El Régimen de Transparencia Fiscal, aprobado con la Ley Bases y reglamentado a fines del año pasado, comenzó a regir el 1° de enero para grandes contribuyentes y sólo para los tickets emitidos. Desde ese momento, los grandes comercios deben detallar el IVA y los impuestos internos en cada ticket que le dan al consumidor. Pero a partir del 1° de abril no sólo el régimen será obligatorio para todos los comercios, sino que además tendrán que detallar los impuestos nacionales mencionados en los flejes de góndola, en las páginas web y en todo tipo de cartelería y publicidad que realicen.
A un mes de que esta obligación comience a regir, varios sectores empresarios comenzaron a advertir sobre la imposibilidad que tendrán de cumplir con esa norma en la fecha correspondiente y algunos pidieron prórroga. Es el caso de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que le envió una nota al subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, en la que le detalla todos los inconvenientes con los que se están encontrando para poner en práctica el régimen al 100% y le solicitan expresamente una extensión del plazo previsto. Sin embargo, en el Gobierno descartan una prórroga e insisten en que el mecanismo es sencillo y de fácil cumplimiento, dijeron fuentes a Infobae.
En la carta, la entidad que dirige Mario Grinman argumentó que muchas compañías aún no han logrado adecuarse a las exigencias operativas y tecnológicas que demanda la normativa, especialmente en sectores como el supermercadismo, el comercio electrónico y la actividad hotelero-gastronómica.
La CAC manifestó su apoyo a la normativa en términos generales, al destacar que “tanto la explicitación de los impuestos contenidos en facturas y tickets como la exhibición de precios son fundamentales para generar conciencia tributaria en la población, lo que favorece la comprensión y valoración de las necesarias políticas de austeridad en el gasto público y reducción de impuestos que encara el Gobierno Nacional”.
No obstante, remarcaron que la aplicación práctica de la norma presenta desafíos significativos que afectan a diversos rubros.
Uno de los sectores más afectados, según la misiva, es el hotelero-gastronómico, cuyos representantes señalaron que ven “profundamente afectada la capacidad de cumplimiento de dicha resolución, en especial lo relacionado con la exhibición de los precios de manera gráfica o en redes sociales, así como en la publicidad correspondiente”. En este sentido, argumentaron que “la modalidad y formato impuestos en el inciso c) del artículo 2º de la resolución mencionada resultan de difícil aplicación y, en muchos casos, prácticamente inviables para la correcta presentación de los servicios que ofrecen”. Ese inciso se refiere al desagregado que deben realizar del precio. En el Gobierno afirman que sólo deben detallar el precio en letra grande y más abajo, en letra más chica, el precio sin impuestos nacionales. Eso para la publicidad y el fleje de góndola. Pero aún así, los comercios aseguran que necesitan más tiempo para adecuar sus sistemas.
Por otro lado, en el caso del supermercadismo, la CAC advirtió que la norma impone una carga operativa significativa, ya que implica el reetiquetado de miles de productos. “Dependiendo de las cadenas y los formatos dentro de ellas, pueden ir entre 4.000 y 18.000 referencias (el último gran hipermercado inaugurado recientemente tiene 36.000) distribuidas en las distintas jurisdicciones provinciales y municipales (con regionalización de precios). Esto implica una gran inversión en tiempo y de recursos económicos (horas hombre y costo de re-etiquetado) que no admiten desvíos que impliquen posteriormente volver a re-etiquetar”, explicaron.
También señalaron que las empresas de comercio electrónico enfrentan problemas técnicos adicionales, ya que muchas plataformas no están preparadas para mostrar los precios con el desglose impositivo requerido. “Hoy por hoy muchas de las Webs están capacitadas para recibir los datos de precios finales, pero no hacen cálculos adicionales como para determinar los precios sin impuestos considerando cada uno de los parámetros necesarios según cada producto o servicio, por lo que requiere un desarrollo prácticamente de cero”, advirtió la entidad.
La CAC también alertó sobre un “grado importante de desconocimiento de esta medida pese al esfuerzo de comunicación realizado por las autoridades y desde el sector privado”. En ese marco, la entidad solicitó una prórroga para la implementación del régimen, proponiendo una extensión de dos meses adicionales para las micro, pequeñas y medianas empresas y de un mes para el resto de los sujetos alcanzados. De esta forma, la fecha de aplicación efectiva del régimen pasaría al 1° de junio para las pymes y al 1° de mayo para las grandes empresas.
Pero fuentes oficiales confirmaron que no extenderá el plazo y que la normativa entrará en vigencia el 1° de abril como estaba previsto. La administración considera que el sector privado tuvo tiempo suficiente para adaptarse a los requerimientos del régimen y que una postergación generaría incertidumbre en su aplicación. Además, argumentan que la exhibición transparente de los impuestos en los precios es clave para generar conciencia tributaria y fortalecer la política de reducción del gasto público.
La negativa del Gobierno a otorgar una prórroga obliga a las empresas a acelerar el proceso de adecuación en las próximas semanas. En el sector comercial temen que la falta de preparación genere problemas operativos y posibles sanciones por incumplimiento. Desde la CAC, en tanto, reafirmaron su compromiso de continuar trasladando al Gobierno “las inquietudes que vayamos recibiendo de empresas asociadas y cámaras” para mitigar los impactos de la nueva normativa.
Cuándo podría extenderse el régimen a las provincias y municipios
La norma invita a las provincias a adherir para ampliar la visibilidad de impuestos locales, como ingresos brutos y tasas municipales. Este aspecto será clave para consolidar un sistema integral de transparencia fiscal que abarque tanto los impuestos nacionales como los provinciales y municipales.
Según había dijo semanas atrás a Infobae Matías Olivera Vila, el presidente de Lógica, la ONG que impulsó el régimen, “las provincias están obligadas a adherirse con base en dos mandatos constitucionales previstos en el artículo 42 para los consumidores: el derecho a recibir “información adecuada y veraz” y a la “educación al consumidor”. Dicha educación “le fue quitada en lo fiscal con prohibiciones, sanciones y ocultamientos de impuestos que no existen en el mundo”. “Es esperable que las provincias se adhieran para el 1° de abril, cuando este régimen se aplique obligatoriamente a todos los comercios”, remarcó el impulsor de la transparencia fiscal.
Desde Lógica le enviaron a los 24 gobernadores una carta preguntándoles si van a impulsar el régimen y ya están recibiendo algunas respuestas. “La idea es saber si lo van a impulsar, porque esto depende de la Legislatura y todo el procedimiento que corresponde en cada provincia. Les dimos plazo desde el quince de enero hasta el primero de marzo y nos comprometimos a no ir diciendo quiénes son los que se adhieren, sino hasta el primero de marzo. Luego lo haremos público”, aseguró Olivera Vila. Incluso, alguna provincia que ya les transmitió que se adherirá está evaluando hacerlo vía decreto.
