La oleada de anuncios arancelarios de Donald Trump genera incertidumbre y tiene en vilo a la economía mundial. El jefe de la Casa Blanca anunció primero y luego pospuso por 30 días aranceles del 25% a Canadá y México, sus dos socios en el USMCA, el Área de Libre Comercio que él mismo había negociado en su primera gestión, impuso aranceles del 10% a China y del 25% al acero y al aluminio (a regir desde el 12 de marzo) y anticipó la aplicación de “aranceles recíprocos” a las contrapartes comerciales de EEUU.
Este último anuncio, llevado a la práctica y considerando que EEUU tiene un arancel promedio inferior al 3%, significaría aumentar las tarifas sobre las importaciones provenientes de (casi todos) los países del mundo que comercian con la potencia norteamericana.
Por de pronto, entre los analistas hay preocupación por los efectos inflacionarios de los aranceles por el aumento de costos, que Trump apuesta a compensar reduciendo los impuestos sobre las ganancias corporativas y con una baja del precio del petróleo, objetivo que no entusiasma al sector petrolero.
Entre las primeras reacciones a la medida estuvo, por caso, el reconocimiento de Coca Cola de que probablemente recurrirá más a las botellas de plástico que a las latas de aluminio.
De mucho mayor importancia, cuando las cosas se asienten, será la respuesta del mercado de bonos y la Fed: ya que la tasa de interés es la principal variable para contener el efecto de la deuda pública (ya superior al 100% del PBI) sobre la situación fiscal de EEUU.
Trump inició acciones contra los 3 países (China, Canadá y México) que explican casi el 40% de las importaciones anuales de EEUU, generó represalias del gigante asiático junto al que explica más del 40% del PBI mundial, y amenaza a la Unión Europea, el mayor bloque económico, con medidas similares si no aumenta sus compras de energía a EEUU.
Un aspecto llamativo, incluso absurdo, de la lógica del aumento de los aranceles sobre el acero y el aluminio fue que cuando le preguntaron si podía eximir a la Argentina, Trump respondió que no, señalando “tenemos un pequeño déficit con la Argentina”.
Comercio bilateral
Es cierto: en 2024, producto del desplome de las importaciones por la caída del nivel de actividad, la Argentina tuvo un superávit de USD 229 millones en el intercambio con EEUU. Ese ínfimo saldo a favor contrasta con los mucho más gruesos déficits bilaterales que la Argentina y Brasil, las dos más grandes economías del Mercosur, tienen normalmente con EEUU.
Tomando una fuente estadística homogénea, el TradeMap del International Trade Centre, se observa (ver arriba) que, de 2008 a 2023, la Argentina tuvo un saldo bilateral negativo todos los años y Brasil un pequeño superávit en solo uno (2017) en el comercio con EEUU. El saldo acumulado de esos déficits fue de USD 46.437 millones para la Argentina y de USD 88.329 millones para Brasil, sumando un rojo de USD 134.766 millones. Si, según las palabras de Trump, la cuestión son los saldos bilaterales, las cosas deberían ser al revés.
Postular urbi et orbi el equilibrio comercial choca con la teoría de las “ventajas comparativas” que a principios del siglo XIX postuló David Ricardo, uno de los padres de la economía clásica, al mostrar la ventaja de que cada país se especialice (como Adam Smith había postulado para las personas) en lo que mejor puede y sabe hacer y obtenga el resto del intercambio con sus pares, a su vez especializados en otros quehaceres, aumentando así la producción y riqueza totales.
Dan Ciuriak, un consultor internacional, midió los saldos que, en porcentaje del total del intercambio bilateral (exportaciones más importaciones) EEUU obtiene del comercio con otros países. Desde un déficit del 98,7% con Lesotho, un pequeño país africano, proveedor de textiles, indumentaria barata y diamantes, a un 100% de superávit con Cuba, país al que las empresas americanas venden poco y al contado y del que no importan nada.
En esa métrica, por caso, el superávit de EEUU con Brasil de 2023, último año con datos completos del Trademap, equivale a 1,6% y con la Argentina al 14% de los respectivos comercios bilaterales. Y la suma de ambos es ínfima en relación al saldo (0,2%) e infinitesimal en relación al comercio total de EEUU.
Lógica mercantilista
Sucede, sin embargo, que el toma y daca comercial más que por la teoría económica se guía por lo que en un paper de 1991 sobre la entonces vigente ola de Acuerdos de Libre Comercio, Paul Krugman, Nobel de Economía 2007, llamó GATT-think.
No existía aún la Organización Mundial del Comercio (OMC); el organismo que regía el comercio mundial era el GATT (sigla en inglés del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio). Las negociaciones no se basaban en nociones de eficiencia y creación o desvío de comercio. El GATT-think o lógica negociadora, explicó Krugman, se reducía a tres premisas de sabor mercantilista: 1) exportar es bueno, 2) importar es malo, y 3) si otras cosas no varían, aumentar exportaciones e importaciones en igual medida es aceptable.
