Las demandas que presentaron dos grupos de bonistas ante la justicia neoyorquina buscan acorralar a la provincia de Buenos Aires para que mejore la propuesta presentada para salir del default, que arrastra desde abril del año pasado. La misma estrategia siguieron los acreedores con Entre Ríos y a las pocas semanas obtuvieron una nueva oferta que permitió cerrar la reestructuración. Pero con el gobierno bonaerense la situación luce bastante más compleja.
Según detalló Sebastián Maril, director de Research for Traders, sendas presentaciones ante la justicia neoyorkina “suman un total de tenencias por USD 2.100 millones, lo que representa un 29% del total a reestructurar”.
La capacidad de daño de los acreedores, sin embargo, es muy limitada. La causa judicial podría llevar varios años y es nula la posibilidad de embargo de bienes bonaerenses, al menos hasta que se llegue a una sentencia definitiva. Pero no hay otro peligro que acelere los tiempos, más allá del propio interés que pueda tener el propio gobernador, Axel Kicillof, para salir de la cesación de pagos y tratar de recuperar el acceso a los mercados.
El Grupo Ad Hoc indicó que la provincia “debe entablar negociaciones significativas y de buena fe si realmente busca llegar a una solución consensuada”. Enseguida detallaron que los bonistas tienen la intención de proseguir con los procedimientos legales, pero al mismo tiempo siguen “abiertos a considerar propuestas de la provincia que reflejen fielmente la realidad de la situación financiera y económica”.
Desde la provincia indican que las exigencias que hasta ahora presentaron los acreedores son inadmisibles, aunque hace meses que no hay ofertas concretas para llegar a un acuerdo. El viernes vence la nueva prórroga para llegar a un acuerdo pero está claro que no hubo avances, por lo que se viene otra postergación.
Según señaló el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, los bonistas demandan cupones superiores a 7,5% como fruto de la futura renegociación. Sin embargo, la provincia estaría dispuesto a pagar sólo 4% anual en dólares. Según señala Maril, el promedio de renegociación de las provincias arrojó nuevos cupones de 6% anual en dólares, es decir que se encontraría sustancialmente por debajo a otras reestructuraciones.
“Desde abril del año pasado, la provincia no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por entablar negociaciones de buena fe con el Grupo Ad Hoc a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable y consensuada, a pesar de varios intentos de entablar discusiones de parte del Grupo y sus asesores”, agregaron los acreedores que decidieron ir a litigio.
Según trascendió, hubo “negociaciones restringidas” con uno de los acreedores principales, GoldenTree Asset Management. “Los términos de la reestructuración que la Provincia discutió con GoldenTree, y que se hicieron públicos el 21 de marzo, fueron rechazados por GoldenTree y el Comité Directivo y permanecen muy alejados –agregaron- de los términos que los bonistas internacionales de la Provincia considerarían aceptables”.
Los bonistas que optaron por litigar indicaron en un comunicado que “las acciones hablan más que las palabras y es lamentable que el liderazgo provincial haya optado por seguir un curso de confrontación e incumplimiento con sus tenedores de bonos internacionales en lugar de un camino de negociación y compromiso”.
Además, resaltaron que ocho provincias ya consiguieron renegociar exitosamente sus deudas, aún en un contexto tan complicado para la economía argentina en medio de la pandemia.
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