El municipio de San Isidro llevó a cabo una inspección este miércoles en una estación de servicio de un operador de YPF situada en la intersección de Avenida Andrés Rolón y José Ingenieros, en Beccar, tras recibir una denuncia por el cobro indebido de la Tasa por Servicio de Protección Ambiental. El tributo conocido como Tasa Vial, que implicaba un costo adicional de $6 por litro de nafta y $4 por litro de GNC, fue eliminado a partir del 1 de octubre de 2024 en todo el distrito.
La intervención a raíz de ese costo indebido derivó en una detección de irregularidades de seguridad e higiene, que fueron los detonantes de la clausura. El Gobierno nacional y algunos intendentes vienen manifestando la necesidad de eliminar los cargos en los servicios públicos, o el combustible, que no tengan contraprestación real.
Desde YPF aclararon a Infobae que se trata de un operador externo a la empresa, se suspendió el cobro de la tasa y que la clausura tuvo que ver con seguridad e higiene.
La Tasa Vial había sido impuesta en 2016 y cobrada sobre cada litro de combustible despachado en las estaciones de servicio dentro de San Isidro. Sin embargo, con la eliminación de este gravamen en octubre del año pasado, los surtidores de la ciudad debían reflejar una reducción de precio en los combustibles. No obstante, la estación de servicio inspeccionada continuó cobrando esta tasa, incumpliendo la normativa vigente.
La intervención del Municipio comenzó luego de que un vecino presentara una denuncia formal ante la Defensa del Consumidor, alertando sobre el cobro indebido. A partir de esta denuncia, las autoridades municipales elevaron el caso a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, y al área de Fiscalización y Control de San Isidro.
En respuesta, el Municipio desplegó un operativo en el que inspeccionaron las instalaciones de la estación de servicio. Durante la intervención, se constató que, además del cobro indebido de la tasa, la estación de servicio no cumplía con las normativas de seguridad e higiene necesarias para su funcionamiento. Se detectaron condiciones deficientes en el lugar, que incluían riesgos de contaminación en el área de trabajo .
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, expresó su compromiso en seguir combatiendo el cobro de impuestos injustos. “Seguimos firmes en nuestro compromiso de bajar impuestos y hacer cumplir las normas. Si ves que alguien intenta cobrar la tasa vial en San Isidro, denuncia”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.
Inspectores de Fiscalización y Control señalaron que la estación de servicio también presentó un riesgo potencial de contaminación, lo que agravó aún más la situación. Como resultado de estas irregularidades, se dispuso la clausura preventiva del establecimiento hasta que cumpla con las exigencias sanitarias y de seguridad establecidas por las autoridades municipales.
El operativo, que se realizó pasadas las 15 horas, también incluyó la suspensión inmediata del cobro de la tasa vial, que fue catalogada como un impuesto “injusto” por las autoridades locales. Fuentes del municipio informaron que la decisión de eliminar este cargo había sido una medida para aliviar la carga tributaria a los vecinos de San Isidro, quienes vieron reflejada una baja en los precios de los combustibles al eliminarse esta carga adicional. La medida tuvo como objetivo mejorar el poder adquisitivo de los residentes y disminuir la presión impositiva sobre los ciudadanos del municipio.
Guerra por las tasas
El Gobierno encontró a finales del año pasado la forma de judicializar lo que consideran un abuso por parte de muchos intendentes de todo el país, pero especialmente de los del Conurbano bonaerense, en cuanto al cobro de tasas municipales de cualquier índole, tal como había anticipado Infobae. El Ministerio de Economía presentó una demanda contra la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lomas de Zamora por el cobro de la tasa vial, un cargo que se fija sobre el precio del litro de combustible y que, según las autoridades, es ilegal.
“Presentamos la demanda a fin de año contra la Municipalidad de Lomas de Zamora y la provincia por la tasa vial, pidiendo la ilegalidad a la Corte Suprema. Y si nos dan la razón, después se puede extender a otros municipios que cobren esa tasa”, afirmó a este medio una fuente oficial al tanto del tema.
El pedido de ilegalidad está basado, según la fuente, en que la Ley de Coparticipación “claramente establece que los organismos subnacionales no pueden gravar las mismas actividades que grava el Gobierno nacional, que en este caso lo hace con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Grava un porcentaje del expendio de los combustibles líquidos y lo mismo hace la tasa vial”.
