El Gobierno arrancó 2025 con superávit fiscal, pero tiene menor margen para ajustar partidas clave

El Gobierno arrancó el año con otro número superavitario en las cuentas públicas y fue señalado por el Poder Ejecutivo como la señal ante el mercado de que los fundamentos del plan económico seguirán su curso en medio del ruido político por el escándalo de la criptomoneda $Libra que involucra al presidente Javier Milei y las dudas del mercado por una situación débil de reservas en el BCRA y un acuerdo con el FMI que se hace más necesario.

Enero tuvo un superávit primario de 0,3% del PBI y al sumar los intereses de deuda, es de 0,07% del PBI, una cifra levemente más baja en términos reales que un año antes.

El perfil fiscal de este año, en que la Casa Rosada también se comprometió a sostener el déficit cero, deberá ser distinto al de 2024, que estuvo marcado por una licuación importante del gasto -principalmente previsional- en la primera parte del año y ajustes en transferencias a provincias, subsidios y obra pública, junto con ingresos tributarios extra aprobados por el Congreso en el paquete fiscal de la Ley Bases, como el blanqueo y la moratoria, la suba del Impuesto PAIS y el retorno de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

El 2025 será un año en que algunos de esos elementos dejarán de estar en el horizonte fiscal -el Impuesto PAIS perdió vigencia y los recursos tributarios “por única vez” tampoco estarán disponibles- aunque si tuviese lugar la recuperación de la actividad que espera el Gobierno y el mercado, habrá por ese efecto una mejora en la recaudación tributaria, algo que las consultoras ya comenzaron a observar en el primer mes del año.

Por lo pronto, los primeros datos de la Secretaría de Hacienda permiten ver cómo comenzó el ajuste del 2025 y qué perfil adopta. El gasto en jubilaciones y pensiones creció 30% en términos reales en enero y explicó casi el 80% del incremento interanual del gasto primario, según un informe de la consultora LCG.

El estudio privado advirtió que esta cifra debe ser analizada con contexto. Por un lado, en enero de 2024 el gasto había sido fuertemente licuado por la inflación superior al 20% y ajustes determinados por la Ley de Movilidad anterior, que tomaba la inflación de julio a septiembre. Por otro, aunque la nueva fórmula redujo el rezago de actualización a dos meses, la desaceleración de la inflación tiene un efecto fiscal expansivo.

En cuanto a las perspectivas de las finanzas públicas, LCG sostuvo que el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal continuará en 2025, pero enfrentará menores ingresos debido a la eliminación del Impuesto PAIS (1,3% del PBI), la reducción de Bienes Personales y el recorte de retenciones al agro pampeano y eliminación para las economías regionales. Estos factores obligarán a compensar con nuevos ajustes del gasto, dado que las principales fuentes de mejora fiscal de 2024 ya se encuentran agotadas.

La consultora también resaltó que el cambio en la fórmula de movilidad previsional ya no tendrá efecto en 2025 y que el sendero de desinflación jugará en contra del ajuste fiscal. Además, alertó sobre la dificultad de aplicar nuevos recortes en la obra pública, que ya se redujo al mínimo del 3% del gasto primario, y de limitar aún más los giros a provincias, que representan apenas el 2% del total.

El análisis de la consultora PxQ, por su parte, mostró que el gasto en prestaciones sociales, salarios públicos y subsidios se ubicó en niveles comparables a los de 2018. En contraste, las transferencias a provincias, universidades y el gasto de capital permanecen rezagados, apenas superando los mínimos de enero de 2024 y situándose por debajo del promedio de la última década.

También observó que, a pesar de los recortes en distintas áreas, algunos rubros de gasto han mostrado una estabilización en términos reales, lo que fue interpretado como una incógnita sobre la capacidad del Gobierno de continuar con el ajuste sin afectar la actividad económica.

PxQ puso de manifiesto, no obstante, que en términos de ingresos, los tributos vinculados a la actividad interna mostraron crecimiento. En este contexto, la evolución de la recaudación en los próximos meses será clave para evaluar el margen de maniobra del Gobierno en su estrategia fiscal.

Ese punto también fue recogido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que observó que, aunque los datos de actividad económica están disponibles hasta noviembre, la recaudación del IVA hasta enero permite inferir una posible recuperación económica en diciembre y enero.

Si las condiciones se mantienen constantes, el retroceso acumulado de 2024 (2,5% interanual a noviembre) podría haber comenzado a revertirse. Este indicador cobra relevancia considerando que el IVA es un impuesto vinculado directamente al consumo, por lo que su evolución sugiere una dinámica de mejora en la demanda interna.

Un aspecto novedoso del perfil fiscal tiene que ver con las empresas públicas. Según un informe de la Fundación Libertad y Progreso, en enero las empresas públicas registraron un superávit operativo de $140.009 millones, el primero de magnitud similar desde octubre de 2008. Según el análisis, durante casi 15 años, las empresas estatales acumularon déficits operativos de manera ininterrumpida.

El informe incluye a todas las empresas públicas, incluidas las ocho que fueron declaradas sujetas a privatización total, parcial o concesión en la Ley Bases. En este sentido, el análisis destaca que el resultado positivo se explica en gran medida por el recorte de subsidios y la reestructuración de gastos de funcionamiento en las principales compañías estatales.

En el último informe elaborado por los técnicos del FMI, el organismo explicitó cómo cree que debería ser el perfil del ajuste fiscal para este año. El Fondo Monetario reconoció la transición rápida hacia el superávit que decidió el gobierno libertario aunque hizo objeciones sobre el perfil de ese ajuste y cómo debería ser en adelante.

“Para mantener y consolidar los avances iniciales en la estabilización probablemente será necesario ampliar el esfuerzo de reforma fiscal y mejorar aún más las condiciones sociales para fortalecer la aceptación de la población”, escribió el staff.

“Además de las medidas fiscales de alta calidad –como mejora de la progresividad del Impuesto a la renta personal y reducción de los subsidios–, una parte considerable de la recuperación fiscal inicial se logró mediante profundos recortes al gasto discrecional, incluida la inversión pública y los salarios, así como medidas de ingresos temporales o puntuales”, destacó el informe en referencia al Impuesto PAIS o las incluidas en el paquete fiscal.

“A medida que se afiance la estabilidad macroeconómica, las políticas deberán orientarse a lograr que los avances fiscales sean sostenibles, abordando las rigideces fiscales estructurales: automatizando la recuperación de las tarifas de energía, mejorando la sostenibilidad del sistema de pensiones y la masa salarial pública, reduciendo la naturaleza distorsionante y la complejidad del sistema tributario y mejorando la flexibilidad en las relaciones fiscales con las provincias”, planteó el organismo.

Sobre la necesidad de un refuerzo de las políticas sociales, el FMI observó: “La sostenibilidad de la consolidación fiscal también dependerá críticamente de su aceptación social. Las autoridades han aumentado significativamente los beneficios sociales y mejorado la protección contra la inflación de los salarios y las pensiones. Sin embargo, las tendencias recientes -en particular, tras de un intenso período de inestabilidad en 2023, seguido de una marcada consolidación fiscal, las tasas de pobreza aumentaron a más del 50% a principios de 2024- sugieren que puede ser necesario un mayor fortalecimiento del apoyo social si no se revierte esta tendencia”.