Aunque todavía sin fecha de publicación en el Boletín Oficial, los anuncios del Gobierno referidos a las profundas reformas en la Ley Nacional de Tránsito generaron una enorme expectativa en los usuarios de vehículos, tanto por temas referidos a la VTV como por la importación de repuestos y de nuevos autos que no tienen representación oficial en Argentina.
La Revisación Técnica Obligatoria (RTO), también denominada como Verificación Técnica Vehicular (VTV) en algunas jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, tiene actualmente una diferente periodicidad de inspección inicial y renovación.
En CABA, un auto cero kilómetro no tiene necesidad de ir a una VTV en el transcurso de los primeros cuatro años desde la fecha de alta para circular por la vía pública. La siguiente verificación tiene una validez de 2 años y desde el séptimo año se debe hacer todos los años.
En cambio, en la provincia de Buenos Aires, las motos deben hacer la VTV todos los años desde cero kilómetro y los autos particulares tienen un plazo de 24 meses desde nuevos en los que no se deben verificar, para luego comenzar con un esquema similar al de las motos y concurrir todos los años.
La nueva VTV
El anuncio del Gobierno establece que para las jurisdicciones que se adhieran a la nueva normativa que se incluirá en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, los autos cero kilómetro tendrán hasta 5 años cumplidos para circular sin tener que presentar una RTO o VTV. Entre el quinto y el décimo año, las verificaciones tendrán que hacerse cada 24 meses (2 años), en tanto que a partir de los diez años de antigüedad, la revisación será obligatoria cada año. Los vehículos para uso comercial, tendrán que hacer la primera RTO a los 24 meses del alta como cero kilómetro.
La otra novedad que el Gobierno introducirá en relación con las RTO, radica en que finalmente se admitirá la posibilidad de efectuarlas en concesionarias oficiales y talleres particulares habilitados a tal fin, los que deberán contar con el equipamiento y la infraestructura que se publique en la resolución oficial y cumplimentar con el alta en un registro de entidades habilitadas que se abrirá para recepcionar los pedidos.
No se conoce la reglamentación detallada que permita saber cómo se distribuirán las obleas que se deberán entregar a los vehículos revisados, o si esa documentación física que habitualmente se pega en el parabrisas de los automóviles, será reemplazada por una certificación digital. Si esa fuera la decisión, esa modificación del sistema pueda solaparse con la implementación de un sistema conectado nacional en el que se pueda conocer el estado mecánico de todos los vehículos verificados en plantas oficiales, concesionarias y talleres autorizados.
Tampoco hay certeza de los costos que tendrá la RTO, aunque teniendo en cuenta que se trata de una desregulación, posiblemente se libere a una tarifa dentro de ciertos parámetros que le permita decidir cada planta o taller. En el caso de estos últimos, la VTV podría ser parte de un trabajo de service o reparación que el usuario efectúe y pueda complementarse con la revisación obligatoria. Actualmente, por norma, las plantas de VTV no están autorizadas a hacer reparaciones en los vehículos, sólo a inspeccionarlos.
Importación de autopartes
Esta es otra medida de profunda reforma dentro de la Ley de Tránsito. Actualmente, y hasta que se publique la nueva normativa, las autopartes de seguridad de los autos deben cumplimentar con un trámite que les permita obtener el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Ese trámite se debe hacer en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El CHAS, a decir de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, implica un “proceso carísimo y casi imposible”. El funcionario, ideólogo de la eliminación de este trámite, lo consideró una barrera paraarancelaria que termina encareciendo las autopartes de los vehículos, y esto, consecuentemente, alimentando el robo de automóviles para desguace y venta de las partes. Por ese motivo, según el ministro, se trata del “mal del CHAS, porque mata gente”.
A través del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno confirmó el martes que se liberará la importación de todo tipo de autopartes, lo que incluye los elementos de seguridad. Por lo tanto, la medida eliminará la necesidad de gestionar el CHAS. A la espera de la reglamentación que detalle la nueva normativa, se presume que eliminar el CHAS no significa eliminar el control de certificaciones de calidad que tendrán que seguir cumpliéndose.
“Si bien la aduana no efectuará más controles al ingresar la mercadería, el importador deberá cargar la información vinculada a la certificación para eventuales controles en el mercado. En caso de inconsistencias, o casos de denuncias desde las cámaras o empresas, actuará la Secretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, con las eventuales multas y penalidades si correspondiere”, contestó Juan Cantarella, Presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) a Infobae.
Además, existe una preocupación en relación con la importación por parte de particulares con envíos a través del sistema de Courier, por el cual un usuario puede comprar una autoparte de seguridad, recibirla en su casa y colocarla sin que exista un control de certificaciones alguno.
“Eso entendemos que es un exceso en la decisión que se tomó, va en contra de la Ley de Tránsito, norma de mayor jerarquía que una decisión administrativa”, dijo Cantarella. Habrá que esperar a la publicación de todas las reformas que se harán sobre la Ley de Tránsito, para conocer la respuesta de las autoridades al respecto.
Importación de autos sin homologación nacional
En paralelo con la autorización para importar autopartes de seguridad libremente, el gobierno también anunció que se cambiará el sistema de homologación de autos fabricados en serie. Actualmente, esa homologación consta de dos certificaciones que se deben obtener en distintos organismos nacionales.
Una es la Licencia de Configuración de Modelo (LCA), que se tramita en el mismo INTI, mientras que la otra es la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que está a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación. Ambas licencias, más allá del costo que representan y de la demora que tienen en emitirse, resultan el equivalente a un doble control respecto a las certificaciones industriales o ambientales que tienen los vehículos en su país de origen.
Lo que decidió el Gobierno fue que se eliminarán estas dos licencias para los automóviles que provengan de países con certificaciones internacionales, reemplazando el actual sistema por una homologación semiautomática. Así, se podrá importar un auto que no se comercializa en el país con la sola inspección de que efectivamente se trata de un vehículo que tiene esas certificaciones.
Esto permitiría que autos que se fabrican en Estados Unidos, en países de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, y que no se venden en Argentina, obtengan el permiso de comercialización y circulación en la vía pública local con un trámite simple. Por lo tanto, aunque no tendrán la cobertura de servicio de la marca, los particulares podrán hacer la importación personal e individual de esos modelos.
Para los casos de autos fabricados en otros países en los que no se exigen esas certificaciones internacionales, sólo podrían entrar en el régimen de homologaciones semiautomáticas aquellos productos que sí las obtengan. El resto de los modelos tendrán que seguir el proceso de homologación habitual, que demora actualmente entre tres y cinco meses.
