VTV, peajes e importación particular de autos: tres medidas que el Gobierno tiene listas para anunciar

Cuando el último mes de 2024 ya había comenzado y la cuenta regresiva del primer año de gestión de Javier Milei llegaba a su fin, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dijo en algunas entrevistas televisivas que intentaría llegar antes de fin de año con una gran reforma del código de tránsito que incluía varias medidas relacionadas con los automóviles, su modo de compra y su uso en la vía pública.

El tiempo no alcanzó y estas transformaciones quedaron para 2025. Es más, algunas podrían ser anunciadas, e incluso publicadas en el Boletín Oficial para su instrumentación, en las próximas semanas. Al respecto, fuentes oficiales aseguraron “que se trabaja para que salga cuánto antes la reforma de la Ley de Tránsito”.

Los ejes de su discurso están basados en las ideas enunciadas en el DNU 70/2023, que van desde la eliminación de los Registros del automotor hasta el modo de homologar autos para poder circular por el territorio argentino. Sin embargo, hay tres puntos que podrían quedar reglamentados en las próximas semanas.

La desregulación de la Revisación Técnica Obligatoria (RTO), también llamada Verificación Técnica Vehicular (VTV) en algunas jurisdicciones como CABA y Provincia de Buenos Aires, parece ser un hecho. Lo que pretende el Gobierno es permitir que estas verificaciones obligatorias, que seguirán siéndolo por razones estrictas de seguridad en la vía pública, puedan hacerse en concesionarias oficiales y talleres particulares autorizados, es decir, los que cumplan con los requisitos técnicos a nivel de equipamiento e instalaciones que exigirá la normativa.

Actualmente, estas revisaciones se hacen en las sedes de empresas designadas por los gobiernos de cada jurisdicción, los que, además, establecen el costo del trámite. Una apertura a nuevas sedes donde hacer la VTV permitirá que los precios sean competitivos y cada empresa decida incluso ofrecerlos, por ejemplo, dentro de una promoción como la de hacer el service oficial y tener la VTV bonificada.

En el fondo del proyecto, esta reforma se complementaría idealmente con la creación de un ecosistema digital que permita registrar cada auto o motocicleta que es verificada en la nube, de modo de simplificar el actual sistema de obleas que se deben pegar en el parabrisas de los autos. La VTV terminaría siendo una documentación digital que se podría cargar, como la cédula verde o la licencia de conducir, en la plataforma Mi Argentina.

Dentro de las reformas que impulsa Sturzenegger, está la simplificación del trámite de homologación de los automóviles nuevos para poder comercializarse en Argentina, requisito que actualmente deben cumplir no sólo los importadores sino también los fabricantes. Un nuevo modelo o una renovación de uno ya existente exige que se emitan dos certificados para ser habilitados. La Licencia de Configuración Ambiental (LCA) y la Licencia de Configuración de Modelo (LCA).

La primera depende de la Subsecretaría de medio ambiente, que actualmente se encuentra en medio de un cambio de autoridades y una reevaluación de un trámite que se había simplificado y podría volver atrás: la traducción al español de la documentación original de los vehículos.

La segunda, que normalmente debía pasar por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es la que mayor avance tuvo, ya que se podría concretar una homologación “semiautomática” para aquellos vehículos que provienen de países con certificaciones internacionales reconocidas, como son Estados Unidos y la Unión Europea, mientras se intentaría establecer un mecanismo más ágil que el actual para hacer la homologación de los vehículos que proceden de otros países donde no existe esa certificación de calidad industrial.

Lo que permitiría esta reforma, más allá de una simplificación de las gestiones para las empresas automotrices e importadoras, es la habilitación para que un particular pueda comprar en el exterior un vehículo que no se vende en Argentina e importarlo para su uso personal o profesional. La única condición es que provenga desde países que tienen esa “Technical Approval” semiautomática y sólo se deba verificar en Argentina que efectivamente ese modelo corresponde a la ficha existente para poder ser utilizado en la vía pública. El ejemplo más claro es Tesla, la marca de autos eléctricos que no se venden en Argentina, pero se fabrican en Estados Unidos y Europa con certificaciones internacionales.

Los costos de importar un automóvil de modo particular, sin embargo, siguen siendo los mismos que tiene una empresa automotriz, es decir, el pago de aranceles de importación si correspondieran, de los impuestos de nacionalización, como el 3% de tasa de estadística, y el costo de flete y seguro de transporte, que es aproximadamente de unos USD 2.000 por unidad.

Este podría ser el tercer punto que el Gobierno anuncie próximamente. Aunque requiera de un tiempo razonable para su aplicación efectiva, el concepto es el de evitar que en las rutas se mantengan las estaciones de peaje actuales. Las razones son dos: el flujo de tránsito que siempre se ve afectado por el volumen de autos mayor al de la cantidad de cabinas de peaje, y la seguridad vial, que también se ve afectada por los mismos motivos, es decir, por embotellamientos de tránsito ocasionados por el “embudo” que generan las estaciones de peaje.

Lo que hay que conocer es el modo de funcionamiento del sistema, que podría copiar conceptualmente al de Uruguay, donde se emite un sticker con un código que se adhiere en el parabrisas de los autos y que actúa como identificador de cada vehículo para todo el territorio nacional. Lo mismo ocurre en la ciudad de Buenos Aires con el Telepase. También habrá que aguardar a conocer la política de inversiones que se exigirá a las rutas concesionadas.

La simplificación del trámite para la homologación de autos que puedan ingresar y transitar por todo el país es, efectivamente, una medida de alcance nacional. En cambio, tanto la VTV como los peajes automáticos, requerirán tener una adhesión de las provincias o jurisdicciones para hacerse efectivas en todo el territorio nacional.

La autonomía de las provincias les da a los gobernadores la potestad de decidir sumarse a una medida que toma el gobierno nacional o no hacerlo y mantener su actual status. En el caso de los peajes, si bien las rutas nacionales estarían alcanzadas por la decisión del gobierno, las provinciales podrían no hacerlo, salvo que en el marco de estas grandes reformas se dicte una “Emergencia Vial Nacional” que permita al Estado decretar que por el lapso de un año todas estas medidas se deben tomar obligatoriamente en todas las jurisdicciones.

El propio Sturzenegger, dijo varias veces el año pasado que “las provincias tienen que adherir a este cambio. Se pretende que la Verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso lo vamos a incluir en la Ley de Tránsito. Pero las provincias tienen que adherir a la medida para que se pueda aplicar en cada jurisdicción. Entonces vamos a ver si en la provincia de Buenos Aires adhieren a la medida”, señaló.

“Nosotros vamos a dar el paraguas jurídico para que quien no quiera hacer de eso un negocio, pueda hacerlo. Este gobierno va a dar mucha libertad, y el votante va a poder ver qué gobernador toma esa libertad para sus habitantes, y quién se las niega”, finalizó Sturzenegger.