Como parte del plan de privatización de las concesiones de la denominada “Ruta del Mercosur”, el Gobierno convocó a través de Boletín Oficial a audiencias públicas con el objetivo de dar a conocer las condiciones preliminares de los pliegos con los que se licitarán los 677 kilómetros que conforman el tramo estratégico para el comercio exterior de la Argentina.
Lo hizo bajo la Resolución 104/2025. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), “encargada del estudio, construcción, conservación mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias”, detalló cuáles serán las fechas en las que se llevarán a cabo las audiencias, que desde un principio estuvieron pautadas para fines de febrero. Por tratarse de la autoridad convocante, tendrá a cargo las “decisiones relativas al objeto de la audiencia pública”.
Se trata del paso previo para la privatización de los tramos que integran el actual Corredor Vial N° 18 y la eventual incorporación de nuevos espacios. Dentro del texto se distinguen dos procesos que conforman la primera etapa del proyecto denominado “Red Federal de Concesiones”.
Por un lado, el Tramo Oriental, que integra las Rutas Nacionales 12 y 14; la RN 135, A-015 y la N° 117. En tanto, el segundo trayecto, titulado Conexión, comprende la Ruta Nacional 174 que une las ciudades de Rosario-Santa Fe y Victoria-Entre Ríos; cruzando el Río Paraná mediante el puente Rosario- Victoria
La audiencia para el primer segmento quedó establecida para el 25 de febrero, en Gualeguaychú; mientras que el 27 del mismo mes será la otra convocatoria, en Victoria.
Cada uno de los participantes interesados deberá presentar la documentación relacionada con el objeto de las audiencias y el organismo actuante elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario.
Habiendo transcurrido la primera parte, se realizará un segundo llamado de participación mucho más ambicioso. Se trata de un tramo que incluye las concesiones de 8.470 kilómetros gestionadas actualmente por Corredores Viales. Al igual que la primera etapa, se incluirá la concesión por peaje de ciertos tramos de la red vial nacional para su construcción, explotación, mantenimiento y ampliación, con el propósito de mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad vial.
Durante las audiencias, organizadas e implementadas por la Gerencia Ejecutiva de Comunicación, Prensa y Relaciones Institucionales, los licitantes podrán expresar opiniones, presentar propuestas y discutir documentos relacionados con el proyecto. Aunque estas manifestaciones no tienen carácter vinculante, la DNV está obligada a considerarlas y fundamentar cualquier desestimación que realice.
Las personas interesadas en consultar los antecedentes del proyecto tendrán acceso a través del Sistema de Trámite a Distancia (TAD) de la DNV, donde podrán revisar los expedientes relacionados. Asimismo, el orden del día de las audiencias estará disponible en el sitio web oficial con 24 horas de antelación a su realización, incluyendo la lista de participantes y el tiempo asignado para cada exposición.
Finalmente, la resolución establece que, dentro de los diez días posteriores a la finalización de las audiencias, deberá elaborarse un informe final que será publicado conforme a la normativa vigente. La DNV, a su vez, adoptará una resolución sobre el proyecto dentro de los treinta días posteriores a la recepción del informe.
Según estimaciones oficiales, el Estado prevé un ahorro de aproximadamente USD 6.100 millones en un plazo de entre 15 y 20 años gracias al esquema de concesiones de rutas. El proyecto abarca 9.145 kilómetros, los cuales representan el 20 % de la red vial nacional, pero concentran el 80 % del tránsito.
El rol de Vialidad Nacional será central en este proceso, actuando como ente de control encargado de auditar el estado de las rutas. A través de inspecciones regulares, se supervisará que las concesionarias cumplan con los estándares de calidad y mantenimiento. Entre los parámetros evaluados se encuentran el estado de las calzadas, la señalización y otros aspectos esenciales para garantizar la seguridad y la transitabilidad.