Según un estudio, Córdoba hizo un ajuste fiscal más grande que Nación y quedó más cerca de cumplir el “Pacto de Mayo”

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) destacó la magnitud y la calidad del ajuste fiscal que hizo el gobierno provincial de Córdoba y le comparó con el realizado por el gobierno nacional.

El economista Nadin Argañaraz, presidente del Iaraf, subrayó que según el informe de la institución, la provincia gobernada por el peronista Martín Llaryora, alineado con el sector del exgobernador y candidato presidencial Juan Schiaretti, redujo su gasto público consolidado al 28,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG, cálculo asimilable a lo que a nivel nacional es el PBI), acercándose notablemente al objetivo establecido en el tercer punto del “Pacto de Mayo”, por el cual el gobierno nacional y las provincias firmantes suscribieron la meta de reducir el gasto público en sus distritos “a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”.

“El gasto público consolidado argentino cerró 2024 en el 33,5% del PBI, marcando una caída de 7,2 puntos porcentuales respecto al 40,7% registrado en 2023. A pesar de este avance, aún restan 8,5 puntos porcentuales para alcanzar la meta”, explicó Argañaraz.

Tanto la magnitud del ajuste fiscal como, más aún, el acercamiento hacia la meta establecida en el Pacto de Mayo fueron mucho más importantes en Córdoba que en Nación.

En relación a la estructura del gasto en Córdoba, el 46% estaría explicado por el gasto nacional (12,8% del PBG), otro 42% por el gasto provincial (11,7% del PBG) y el 12% restante por el gasto municipal (3,6% del PBI). En el país, las participaciones son: Nación 53%, Provincias 39% y municipios 8 por ciento, señaló Argañaraz.

Otro punto de interés es el análisis de la reducción del peso del gasto público de Córdoba en 2024 respecto a 2023: pasó del 35,9% del PBI en 2023 al 28,1% del PBI en 2024, registrando una caída de 7,8 puntos porcentuales del PBI. El 47% de la caída es explicada por la reducción del gasto nacional en Córdoba, el 40% por la reducción del gasto provincial y el 13% restante por la reducción del gasto municipal.

Este comportamiento determinó una reducción superior del peso del gasto en Córdoba (7,8 puntos porcentuales del PBG) que del peso del gasto consolidado argentino (7,2 puntos porcentuales del PBI).

La administración Llaryora, destacó Argañaraz, hizo un ajuste superior al promedio nacional y logró reducir el peso del gasto provincial al 28,1% de su PBB, “posicionándolo más cerca del objetivo nacional”, destacó Argañaraz.

Según los datos del estudio, en Córdoba el 46% del gasto público es financiado por ingresos de origen nacional, el 42% por la provincia y el 12% por los municipios. En el promedio nacional, estos valores marcan que el 53% de los gastos provinciales son financiados por ingresos de origen nacional, 39% por recaudación propia de las provincias y 8% por ingresos municipales.

“La mayor participación del gasto provincial en Córdoba otorga un margen más amplio para implementar ajustes sin depender exclusivamente de transferencias nacionales” reconoció el titular del Iaraf.

El desafío de cumplir con el tercer punto del Pacto de Mayo, explicó Argañaraz, es mayor para las jurisdicciones cuyo gasto público supera el promedio. “No todas las provincias están en la misma situación fiscal. Córdoba, con un gasto consolidado del 28%, ya está cerca del objetivo, pero hay otras jurisdicciones con un peso relativo del gasto público mucho mayor”, afirmó.

Cabe destacar que existe un “Consejo de Mayo”, encargado de supervisar las metas del acuerdo firmado finalmente el 9 de Julio pasado en Tucumán. “Habrá que analizar qué lineamientos y políticas se adoptan para equilibrar los esfuerzos entre las provincias, asegurando que el ajuste sea sostenible”, dijo Argañaraz.

Según el análisis del Iaraf, Córdoba avanzó en la reducción de su gasto público en 2024 mientras mantuvo la inversión en obra pública, un aspecto clave para cumplir con los objetivos trazados en el acuerdo fiscal. “El éxito de Córdoba radica en su capacidad para implementar ajustes significativos mientras sostiene la obra pública”, concluyó Argañaraz.

Cabe acotar que entre otros puntos del Pacto de Mayo relacionados con los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las Provincias, el quinto apunta a “una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio” y el sexto compromete a los firmantes a “la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias”, que a su vez en el séptimo se comprometen a “avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.