Las jubilaciones y pensiones recibirán en marzo un aumento del 2,21%, correspondiente a la inflación de enero que informó este jueves el Indec. Sin embargo, este ajuste será menor para quienes perciben la jubilación mínima debido a la continuidad del bono de $70.000, que el Gobierno decidió no actualizar y que se mantendrá en el mismo nivel durante todo el año.
En la práctica, esto implica que los jubilados de la mínima, que perciben 5 millones de jubilados y pensionados, tendrán un aumento inferior al del resto de los haberes. Mientras que la jubilación mínima sin bono pasará de $273.086,50 a $279.124,50 en marzo, con el bono incluido, el ingreso total será de $349.124,50. Esto representa un aumento del 1,8%, por debajo del 2,21% general y muy lejos de la inflación acumulada en los últimos meses.
El mismo efecto se observa en otros beneficios previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, aumentará un 2,21%, pero con el bono congelado la suba real será del 1,7%. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), que representan el 70% de la mínima, la mejora total será del 1,6 por ciento.
La PUAM en febrero es de $218.469,20 y con el bono de $70.000 sube a $288.469,20. En marzo será del $ 223.299.50, más el bono, $ 293.299.50. Una suba del 1,7%. A su vez, las PNC, de $261.160,55 en febrero (monto más bono), pasa en marzo a $ 265.387,10, un incremento del 1,6%.
El impacto del bono congelado
El bono de hasta $70.000 viene aplicándose desde marzo de 2023 como un refuerzo para los jubilados de menores ingresos. Sin embargo, nunca fue incorporado al haber mensual ni ajustado por inflación, lo que genera una pérdida progresiva de su valor real.
Si este refuerzo se hubiese actualizado con la inflación, en marzo debería ser de $145.370. De este modo, la jubilación mínima total (haber más bono) alcanzaría los $424.464, en lugar de los $349.124,50 que efectivamente cobrarán los beneficiarios.
Además, al no formar parte del haber jubilatorio, el bono no se incorpora al cálculo del aguinaldo, lo que implica un perjuicio adicional para los jubilados que lo perciben. De haberse integrado al haber mensual, los beneficiarios habrían recibido un proporcional en junio y diciembre de 2023, lo que compensaría en parte la pérdida de poder adquisitivo.
Los aumentos nominales de los haberes previsionales han quedado rezagados frente a la inflación. Durante 2024, la jubilación mínima con bono tuvo un incremento del 105,1%, la PUAM del 99% y las PNC del 95,1%.
Sin embargo, la inflación interanual medida por el Indec fue del 117,8%, lo que implica una caída real en el poder de compra de los jubilados. Para los beneficiarios de la mínima, la pérdida fue del 5,8%, mientras que en el caso de las pensiones no contributivas, la caída llegó al 8,6%.
Algunos especialistas advierten que el dato oficial de inflación está desactualizado debido a la metodología de cálculo utilizada. Según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) 2017/18, con base en 2023, la inflación real del año pasado habría sido del 133,6%. De confirmarse este cálculo, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados podría ser aún mayor, llegando a un rango de entre 12,2% y 14,8%.
Pérdidas acumuladas
El poder adquisitivo de los jubilados ha ido cayendo en los últimos años. Durante la gestión de Mauricio Macri, las jubilaciones se ajustaban por una fórmula que combinaba inflación y salarios, lo que generó un deterioro del 19,5% en términos reales entre 2017 y 2019.
En el gobierno de Alberto Fernández, se modificó el esquema de actualización y los aumentos quedaron por debajo de la inflación en varios períodos. A finales de su mandato, el recorte acumulado en términos reales alcanzó el 22,2%.
Con la gestión de Javier Milei, el escenario se ha profundizado. La suspensión de la fórmula de movilidad y la aplicación de aumentos en base a la inflación pasada sin actualización del bono ha generado una nueva pérdida de ingresos para los jubilados.
Perspectivas para el 2025
El congelamiento del bono y la insuficiencia de los aumentos frente a la inflación afectan a casi cinco millones de jubilados y pensionados que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos básicos. La reducción del poder de compra impacta especialmente en los rubros de alimentos y medicamentos, donde los aumentos han sido incluso superiores a la inflación general.
En este contexto, los especialistas advierten que si el Gobierno mantiene la política de ajuste fiscal sin actualizar el bono o modificar el esquema de aumentos, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados continuará en los próximos meses.
Además, la postergación de una nueva fórmula de movilidad genera incertidumbre. Si no se implementa un mecanismo que garantice la actualización automática de los haberes en función de la inflación y los salarios, la situación de los jubilados podría seguir deteriorándose.
En el corto plazo, la clave estará en las decisiones que tome el Gobierno respecto al bono y a la futura movilidad jubilatoria. Si bien el oficialismo planteó la necesidad de reformar el sistema previsional, aún no hay definiciones concretas sobre los cambios que podrían implementarse.
