Hasta cuánto y cómo se puede reducir la presión tributaria, según los especialistas

Un estudio del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf), que encabeza Nadin Argañaraz, economista especializado en cuestiones fiscales, estimó que “la presión tributaria efectiva nacional -entendida como la recaudación nacional en términos del PBI- cerró en 2024 con un nivel del 23% del PBI, lo cual implicaría un incremento de 0,5 puntos porcentuales del PBI respecto a 2023″. Esto, pese a que el Gobierno bajó 12 impuestos a lo largo del año.

La pregunta, dentro de ese escenario, es cuánto y cómo se puede reducir la presión tributaria a futuro. Para responder, se debe tener en cuenta primero que en el año 2025, el gasto consolidado proyectado es del 33,2% del PBI (17,33% del PBI gasto nacional, 12,94% del PBI gasto provincial y 2,9% del PBI gasto municipal) y la presión tributaria consolidada de 30,5% del PBI.

Ahora bien, según los cálculos del Iaraf, si el PBI creciera 5% en 2025 y en los años posteriores, como resultado, se alcanzaría el nivel objetivo del gasto del Pacto de Mayo en el año 2033. En este caso, el gasto público consolidado sería de 24,7% del PBI y la presión tributaria efectiva del 22,9% del PBI”, explicó Nadin Argañaraz.

En este escenario, la caída promedio anual de la presión tributaria sería de 0,94 p.p. del PBI. Una reducción de presión tributaria efectiva de 8,43 puntos porcentuales del PBI requeriría nueve años. Independientemente de cuánto crezca el PBI de forma anual, el Iaraf plantea que, a partir de 2026, en cada año se debería reducir o eliminar impuestos para que la presión tributaria efectiva descienda, ya que, si se mantiene inalterada la carga tributaria, la presión tributaria se mantendría constante en términos del PBI, generando un superávit fiscal creciente.

En el estudio del Iaraf se trabaja con los impuestos nacionales de derechos de exportación e impuesto al cheque, los impuestos provinciales de Ingresos Brutos e impuesto a los sellos y la tasa municipal de seguridad e higiene (en muchos casos actúa como el impuesto provincial a los ingresos brutos). Entre estos 5 tributos suman una presión tributaria efectiva de 8% del PBI.

“Si se piensa directamente en la eliminación de estos tributos distorsivos, se requiere que el peso relativo del gasto público consolidado disminuya unos 8 puntos porcentuales del PBI”, sostuvo Argañaraz.

“En el trabajo no se analiza una reforma tributaria tendiente a sustituir la recaudación de estos tributos por nueva recaudación originada en tributos más neutrales. Tampoco se consideran efectos positivos sobre la recaudación de una disminución de los niveles de elusión y de evasión tributarias. Solamente se analiza el financiamiento de la eliminación de estos tributos a partir de una reducción proporcional del peso relativo del gasto consolidado”, aclaró.

Si bien el descenso de la presión tributaria efectiva de 8 p.p. del PBI corresponde al consolidado de los tres niveles de gobierno, para simplificar el análisis se supone que la baja de estos impuestos distorsivos se realiza con acuerdo de los tres niveles. Esto significa que de alguna manera la baja del peso relativo del gasto se termina traduciendo en baja de la presión tributaria.

El caso a considerar tiene la siguiente secuencia de eliminación: derechos de exportación, impuesto al cheque, impuesto provincial a los ingresos brutos, impuesto provincial a los sellos y tasa municipal de seguridad e higiene (ISH). de eliminación: derechos de exportación, impuesto al cheque, impuesto provincial a los ingresos brutos, impuesto provincial a los sellos y tasa municipal de seguridad e higiene (ISH).

En el gráfico se muestra la presión tributaria efectiva de estos cinco tributos, proyectada para el año 2025. Sin embargo, resulta pertinente aclarar que, esta proyección no incorpora la reciente reducción de carga tributaria que recientemente oficializó el Gobierno Nacional para derechos de exportación, debido a que se trata de una reducción temporal de la carga tributaria.

Volviendo al ejemplo anterior, si el PBI crece a un ritmo del 5% anual, la diferencia entre la tasa de crecimiento de la recaudación real y el producto bruto interno sería la mayor, por lo tanto, ya en 2028 se lograría eliminar derechos de exportación y el impuesto al cheque. La reducción de la presión tributaria efectiva de 8 p.p. del PBI se lograría en el año 2034.

En este caso derechos de exportación sería eliminado al segundo año del ejercicio en 2027, Cheque en los dos años siguientes, ingresos brutos e impuesto a los sellos provincial al año 2033 y TISH al año 2034, de acuerdo al estudio de Argañaraz.