No está claro cuán dispuesto esté Washington a revisar el arancel del 25% sobre el acero y aluminio argentinos, del que la empresa más perjudicada es Aluar, que desde Puerto Madryn exporta unos USD 600 millones anuales al mercado norteamericano. Un volumen, precisó la empresa, que representa el 40% de su producción y el 55% de sus exportaciones totales, pero equivale a solo el 4% del consumo de EEUU, que necesita importar más del 80% del aluminio, principalmente de Canadá. A su vez, Trump dijo que el único país al que podría exceptuar es Australia, principal productor mundial de bauxita, el mineral básico a partir del cual se hace aluminio.
Lógica geopolítica
La lógica no es solo económica, sino en gran medida geopolítica: Australia es socio de EEUU y el Reino Unido en el AUKUS, un acuerdo de seguridad, y clave en la pulseada con China. Esta lógica se manifestó también en la respuesta de Kevin Hassett, miembro de Consejo de Asesores Económicos del primer gobierno de Trump, a analistas de Goldman Sachs, uno de los grandes de Wall Street, en una reciente entrevista.
Consultado sobre la imposición de aranceles a China, Hassett saltó al tema del acero, ya no como cuestión comercial, sino de seguridad. La sobreproducción de acero de China, dijo, es una “amenaza geopolítica” por tratarse de “un recurso esencial para la fabricación de equipos de transporte y hardware militar, lo que lo vuelve un componente estratégico en tiempos de conflicto”.
“La producción de acero de EEUU fue crucial para la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial”, subrayó Hassett. Hoy, siguió, la sobreproducción de China, superior a la demanda global, “puede interpretarse como una preparación para un conflicto a gran escala, y su dumping en mercados internacionales tiene como objetivo cerrar industrias siderúrgicas en otros países y debilitar su capacidad de respuesta en caso de una crisis”.
Por cierto, la sobreproducción de acero chino es la principal amenaza no solo a los productores de EEUU, sino también y más aún a los de la Argentina.
El gobierno argentino apuesta a que la afinidad entre Javier Milei y Trump, que podría ratificarse la próxima semana, cuando el presidente argentino asista a otro evento conservador en Washington, sirva para acelerar los tiempos y ablandar las condiciones de un acuerdo con el FMI y apuntar a un Acuerdo de Libre Comercio con EEUU. Lo último no parece una meta sencilla.
El tema ni fue mencionado en la reunión que el canciller argentino, Gerardo Werthein, tuvo con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y apareció de refilón y negativamente cuando, en una rueda de prensa sobre la gira de Rubio por América Central, el “Enviado especial para América Latina” de la gestión trumpista, Mauricio Claver Carone señaló la necesidad de enmendar el Cafta (Acuerdo de Libre Comercio de EEUU con países de la región) “para impedir que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua siga beneficiándose de él y que la mayoría de sus exportaciones vaya a EEUU, lo que es absurdo”.
¿Fast track?
La negociación de un Acuerdo de Libre Comercio, además, requeriría que el Congreso de EEUU le dé a Trump “Autoridad de Promoción Comercial” (TPA, también conocida como “Fast-Track”), un tiempo delimitado para negociar y presentar acuerdos que los legisladores pueden aprobar o rechazar, pero no modificar.
La última autorización de ese tipo, concedida a la administración de Barack Obama en 2015, expiró en julio de 2021 y para los presidentes de EEUU suele ser una complicación política. En especial cuando, ya negociado un acuerdo, deben conseguir los votos para aprobarlo. Allí aparecen los lobbies sectoriales (productores apícolas de las Dakotas, citrícolas de Florida y California, acereras de New Jersey, Pennsylvania u Ohio, plantas de biocombustibles, entre otros, en un eventual caso argentino), presionando sobre legisladores de sus distritos, demócratas y republicanos, en defensa de intereses más concentrados y políticamente accionables que los difusos beneficios del libre comercio.
De hecho, la principal traba que los exportadores argentinos han tenido en EEUU no han sido los aranceles, sino las llamadas “barreras no arancelarias”, desde objeciones a los biocombustibles con el argumento de que las retenciones agrícolas implican un “subsidio” a su producción, las cuotas cárnicas, las alegaciones de dumping contra el maní, las objeciones a la miel, a ciertos productos de acero, a los limones por la presencia, real o supuesta, de la “mosca de la fruta”.
Por eso, como señaló Infobae, el interés de las empresas norteamericanas con presencia o intenciones de invertir en la Argentina se orienta más al de un aggiornado acuerdo de garantía de inversiones, que les brinde “seguridad jurídica” y los blinde contra eventuales cambios de normas y de políticas, un clásico de la economía argentina de las últimas décadas. Porque más que por el comercio, la relación bilateral de los próximos años estaría marcada por la inversión.
