La siguiente historia se podría denominar “Adiós default, ¿hola default?”. La trama consiste en que el gobierno de Cambiemos está a punto de cerrar en forma definitiva el default del 2001, antes de que se desate la nueva renegociación de la deuda en el mandato de Alberto Fernández.
En la última semana, el Ministerio de Hacienda y Finanzas logró cerrar siete demandas judiciales, según indicaron fuentes oficiales a Infobae. La clave fue convencer a los abogados de estos bonistas de que los títulos por los que reclamaban ya habían perdido vigencia.
Quedan unos 28 casos para finalizar todas las disputas; cabe aclarar que, de este remanente, posiblemente una buena parte nunca se presente a reclamar ante el Estado, dado que sus tenedores o fallecieron o los títulos originales se perdieron.
El ministro Lacunza quiere terminar con todos los casos del largo default que se inició en 2001
De este modo, sobre los USD 94.300 millones que el gobierno de Kirchner ofreció renegociar hace 16 años en Dubai, apenas quedan por pagar unos 350 millones de dólares.
Esta incluye unos 60 millones de euros de bonistas alemanes, 150 millones de dólares bajo ley de Nueva York y 80 millones de dólares bajo ley argentina.
En el canje del 2005 la aceptación fue del 76% –y el 24% restante constituyó el mayor número de holdouts en una reestructuración soberana–, en 2010 subió al 92% y desde 2016 fue creciendo hasta superar el 99 por ciento actual.
Adiós al Special Master
En este último tramo fue clave el rol del Special Master Dan Pollack, que falleció días atrás, para convencer a los fondos de inversión más agresivos de las ventajas de la propuesta del ministro Alfonso Prat Gay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo.
Ahora, la intención del equipo del ministro Hernán Lacunza es dejar este problema solucionado antes del 10 de diciembre, antes de que comience la nueva batalla con los acreedores privados por unos USD 100 mil millones que habrá que reestucturar.
Ya no hay espacio para nuevas demandas respecto de la última reestructuración, pero los bonistas esperan que el nuevo gobierno plantee una estrategia de mayor confrontación y eso, inevitablemente, llevará a una mayor conflictividad en los tribunales (Maril)
Hasta ahora, como indicó el potencial ministro Guillermo Nielsen en las redes sociales, no hay una propuesta cerrada, aunque la mayoría de los bancos de inversión han acercado sus ideas a los futuros funcionarios a la espera de que se defina el esquema oficial de la negociación.
Por su parte, el economista argentino Martín Guzmán, que trabaja con el premio Nobel Joseph Stiglitz, propuso anteayer un esquema con dos años de gracia, sin pagar ni capital ni intereses, aunque, a la vez, curiosamente lo denominó “amigable”.
A su vez, un grupo de fondos de inversión de Nueva York comenzó a dialogar con un estudio jurídico que lideró la estrategia del holdout Elliot contra la Argentina, para preparar futuros reclamos.
Cabe recordar que, por los cupones ligados al PBI –una idea surgida con el canje del 2005 que no logró atraer inversores– ya se presentaron siete fondos en los tribunales de Manhattan.
Un panorama conflictivo
El analista Sebastián Maril, de Research for Traders, dijo a Infobae que “ya no hay espacio para nuevas demandas respecto de la última reestructuración, pero los bonistas esperan que el nuevo gobierno plantee una estrategia de mayor confrontación y eso, inevitablemente, llevará a una mayor conflictividad en los tribunales”.
Para Maril, experto en temas de deuda, “la renegociación que se viene enfrentará cuatro cuestiones complejas, en simultáneo: bonos denominados en diferentes monedas, bajo distintas leyes, con diferentes cláusulas de acción colectivas y, en un hecho inédito, títulos que ya fueron reestructurados una vez y ahora volverán a sufrir otra quita”.
Como otros analistas, Maril también cree que el monto de la quita no es tan relevante para los acreedores como el camino para recuperar el superávit fiscal.
En este sentido, un ejecutivo del sistema financiero que prefirió opinar en forma anónima advirtió: “Buena parte de las chances del triunfo del nuevo gobierno en las elecciones legislativas del 2021 se juegan en el éxito del acuerdo por la deuda, dado que, si no consigue recursos del mercado con cierta rapidez, es muy difícil pensar que la economía pueda volver a crecer”.
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