Tratándose 2025 de un año electoral, mantener las cuentas fiscales en orden resulta desafiante, especialmente en las provincias, dado que, como la baja en la tasa de inflación nos les genera rédito político directo, estarán interesadas en aumentar la inversión pública o el gasto en personal en un año electoral. Por tal razón y por las cuentas pendientes existentes en materia de competitividad, desde el Ieral (Fundación Mediterránea) entienden que se necesita urgente un nuevo Pacto Fiscal entre Nación y Provincias que le ponga un techo al aumento del gasto en ambos niveles de gobierno en 2025, e inclusive por el resto de la actual administración, y asigne el excedente fiscal a la reducción de los impuestos más perjudiciales para el crecimiento económico. En años subsiguientes, el objetivo debería ser también la creación de un fondo anticíclico.

¿Qué margen para bajar impuestos tienen ambos niveles de gobierno si sus erogaciones aumentan no más que la inflación en 2025? “Partiendo del superávit alcanzado en 2024, dado que este año se espera una recuperación de la actividad económica, y con ello un aumento de la recaudación por arriba de la inflación, si el gasto no sube más que el IPC, el superávit fiscal se incrementaría en 2025 y así la posibilidad de bajar impuestos. Lo anterior, resulta adicional a la posibilidad de sustituir impuestos malos, como Ingresos Brutos, por otros más neutrales, como IVA o Ventas Minoristas, sin perder recaudación con la reforma”, analizaron los economistas Marcelo Capello y Nicolás Campoli.

Para responder esa pregunta, el Ieral realizó un ejercicio en el que se prevé que el PIB e inflación promedio resulten los esperados por el gobierno nacional en 2025 (suba del PIB del 5% e inflación promedio del 35,6%, o del 18% si se mide dic/dic), e inicialmente se supone “como si” el impuesto PAÍS y los Derechos de Exportación (DEX) se mantuvieran en 2025 como era su situación a fines de 2024. Finalmente, se considera que el gobierno nacional termina el año 2025 con equilibrio financiero, mientras que el consolidado de provincias más CABA finalizan el año con un superávit financiero equivalente a la mitad del que podrían obtener en 2025 sin bajar impuestos.

Con los supuestos consignados, la recaudación nacional podría aumentar un 44,6% en 2025, versus una inflación promedio del 35,6%. Con la regla fiscal propuesta, el gasto total no debería aumentar más que la inflación, lo cual implicaría una suba del 51,3% en el gasto que aumenta automáticamente con el IPC y del 28,4% en el resto de las erogaciones (variación real del 11,6% y -5,3%, respectivamente).

“Así las cosas, en 2025 el superávit financiero nacional aumentaría a 1,3% del PIB, que estaría disponible para bajar impuestos. Dado que para 2025 ya están vigentes la eliminación de PAIS y una baja parcial y transitoria de DEX, que insume 0,8% del PIB, con los supuestos planteados quedaría la posibilidad de una reducción adicional de impuestos por 0,5% del PIB, que permitiría disminuir, por ejemplo, un 19% de los DEX y del impuesto a los débitos y créditos bancarios (IDCB)”, sostuvieron los analistas.

En cambio, si no se estuviera dispuesto a una nueva caída real en las erogaciones no automáticas en 2025 (gasto en personal, subsidios en energía y transporte, algunos planes sociales, inversión pública, transferencias discrecionales a provincias), en este escenario se eliminaría la posibilidad de aprobar nuevas reducciones de impuestos nacionales en 2025, además de lo ya ocurrido para PAIS y DEX.

Con relación a las provincias, se estima que sus ingresos totales podrían aumentar un 42,1% nominal durante 2025, de modo que, si sus erogaciones aumentaran no más que la inflación este año (35,6%), alcanzarían un superávit financiero del 1,9% del PIB. Si dedicasen la mitad del excedente a bajar impuestos (0,97% del PIB), podrían reducir en forma hasta un 22% el impuesto sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.

“Resulta claro, con dichas estimaciones, que si bien no resulta política ni socialmente posible ajustar el gasto nacional y provincial en 2025 como ya ocurrió con el shock de 2024, sí podría aplicarse una nueva regla fiscal acordada por ambos niveles de gobierno (y provincias sumando a sus municipios) para que desde 2025 y hasta 2027, el gasto público no aumente más que la inflación. Si en ese lapso la economía crece, esta estrategia liberaría todos los años recursos para bajar impuestos distorsivos y, además, conformar un fondo anticíclico”, cerraron los expertos.