, Villa Elisa, Gonnet y Ringuelet. Horas más tarde, la fuerte caída de agua impactó el Casco Urbano, ya que los desagües no dieron abasto y se rebalsaron. Otras localidades del sur bonaerense damnificadas por el temporal fueron Lanús, Claypole, Berazategui, Guernica, Florencio Varela, Avellaneda y Quilmes. Para varias de ellas se trató de la segunda inundación en un mes; las tormentas previas habían provocado que varias calles se volvieran intransitables. En la zona de Berazategui, El Pato y Guernica, el temporal incluyó también la caída de granizo, con cubos de hielo “similares a pelotas de golf”.