La maldita herencia del default no se termina nunca: la justicia de Nueva York ordenó pagos y embargos a la Argentina por la cesación de pagos del 2001.
En particular, la jueza Loretta Preska le ordenó al Gobierno pagarle a los fondos de inversión Bybrook, Hazalton y White Hawthorne un total 138,3 millones de dólares, según informó el analista financiero Sebastián Maril.
“Siete fondos buscan cobrar USD 400 millones en sentencias firmes mediante embargos aprobados por la Juez Preska”, indicó Maril, director de Latam Advisors.
Es que además de la orden de pago a esos tres fondos, Preska también dispuso el embargo de fondos de la Argentina que están en la Reserva Federal de Nueva York como garantía colateral de los bonos Brady que emitió el país en la década del 90. En este caso, explicó Maril a Infobae, la orden de embargo beneficia al fondo Atestor, que ya tenía una sentencia favorable emitida por el juez Thomas Griesa, que falleció.
“Preska autorizó el embargo de USD 96,8 millones para Attestor de las garantías del Brady que están en la Fed. La Argentina reestructuró toda la deuda del Brady menos USD 80 millones que vencen el 31 de marzo de este año y que valen USD 300 millones a valor de mercado”, precisó Maril.
Tanto Attestor como Bainbridge, otro fondo que tiene un fallo favorable firme, compiten por estos escasos recursos comerciales del país en el exterior, aunque el Estado sostiene que no son embargables porque están protegidos por ley FSIA que cubre a los activos diplomáticos.
Al respecto, Maril recordó que tanto la primera como la segunda instancia en EEUU ya falló en contra de la Argentina en numerosas oportunidades al determinar que los bonos son activos comerciales y, por lo tanto, pueden ser embargados. De este modo, advirtió, aunque el Estado apele a través de sus estudios jurídicos en el exterior, es probable que llegue al mismo resultado adverso y deba enfrentar alguna solución a fin de marzo, cuando tenga que pagar intereses por esos bonos Brady por 77 millones de dólares.
El 10 de marzo de 1989, Nicholas Brady, secretario del Tesoro de EEUU, lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default de la década del 80, cuyos acreedores eran los bancos comerciales y pasaron a ser cientos de miles de bonistas en todo el mundo. La Argentina se sumó a este plan el 6 de diciembre de 1992 y cuatro meses más tarde se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos títulos de deuda pública.
“O entra en default o paga con reservas del Banco Central. Los problemas hay que solucionarlos: ni Macri ni Alberto los terminaron de solucionar y por eso crecen, como crecen los intereses por las deudas impagas”, sostuvo el experto.
Se trata de deuda que entró en default a fines del 2001 con la cesación de pagos declarada por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saa en la explosión de la convertibilidad y que no fue reestructurada en los canjes del 2005 y 2010. Tampoco aceptaron el acuerdo del 2016 formulado por Macri ni el canje del 2020 llevado adelante por este gobierno.
Compromiso con el FMI
En total, según Maril, “hay sentencias con diversos niveles de avance que ordenan el pago de unos USD 905 millones a los bonistas que no reestructurar, en diferentes cortes. Es un tema que el próximo gobierno, si no quiere que el problema y los intereses a pagar sigan creciendo, debería solucionar”. Dado que la Argentina se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a volver al mercado voluntario de deuda en 2025, esta premisa de Maril debería cumplirse antes, sobre todo porque USD 905 millones no suena una suma relevante si se aplica una fórmula de pago con bonos de largo plazo y una tasa de descuento que sea aceptada por los acreedores para evitar nuevos dolores de cabeza en la justicia de Estados Unidos.
Cabe recordar que, en paralelo, también se llevan adelante juicios en Nueva York por la manipulación de los datos del Indec y por la estatización de YPF, entre otros, que pueden sumar más pasivos para el próximo gobierno que asuma en diciembre de este año.
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