El gobierno avanzará en las próximas semanas en las audiencias públicas correspondientes a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para las empresas prestadoras del servicio público de distribución y transporte, tanto de luz como de gas. Será la primera desde 2016, ya que las RQT fueron postergadas en el marco de las sucesivas crisis de los últimos años. Allí se definirán los aumentos en las tarifas desde 2025 hasta 2029, los mecanismos de indexación y los planes de inversión de las compañías para mejorar las redes.
Los servicios de energía se dividen en tres tramos. El primero es la generación, donde el Estado tiene la posibilidad de regular los precios a través de subsidios. Luego está el transporte de la energía y la distribución de la misma hacia los diferentes usuarios, ese segmento no incluye subvenciones pero sí depende de la autorización de los gobiernos para aplicar incrementos.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó esta mañana la convocatoria a audiencia pública para las empresas transportistas de electricidad de todo el país para el próximo 5 de noviembre a las 8.30, que será realizada a través de una plataforma virtual y transmitida por streaming, mientras que en los próximos días serán llamadas las distribuidoras. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hará lo propio en las próximas semanas.
La RQT servirá para determinar las tarifas que tendrán vigencia entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2029, por lo que se esperan incrementos nominales en esos servicios además de algún mecanismo de actualización por inflación y/o devaluación del tipo de cambio oficial.
De allí saldrá la remuneración que percibirán las empresas de transporte y de distribución. La contrapartida será la presentación de planes de inversiones para mejorar las redes de los servicios que en el caso de la electricidad obligó al gobierno a lanzar un plan de emergencia para mitigar el riesgo de cortes masivos durante los próximos veranos.
En cuanto al componente de generación en las tarifas, el ministro de Economía, Luis Caputo, espera realizar en 2025 un ajuste en los subsidios a la electricidad y el gas equivalente a USD 3.225 millones, según se desprende de un análisis de la consultora Economía y Energía sobre el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo.
La proyección de gastos presentada por el gobierno prevé para el año que viene un recorte de 47% en las transferencias corrientes con destino a la energía. La baja para esa partida pasaría de USD 6.858 millones en 2024, cerca del 1% del PBI, a USD 3.633 millones, en torno a 0,5 puntos del PBI. De todos modos, el objetivo principal del gobierno continúa puesto en profundizar la desaceleración de la inflación y evitar un crecimiento del malestar social.
La canasta de servicios públicos de luz, gas, agua y transporte de un hogar promedio en el AMBA sin subsidios alcanzó en septiembre los $141.543, lo que implica una baja del 2% mensual debido a un menor consumo energético según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP, (UBA-CONICET). Sin embargo, esa familia requería $30.105 en diciembre para cubrir esos mismos gastos, un salto del 370% en nueve meses, casi cuatro veces más que la inflación acumulada del 95% hasta agosto.
Por servicios, la tarifa de electricidad promedia los $32.202; la de gas natural, $28.342; agua, $24.762; y gasto en transporte, $56.228 por mes. El incremento más importante fue en la factura de gas natural con un aumento del 898% respecto de diciembre de 2023, debido tanto a los aumentos tarifarios como a los incrementos del consumo estacional invernal. El gasto en energía eléctrica aumentó 156% mientras que los servicios públicos que no dependen de factores estacionales muestran un aumento del 601% para el transporte y del 271% para el agua.
No es casualidad que desde que asumió Javier Milei, hay 852.677 hogares más que reciben subsidios a la electricidad y, de esos, 111.114 también en gas natural, tal como publicó Infobae en base a información oficial a la que tuvo acceso en exclusiva. Las provincias en las que más creció la cantidad de beneficiarios son aquellas en las que más subió la pobreza: Corrientes, Formosa, Catamarca, Chaco y Córdoba.
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