El Gobierno envió al Congreso los detalles del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Según explicaron, será remitido a la Bicameral de DNU.
“Tal como se comprometió el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, mencionó un comunicado oficial.
“Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, comunicó la Oficina de Presidencia de la Nación.
“Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias”, apuntó. “No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores”, continuó.
“Convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas. Es por esto que el Presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico”, cerró el comunicado de Presidencia.
De esa forma, la estrategia legislativa del Poder Ejecutivo será la de buscar apoyo parlamentario pero por la falta de rechazo al DNU más que por la “positiva” como si se tratara de un proyecto de ley. El paso a paso será, luego de la emisión del DNU, que Jefatura de Gabinete lo remita a la comisión bicameral para que elabore un dictamen y lo envíe a las dos cámaras. Solo si ambas cámaras lo rechazan quedará sin vigencia, pero hasta ese momento quedará con vigencia de ley.
Esta tarde, en Mendoza, el ministro Luis Caputo destacó que el nuevo programa estará cerrado antes de que finalice el primer cuatrimestre del año. Sin dar cifras concretas, afirmó que habrá “fondos frescos” para recapitalizar el balance del BCRA mediante la cancelación de su deuda con el Tesoro, e insistió que no implicará un aumento de la deuda bruta.
“Es un paso muy importante. Va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre, nos hemos puesto de acuerdo en como sigue el programa económico. Jamás el Fondo pidió devaluación”, dijo. Y afirmó que el fortalecimiento del Banco Central es “uno de los pasos para salir del cepo”.
Caputo dijo que deben cumplirse pasos con la burocracia del Fondo Monetario y “también, en las próximas semanas, con nuestra propia burocracia, porque el acuerdo tiene que ir al Congreso”.
El FMI, en tanto, le dijo a este medio esta tarde que “para que el Directorio Ejecutivo del FMI pueda aprobar el programa será necesario que las autoridades aborden los requisitos legales a nivel nacional”.
La discusión sobre la estrategia jurídica que adoptaría el Poder Ejecutivo estaba atravesada por la Ley 27.612, conocida como la “Ley Guzmán”, aprobada en marzo de 2021 y presentada por el entonces ministro Martín Guzmán, que estableció que el endeudamiento en dólares por encima de lo presupuestado y los programas con el FMI tienen que contar con una ley específica del parlamento.
Hasta el momento las declaraciones públicas del presidente Javier Milei -en la Asamblea Legislativa el sábado pasado- y el ministro de Economía Luis Caputo habían dado a entender que el Poder Ejecutivo no buscaría saltearse esa ley sino enviar un proyecto para que el Congreso discuta.
El Gobierno había dejado saber que solo incluirá el pedido de autorización para concretar el programa y acordar ese nuevo endeudamiento con el Fondo, bajo la interpretación de que la “Ley Guzmán” no estipula explícitamente que el contenido de los memorandos que se acuerden con el organismo tienen que formar parte en términos legislativos de esa solicitud de permiso para firmar el acuerdo.
